lunes, 13 de diciembre de 2010

Señales a Futuro

    
A esta altura parece difícil negar que exista una baja en la evaluación popular sobre el gobierno. Veamos algunos números. Las únicas dos encuestadoras que presentan datos a noviembre son Factum y Cifra. Para Factum existe una caída de la imagen positiva del gobierno, que pasó de un 72% al 59% entre agosto y noviembre, y un aumento de la negativa que trepó del 9% al 23% en ese lapso. A su vez, Cifra señala que la imagen positiva del gobierno también muestra una caída, pasó de 66% a 58% de abril a noviembre, y un aumento de la negativa, del 6% al 18% en el período. De esta forma, ambas consultoras muestran comportamientos similares, aunque las variaciones son menores para Cifra que las señaladas por Factum.


Si bien la caída estaría relacionada fuertemente con los votantes de los partidos tradicionales, la misma es el primer indicador sobre que algo está pasando. No obstante, lo que está más en entredicho son las razones. Existen aquellos que se basan en el fin de la “luna de miel” del novel gobernante para restar trascendencia al asunto. Sin embargo, en corrillos de ministerios, entes, sedes partidarias, la academia y hasta en la propia calle, se escuchan otras apuestas que explican la situación en virtud de las propias acciones, o inacciones, del gobierno. 
           
El primer problema que aparece en la mayoría de los análisis de entendidos y ciudadanos es la sobreexposición del Presidente. A diferencia de su antecesor, Mujica decidió realizar columnas semanales en radio, como lo hacen otros mandatarios de la región. En la misma, una vez sí y otra también, el mandatario utiliza el micrófono para opinar, informar, criticar, proclamar, etc.. No obstante, como si eso le fuera poco, no pierde oportunidad de hablar en actos, homenajes o premiaciones, ya sea en el estrado o para la prensa. Es un razonamiento en voz alta constante que no permite discernir entre deseos y acciones. Para colmo, las medidas de gobierno muchas veces se han dado de lleno contra sus manifestaciones. En esos momentos, en que se hace patente la contradicción, el Presidente ha marcado su disconformidad con la realidad del hacer. Y eso la ciudadanía lo siente y traduce, tarde o temprano, en esa “sensación térmica” que se vive.
           
Más allá de los dichos del Presidente, existen otras declaraciones que complicaron. Altos funcionarios de gobierno han salido a la prensa con declaraciones que han desarmado tanto la estrategia del FA como del propio gobierno. Desde el Canciller Almagro, con la “ilegalización” de la Caducidad, al Secretario de Presidencia Breccia, con la minoridad infractora, sus declaraciones crearon problemas dentro de la fuerza política que sólo se descomprimieron cuando Mujica se distanció de las opiniones de sus colaboradores. Eso con Vázquez no pasaba.


A diferencia de Mujica, el ex-presidente mostraba un mayor liderazgo dentro del FA. No existían declaraciones oficiales sin la “bendición” de Vázquez. El ex-mandatario era mucho más de delegar las acciones concretas pero mantener el control único sobre las decisiones. A su vez, si bien el “Pepe” está detrás de todo lo que hace al gobierno, no parece tener en sus manos el control de su gobierno. Desde los noventa, su época de Intendente, el oncólogo acuño la frase “acatan o se van”. El  ex–Edil Zabalza, ex tupamaro, fue por aquél tiempo la primera baja de su férreo liderazgo. Sin embargo, hoy en día, tres senadores se rebelaron, frente a la “Ilegalización” de la Ley de Caducidad, dejando al gobierno de Mújica y al FA con las “ruedas hacia arriba”. Eso tampoco pasaba con Vázquez.
           
Las posturas del Partido Comunista son otro buen ejemplo de las diferencias entre las administraciones del FA. La alianza entre el PC y el MPP aseguraron la candidatura oficial de Mujica por el FA y la posterior victoria en la interna, contra el, ahora Vicepresidente, Cdor. Astori que era el preferido de Vázquez. Sin embargo, el grupo liderado por el Senador Lorier es el mayor crítico de la administración Mujica. Al punto de hablar de “desilusión”. Si bien el PC fue siempre muy crítico con el dúo Vázquez-Astori, acusándolos de continuar con el modelo económico de los gobiernos “blanquicolorados”, nunca utilizo tan grueso calibre contra el anterior gobierno.


Es notorio que el peso del PC es muy bajo en el Parlamento. No obstante, el mismo se hace sentir tanto en las cúpulas sindicales como en los órganos de gobierno de la fuerza política. Y en ellos ha declarado la guerra al gobierno. La conflictividad laboral que se vive hoy en día tiene base en la alianza entre comunistas y radicales. La misma ha llevado a que sectores como la banca o los funcionarios de la administración central, se hayan lanzado a una guerra sin cuartel contra el gobierno. Lo más paradójico es que el gobierno no ha podido sacar ningún rédito de la misma. Si bien para la mayoría de la ciudadanía las acciones de esos sindicatos son percibidas como injustificadas, por la buena situación que gozan esos trabajadores, la inacción del gobierno ante las mismas recibe peores calificativos. Hasta la IMM, con Intendente comunista al frente, está sufriendo la conflictividad en carne propia. Así, ADEOM también termina complicando al gobierno nacional al tapizar la capital de basura.


Ante tal escenario de tensión entre los sindicatos y el gobierno es que vuelve a escena Vázquez. Sin confirmar o desmentir pretensiones para 2014, Tabaré salió al salvataje. El ex–mandatario no salió en defensa de su amigo y colaborador el Dr. Fernández, por la derogación del Art. 76 de la Ley 2230 y la causa de los Peirano, ni de su Vicepresidente, el Senador Nin, en virtud del pedido de desafuero por “errores” en sus declaraciones juradas patrimoniales, pero si lo hizo por el gobierno actual. Una frase explica su preocupación: “…si falta la unidad, vamos a perder las posiciones que hemos ganado…”. Aunque los entendidos piensen que aún no está en juego el 2014, Vázquez no quiere ser sorprendido y pone su liderazgo en juego apoyando a Mujica. Al mismo tiempo Mujica se pregunta “están o no con el gobierno”.


A esta altura algún extranjero podría pensar que la oposición está en la situación soñada. Sin embargo, no se sabe bien si es por dificultades propias o por las circunstancias económicas, la oposición no logra aprovechar la oportunidad. Luego de una “luna de miel” política, propiciada por su incorporación a los organismos públicos, cada sector de la oposición ha desarrollado una estrategia diferente con la proa claramente enfilada hacia el ciclo electoral de 2014.


El Senador Larrañaga, líder de Alianza Nacional, ha tomado el lugar del “facilitador” en relación con el gobierno. A partir de una relación personal privilegiada con el Presidente, y a través de votar algunas iniciativas del mismo, se planta, y a su sector, como el más cercano al FA. Ya concluido el proceso electoral 2009-2010, él mismo había declarado que lo mejor para el Partido Nacional era no confrontar con el gobierno. Así, el líder parlamentario nacionalista busca volcar la interna a su favor en 2014 dándole una impronta “wilsonista” a su accionar. A tal punto se ha llevado adelante la estrategia, que Larrañaga y Mujica llegaron a negociar que respuesta dar a la iniciativa de reforma constitucional colorada sobre minoridad. La proximidad con el FA habrá que ver si le permite robar votos a la izquierda y mantener una aparente ventaja en la interna durante el resto del período pre-electoral.


A su vez, el Senador Lacalle ha sufrido el desgaste de la autocrítica blanca luego de la derrota en el Ballotage 2009. Sin embargo, la clave de la interna blanca parece seguir siendo cuál será su actitud frente al 2014. Dirigentes del propio Herrerismo, de cara a las elecciones de 2009, no fueron capaces de reemplazarlo y tuvieron que aceptar la vigencia de su liderazgo. En una reciente entrevista afirmó que no volvería a ser candidato, pero al final era "una broma". Según la última encuesta de Equipos Mori, Lacalle y Larrañaga dominan la interna blanca, con 26% y 31% de simpatía respectivamente. No obstante, la falta de espacio político, entre el Senador Bordaberry y Larrañaga, parece ponerlo en problemas ya que no logra pesar en la escena política.


Al mismo tiempo, con la seguridad de ser mayoría en el Partido Colorado, Bordaberry ha desarrollado su estrategia hacia 2014 con la idea de asegurarse el cupo opositor en la contienda. Entendiendo que comparte más votantes con el Senador Lacalle que con Larrañaga, ha decidido acercarse al “votante herrerista” y confrontar con el gobierno. Su estrategia se mueve entre calificar de “manso corderito” a Larrañaga hasta concluir que “al final Lacalle tenía razón”. Sus iniciativas en materia de seguridad han demostrado su poder para marcar la agenda y eso tuvo repercusiones en la ciudadanía. La última encuesta de Equipos Mori daría la razón a Bordaberry, sería hoy el dirigente opositor mejor valorado con un 35% de simpatía entre la ciudadanía, en su ambición de convertirse en el candidato principal del arco opositor. Sin rivales a la interna y con críticas acidas sobre su liderazgo habrá que ver si le es posible consolidar su posicionamiento en los próximos 4 años.


Para cerrar el año, y dejar la escena más complicada a futuro, la última acción del Presidente ha sido variar su relación con la oposición. Como resultado de la discusión del Presupuesto, la “Ilegalización” de la Caducidad, la inseguridad, el secreto bancario o la conflictividad laboral, la relación gobierno-oposición ha sufrido un cambio drástico. Así, Mujica pasó de ofrecer la "participación sin condiciones" en su gobierno, a sostener que la oposición "…parecería que adora que venga la crisis…".


Si bien “aún falta mucha tela por cortar”, la escena política parece estar montada de cara al futuro. Sólo el tiempo dirá si las tácticas elegidas serán tan útiles en el largo plazo como creen los actores que lo son en el corto. Y esperemos que no se hayan olvidado que el fin de todo el juego sigue siendo el bienestar de los uruguayos.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Entre la "Riesgofobia" y la "Riesgofilia"





En la última semana he leído varias notas, en diversos medios, que hablan largo y tendido sobre la relación entre los máximos líderes de los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, comencé a observar la aparición de otras tantas notas en las que se comenzaba a esbozar una serie de críticas, bastante directas inclusive, a aquellos dirigentes partidarios, también de los partidos fundacionales, por la Reforma Constitucional de 1996. La gran mayoría de esas críticas se centraban en la introducción del Sistema de Doble Vuelta Electoral. Como desde mi punto de vista ambas situaciones tienen un origen común me he decidido a analizar las mismas en esta nota.

Hasta las elecciones de 1994, últimas llevadas adelante bajo la Constitución de 1966, el sistema electoral uruguayo establecía que resultaba electo como Presidente de la República el Candidato más votado, dentro del Partido más votado, en una única vuelta electoral. Dicha Elección Presidencial se realizaba de forma simultánea con la Elección Legislativa para ambas Cámaras. A su vez, la Elección Legislativa tenía la particularidad de permitir la acumulación por Sub-Lemas, tanto para Diputados como para Senadores. De esta forma, el Sistema de Doble Voto Simultáneo permitía una acumulación casi total de votos a la interna de los partidos políticos.
           
Como ya dije, la Reforma Constitucional de 1996, bajo el gobierno del Dr. Sanguinetti y el Partido Colorado, fue una reforma que tuvo como centro el cambio del sistema electoral en el Uruguay. A modo de recuerdo, en forma sintética, las más importantes modificaciones del sistema electoral fueron:

·         Introducción las Elecciones Internas, en las cuales cada partido elige su candidato único a la Presidencia.
·         Celebración de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias en Octubre. Se impide la acumulación de votos por Sub-Lemas para la Cámara de Diputados.
·         Celebración en Noviembre de una Segunda Vuelta o Balotaje entre los dos Candidatos a Presidente más votados, en caso que ninguno obtenga la mayoría absoluta.
·         Separación en el tiempo de las Elecciones a Intendente, que se celebran en mayo del año siguiente a las Elecciones Presidenciales.

Siempre estuvo en el imaginario colectivo y de los referentes académicos, sino también en la mente de sus impulsores, que el único cometido de la reforma era frenar el inexorable camino a la victoria del Frente Amplio en las elecciones presidenciales de 1999.  Podríamos decir que los líderes de los partidos tradicionales sufrieron de un cierto trastorno político. Es posible determinar que los mismos fueron “riesgofóbicos”. Ante el riesgo de una victoria del Frente Amplio bajo el anterior sistema electoral, se abocaron a reformarlo. Ya sabemos que no tuvieron éxito. Sin embargo, el problema fue mucho mayor al esperado. Cinco años más tarde, con mayoría legislativa como ganancia por la espera que había tenido que soportar, el Dr. Vázquez fue proclamado Presidente. La división en mitades de la ciudadanía uruguaya, ante la reforma, ya anunciaba el escenario que, solidificado en las elecciones de 1999, nos acompaña hoy.

Obviamente, y se encuentra estudiado a fondo en la Ciencia Política, el sistema electoral moldea el sistema de partidos de un país. El Uruguay posterior a 1910 se vio enmarcado por la primera versión de la “Ley de Lemas”. Desde 1996, hasta ahora, el Ballotage ha exacerbado la división en mitades de la sociedad uruguaya. Es más, al incluir un mecanismo mayoritario en la Elección Presidencial, se ha empujado a la ciudadanía a “adelantar la Segunda Vuelta”. Como resultado directo, en las dos elecciones posteriores a la reforma, el Frente Amplio logró mayoría legislativa. Debido a ello, en la mente de muchos dirigentes locales y votantes independientes de los partidos fundacionales creció la idea de conformar una coalición permanente entre ambos partidos. Sin embargo, por el momento, dicha opción parece muy lejana.

Más allá de todo esto, y dejando para otro momento las ventajas de la reforma, existen otras consecuencias del sistema electoral vigente. Entre todas las que podemos observar, fabricar mayorías artificiales y plebiscitarias, favorecer la polarización electoral, entre otras, podemos centrarnos en sus efectos sobre las relaciones entre los líderes políticos de los partidos de la oposición en el Uruguay. Cuando el Dr. Bordaberry llama “manso corderito” al Dr. Larrañaga estamos evidenciando los resultados de la reforma en su relación. Lo mismo podría decirse cuando el líder colorado dice “al final Lacalle tenía razón”. Tanto Bordaberry como Larrañaga están evidenciando sus estrategias políticas hacia 2014. Larrañaga ya había anunciado que la confrontación como estrategia, asignada a Lacalle en la campaña electoral última, había sido nefasta para los intereses de los nacionalistas. Por ende, su idea es “colaborar” más con el gobierno del FA. Al mismo tiempo, con la seguridad de ser mayoría en el Partido Colorado y de compartir votantes con el Dr. Lacalle y no tanto con Larrañaga, Bordaberry ha decidido acercarse al “votante herrerista” y confrontar con el gobierno de Mujica. Debido a ello, y en el entendido que ambos son los mayores competidores por el segundo cupo del Ballotage 2014, la evidente segunda fase de estas estrategias es la confrontación directa entre ambos. Nuevamente, el tiempo dirá si las tácticas elegidas serán tan útiles el largo plazo como ellos creen que lo son en el corto plazo. Podríamos decir, que en este caso, ambos líderes están sufriendo de “riesgofilía”. Ambos decidieron tomar el riesgo de llevar adelante sus estrategias sin medir las consecuencias.

Sumado a todo esto, desde el pasado sábado, un nuevo tema se suma al escenario político planteado. La iniciativa de “Vamos Uruguay”, sector del Dr. Bordaberry, de reformar la Constitución con el fin de “bajar la edad de inimputabilidad” como eje principal. Más allá de las opiniones que puede generar la propuesta, la aprobación de la requerirá de conformar una coalición amplía que brinde sustento al proyecto, lo cual implicará necesariamente dos cosas. Por un lado, una vocación clara de negociación  del Partido Colorado. La aprobación de la reforma, y hasta el futuro electoral de los colorados, puede depender de la suerte que corra esta iniciativa. Por el otro lado, una definición estratégica del Partido Nacional, tanto del “Herrerismo” como de “Alianza Nacional”. La misma puede tener su base en la opinión que tienen sobre el proyecto o en los intereses políticos de los sectores nacionalistas.

Sumado a ello, con relación a las necesarias negociaciones políticas que están a punto de abrirse en torno a la iniciativa colorada, es factible que se presenten más reformas constitucionales en breve. Desde la reforma del sistema electoral, la reelección presidencial o la baja en la edad de inimputabilidad, todos los temas podrán ser motivo de una reforma. Cada una contará con el apoyo de unos y la oposición de otros. Lo más importante sería que todos los líderes políticos entiendan que cada reforma implica ciertas consecuencias, algunas insospechadas e incalculables. Además, la experiencia que brinda América Latina en torno a las últimas reformas constitucionales proyectadas  o aprobadas, con los ejemplos de profundas divisiones y violencia, como los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, debería estar en mente de los líderes políticos más importantes del país. En virtud de ello, más vale que tengan en cuenta los riesgos y las oportunidades que brindan las negociaciones que busquen concretar una reforma constitucional en nuestro país. Esperemos que los líderes encuentren el justo equilibrio entre “Riesgofobia” y “Riesgofilia”.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Entre la Criminalización y la Inoperancia



El Jueves 28 de Octubre, en la Torre Ejecutiva, el Ministerio del Interior, con el propio Eduardo Bonomi como único orador, realizó una conferencia de prensa donde se dieron a conocer diferentes cifras sobre la evolución de los delitos en los últimos años. El Ministro del Interior, junto al Director General de la cartera, Charles Carrera, y el Director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, aseguraron ante la prensa que “todos” los delitos disminuyeron, con la única excepción de las rapiñas. Según este análisis presentado por el Ministro, se rompe con la línea histórica que venía siguiendo el gobierno de Tabaré Vázquez y venía sin cambios, en términos generales desde la restauración democrática. Hasta aquí nada parecía estar fuera de los carriles normales.

Eduardo Bonomi comparó las denuncias de delitos que se llevan en el 2010 con las del año 2008. Sin embargo, no se realizó la misma comparación con los datos de 2009. Según lo que dijo el propio Bonomi a la prensa al día siguiente, si se utiliza la comparación con 2009 hay un leve aumento de los delitos en el año en que estamos. Más allá de esta aparente “trampa” a la cual recurre el Ministro para enviar tranquilidad a la Ciudadanía, que de por sí sería un asunto grave a analizar se esconden aún detalles más sórdidos. Al día siguiente también, ante la prensa, Bonomi reconoce que las cifras sobre delitos presentadas este jueves no son avaladas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad, el organismo encargado de recabar ese tipo de información. Cabe recordar que el mismo depende de la cartera que comanda Bonomi. No contento con ello, el Ministro Bonomi, dijo que se tomaron cifras globales del Observatorio pero que hubo una interpretación cualitativa que realizaron otros funcionarios del Ministerio. En ningún momento señalo qué funcionarios y con qué aval técnico lo realizaron. Agregó  que, como Ministro, tiene derecho a “interpretar” las cifras.

La situación llega a niveles tragicómicos en el momento en que el Ministro se refiere a los delitos cometidos por menores. El Ministro en ningún momento aclara de dónde obtuvo los datos referidos a los delitos realizados por menores. Su respuesta ante la pregunta fue “de institutos diversos”, sin aclarar si públicos o privados. En realidad la única institución que llegó a ser nombrada, para el caso de los menores, fue UNICEF. En realidad, no quedaron muy claros los datos presentados por Bonomi. Habló de un aumento del 81% de 2009 a 2008 y que sigue en aumento. Sin embargo, UNICEF no presenta un análisis que corrobore esos datos manejados por el Ministro. Más aún, los datos de Unicef no serían los mismos que presentó el Ministro a la prensa.

Al misma tiempo, el Partido Colorado, con su Secretario General Dr. Pedro Bordaberry, se apresta a lanzarse tras la recolección de firmas para llevar adelante una baja en la edad de inimputabilidad debido, según entienden, un aumento sostenido de la cantidad de delitos, y la violencia añadida a la misma vez, cometidos por menores de 18 años. Los colorados pretendían oficializar en breve su postura y comenzaron contactos con dirigentes blancos para lograr el apoyo de esa colectividad. No obstante, se han escuchado voces nacionalistas que no quieren cambiar la “mayoría de edad” y se juegan por otras medidas. Entre ellas, se puede pensar, en el proyecto del Diputado Lacalle Pou, por el cual se mantendrían los prontuarios de menores en caso de delitos graves.

Las medidas manejadas por ambos partidos tradicionales se dan de frente con la postura esgrimida por una serie de personalidades de izquierda. Se escucha decir que no puede “criminalizar” a menores, niños, jóvenes, adolescentes. Para defender dicha postura se aduce que el 80% del total de los delitos, en este país, lo cometen adultos y/o mayores. Sin embargo, el propio Ministro Bonomi, a título personal en su momento, había manifestado estar de acuerdo en llevar adelante soluciones del mismo tipo que las planteadas desde tiendas de la oposición.

El primer problema que se observa es que ni el Ministro, ni quienes pretenden cambios en la normativa referente a menores, ni los que no los quieren, presentan datos concretos que avalen cada una de sus posturas. Pasamos de sensaciones en sensaciones, sin bases científicas que las respalden. A tal punto llega esta situación, que no tiene razón de ser, que aquellos que se manifiestan en contra de los proyectos de la oposición, si bien basados en una proporción de 4 a 1 entre delitos cometidos por mayores contra delitos cometidos por menores, no presentan datos detallados para la consideración. Por poner un ejemplo, habría que analizar qué cantidad de los delitos son cometidos por mayores, que en su momento fueron menores infractores, y se ven, al momento de cometer el primer delito como tales, beneficiados por la normativa vigente. O aquellos casos de un mayor con ya antecedentes como mayor pero que se ve beneficiado por no tener sumadas las anotaciones como menor a su antecedente como mayor. No obstante, es bueno dejar en claro que la baja de la edad de inimputabilidad no es algo alocado ni fuera de lugar. Los conceptos de “Mayoría de Edad” y “Edad de Inimputabilidad” han variado a lo largo de la historia, aquí y en el mundo, y a veces han sido coincidentes en una edad y otras tantas no lo han sido. Como mucho, en ese sentido, habría que discutir si la baja de dicha edad límite no debería verse acompañada por la aprobación de las correspondientes habilitaciones en otros ámbitos. Simplemente, y para ser claros, por aquello de a iguales derechos, iguales obligaciones.

Más allá de todo ello, existe otra arista interesante a explorar. En la época del Presupuesto Nacional, con sus Coordinadores Regionales y reivindicaciones corporativistas a cuestas, “Ilegalización” de la Ley de Caducidad y las Marchas por Seguridad sería útil analizar otras medidas posibles. En resumen, si tomamos los 120 millones de dólares, por lo menos previstos, que se destinan a cargos de confianza en el nuevo presupuesto, qué podríamos hacer en materia de menores infractores. Gran parte del problema de los menores infractores se debe a que el INAU no cuenta con instalaciones que permitan retener a los menores conducidos al mismo. A la misma vez, no existen condiciones que permitan la rehabilitación de los mismos, ni educativos ni laborales. Ya que hablamos de inseguridad, no obstante, podemos sumar una medida tendiente a rehabilitar a los mayores primarios. Dicho caso es incluido en el entendido que una parte importante de dichos casos son menores infractores que, al pasar la mayoría de edad, se ven beneficiados por la “eliminación” de sus anotaciones de su etapa de menor. Con el dinero señalado y los casos elegidos, ahora, tratemos de buscar una propuesta que ponga sobre la mesa un nuevo debate en torno al tema seguridad.

La propuesta que tengo en mente tiene por centro el tema de la rehabilitación. Dividamos los 120 millones de dólares en dos, una para un Centro de Rehabilitación de Menores Privados de Libertad (CRMPL) y la otra para un Complejo de Rehabilitación de Primarios (CRP). Por ejemplo, se podrían destinar 45 millones de dólares para CRMPL en el quinquenio y 75 millones para el CRP. Entremos al caso del CRMPL, si 25 millones son utilizados para crear un local de 200 plazas con demás servicios necesarios se soluciona, en primera instancia, la situación de los menores más peligrosos del país. A su vez, se destinarían 20 millones de dólares, a razón de 4 millones por año en el quinquenio, para personal y materiales que posibiliten la rehabilitación de los mismos. Pasando al CRP, con 50 millones de dólares sería posible construir un complejo carcelario, en forma de chacras o similar, para alrededor de 400 primarios, que sean privados de libertad por la Justicia. A la misma vez, se destinarían 25 millones de dólares, a razón de 5 millones de dólares al año, para funcionarios y materiales que puedan colaborar para su rehabilitación, beneficiando a la sociedad toda.

Lejos de “criminalizar” o discriminar, y sin tocar el ordenamiento jurídico vigente, sería posible organizar dos institutos que permitan mejorar la situación, actual y futura, de una parte considerable de los menores infractores y mayores primarios. Simplemente se ahorra en lo accesorio y se concentran fondos en la necesidad más acuciante que aducen los uruguayos en su diario vivir. Es claro que la propuesta no es original ni ingeniosa. La pregunta que deberíamos formularnos es por qué ésta, u otras propuestas similares, no son el centro del debate en la actualidad. Simplemente propongo una idea a fin de que entre todos se encuentre una solución mejor a la situación que enfrentamos hoy. Entre la “Criminalización” y la Inoperancia deben existir un montón de propuestas a considerar. También me gustaría que señalaran sus propuestas para abordar el asunto. Simplemente, desde mi punto de vista, hay que lograr que la Ciudadanía se apropie de la agenda política rápidamente. No vaya a ser que el “mejor momento de nuestra economía” termine antes de encontrar una solución al tema.

miércoles, 27 de octubre de 2010

Entre la Sorpresa y la Política



Murió Néstor Kirchner. La sorpresa es mayúscula. Era un hombre joven. Una figura importante para Argentina y la región. Amado y odiado de casi igual manera por argentinos y vecinos. Polémico, vehemente y pasional. Luchador implacable de la política argentina. Dicen que los médicos le informaron que era necesario que controlara su vehemencia porque podía llevar a este desenlace. Sin embargo, un líder político difícilmente pueda entender una indicación de esas. El “animal político” que llevan dentro complica que puedan controlar una pasión como la del hacer público.

Néstor Kirchner fue el 54º Presidente de la República Argentina, entre el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007. Designado por el anterior Presidente Eduardo Duhalde para ser el sucesor del proyecto político que éste había armado luego de la Crisis de Diciembre de 2001. Antes de ser electo presidente fue intendente de Río Gallegos (1987-1991) y gobernador de la provincia de Santa Cruz (1991-2003). En 2009 fue elegido diputado de la Nación Argentina por la Provincia de Buenos Aires. Además, desde el 4 de mayo de 2010 se desempeñó como Secretario General de la UNASUR. También se desempeñó como presidente del Partido Justicialista, cargo al que renunció el 29 de junio de 2009 y volvió a ocupar el 11 de noviembre de 2009, asumiendo oficialmente el 10 de marzo de 2010. Era el agente político más importante del oficialismo, posiblemente más que la propia Presidente Fernández, y más que seguro futuro candidato a la Presidencia en las futuras Elecciones Presidenciales de 2011 por el Partido Justicialista / Frente para la Victoria.

Más allá de las condolencias y las expresiones correspondientes a la familia y seres queridos del ex-Presidente fallecido, es necesario pensar en algunas consecuencias que tiene esta noticia para el futuro de la política argentina. Nadie puede dudar del peso que tenía Kirchner en la realidad política de su país. Era el principal referente del Peronismo aún cuando las Elecciones a “medio mandato” habían sido costosas para el oficialismo y significaron un duro revés personal para el mismo Néstor. Sin embargo, seguía siendo el único capaz de mantener a la mayoría del Peronismo bajo control. En su entorno había muchos personajes con posturas totalmente diferentes en cuanto a lo político como a los más variados temas. Bajo su egida se reunían desde Luis D`Elía y Hugo Moyano hasta Daniel Scioli, Sergio Massa o la mismísima Presidente Cristina.

Pero el tema no termina en la Argentina. Las últimas declaraciones de Kirchner en Gualeguaychú habían llevado al Secretario General del Partido Colorado Pedro Bordaberry a pedir que el gobierno nacional elevara una protesta formal y trabajara para sacar a Kirchner de la Secretaria General de la UNASUR por las declaraciones a favor de los piqueteros de la Asamblea Ambiental. A este novel organismo, la UNASUR, lo deja totalmente “descabezado” y sin saber que será de su futuro. Habrá que ver si esta pérdida lleva a un desmantelamiento o a un resurgir. Hay que decir, lamentablemente, que es una buena oportunidad para que se rectifique el rumbo que la misma había tomado bajo la influencia de Kirchner y sus aliados, Chávez, Morales, Correa y Mújica. Pensar los costos que nuestro Presidente tuvo que pagar por levantar el veto a Kirchner.

De la misma manera, casi como confirmatorio de la existencia de una especie de  “the show must go on” en la política, es necesario pensar qué pasará en el futuro cercano de la política argentina. No simplemente como un juego intelectual sino, más bien, como una necesidad de un país. Nadie duda que “cuando Argentina estornuda, Uruguay se resfría”. Además, se sabe bien que lo peor que puede suceder en la política es el vacío de poder. No sé bien por qué, la verdad sea dicha, lo primero que vino a mi mente cuando escuché la noticia de la muerte de Kirchner fue un artículo que había leído previo a la Segunda Guerra en Irak. Alguien se había preguntado si Bush, como líder de los EE.UU., había analizado seriamente qué iba a pasar cuando no estuviera Huseim en el poder. Por más que el régimen iraquí era abominable no era posible negar que el derrocamiento de Huseim provocaría un vacío de poder que, a la corta o a la larga, iba a ser un problema para las fuerzas de ocupación y los nuevos gobernantes del país. Y fue lo que sucedió. Nadie se hace cargo del costo del vacío de poder generado: 66000 civiles muertos, no importa si a manos de insurgentes o estadounidenses.

En Argentina se abrirá una pugna por el poder. Nadie puede saber si será a “muerte” o tendrá los límites de la política más democrática. Aquella que en el Peronismo no ha sido la versión más utilizada. Empecemos justamente por el Peronismo, el Partido Justicialista, ese sector político que es la imagen misma del Poder en la vecina orilla. Hasta ayer, con Kirchner vivo, el Peronismo se dividía entre el Frente para la Victoria (FPV) y el Peronismo Disidente (PD). En el FPV conviven figuras como la actual Presidente Fernández, el Gobernador Scioli y el líder sindical de la CGT Moyano. Todos ellos aceptaban la candidatura del líder, hoy no se sabe cómo será que llevarán la lucha por el legado político de Kirchner. Será unidos o será en lucha. Los primeros son políticos, el segundo sindicalista. La muerte de un manifestante sindical la semana pasada nos da una idea de lo que puede suceder si Moyano decide emprender la “lucha callejera” para hacer realidad su sueño del sindicalista presidente.

Por el otro lado, el PD tiene la oportunidad de volver al Partido Justicialista. A su vez, sus múltiples líderes buscarán hacerse con el control. El propio ex-Presidente Duhalde, el ex-Gobernador Solá, el magnate De Narvaéz o hasta el propio ex-piloto Reutemann, deberán definir como encaran la pérdida del contra-referente. La unificación pacífica del Peronismo puede hacer casi imposible la victoria de la oposición en las Elecciones de 2011. A la misma vez, hasta de forma similar, el resto del arco opositor también se queda sin su partener. Desde Cobos y Alfonsín hasta Carrió, Macri, Solanas y quien más se les ocurra pierden el norte. Todos ellos estructuraban su perfil político en contraposición, en primer lugar, a la de Kirchner. Sin él, además, todos son conscientes de cómo bajan las chances de vencer en 2011 al Partido Justicialista. Nadie puede saber lo que sucederá. Sin embargo, analizando los posibles escenarios los actores puedan prepararse. Va a ser necesaria mucha astucia política de ambos lados, oficialismo y oposición, para poder realizar una sucesión organizada del “estrellato político” de Kirchner. Para bien o para mal desapareció quién era el líder político de la República Argentina. Y podía seguir siéndolo.

Los uruguayos somos testigos de una época de mucha turbulencia política también de nuestro lado del Plata. Entre la Ilegalización de la Ley de Caducidad, los Coordinadores Regionales, la Reforma del Estado y la Baja en la Edad de Inimputabilidad, por nombrar algunos, el escenario político uruguayo está en pleno reordenamiento. En medio de turbulencias a la interna del oficialista Frente Amplio y de distancias importantes entre sectores de los partidos tradicionales, en especial con el Dr. Larrañaga y su Alianza Nacional, una experiencia ajena puede venir muy bien para repensar el “juego político interno”. Es así que, en un momento tan especial de la política uruguaya, sería oportuno que los políticos de nuestro lado del charco tomaran en cuenta la experiencia argentina. Nuestros dirigentes deberían tomarse el trabajo de aprender de los escenarios políticos, aquél que se vivió en los últimos años y el que se abre ahora, en la Argentina para el futuro cercano. Dejando la Sorpresa de la noticia sería bueno empezar a pensar, una vez más, el futuro de la Política.

viernes, 22 de octubre de 2010

De la Soberanía y el MERCOSUR


El Lunes 18 de Octubre de 2010 quedará marcado a fuego en la historia nacional. Aunque nadie lo haya notado. Nuestra asociación política, esa que llamamos Uruguay, decidió poner en segundo plano su soberanía. Por lo pronto, decidió que su soberanía quede en manos de sus vecinos, Argentina y Brasil. La noticia salió en los diarios, se escuchó en la radio y se vio en televisión. Los Cancilleres de los países miembros del MERCOSUR dieron luz verde definitiva a la Representación Proporcional en el denominado Parlamento del MERCOSUR. En el otrora “Parque Hotel”, ante la presencia del propio Presidente Mújica, se dio semejante paso.
           
El Mercado Común del Sur es una unión subregional integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia y Venezuela en proceso de incorporación. Tiene como países asociados a Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, estableciendo:

  1. Libre Circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países;
  2. Establecimiento de un Arancel Externo Común y una Política Comercial común;
  3. Coordinación de Políticas Macroeconómicas y sectoriales entre los Estados;
  4. Armonización de las Legislaciones para lograr fortalecer la Integración.

En la realidad, estos objetivos se han logrado sólo parcialmente. En efecto, la liberalización del comercio dentro del bloque todavía no se ha logrado plenamente. Por ejemplo, si bien existe un Arancel Externo Común, cada Estado puede confeccionar una lista de aquellos productos a los cuales el arancel externo común no se aplica. Tampoco existe una concreta coordinación de las políticas comerciales entre los miembros, coordinación de políticas macroeconómicas o legislaciones adecuadas para fortalecer el proceso de integración. Las normas del Mercosur, se realizan como tratados internacionales y por tanto deben ser ratificados por los Parlamentos nacionales.

El Parlamento del Mercosur, que recién fue constituido en 2005, comenzó a sesionar el 7 de Mayo de 2007, y lo hizo en reemplazo de la Comisión Parlamentaria Conjunta. Dicha Comisión Parlamentaria Conjunta tenía como funciones principales acelerar los procedimientos internos para la entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del Mercosur y ayudar en la armonización de legislaciones. Bajo ningún concepto tenía facultades decisorias propias, o sea legislativas, pero si tenía autonomía de los Parlamentos de los Estados miembros. Estaba integrado por 16 parlamentarios por cada estado parte elegidos por los propios parlamentos nacionales. Por tanto, tenía funciones meramente de coordinación entre los Parlamentos y sin poder de legislar a la interna de los Estados miembros. Hasta el momento del acuerdo del lunes, el PARLASUR, como se conoce al Parlamento del MERCOSUR, estaba integrado por 18 parlamentarios pertenecientes a los propios Parlamentos de los cuatro países que son denominados miembros plenos. Si bien no tiene facultades decisorias, al día de hoy, se espera que dicho órgano empiece a desempeñar un fuerte papel político, sobre todo a partir  del momento en que sea elegido directamente por voto popular.

El acuerdo alcanzado implica que desde el 2011 los países pasen a tener una cantidad de parlamentarios más acorde con la cantidad de habitantes que tiene cada país. En 2011, por ejemplo, Brasil pasará a tener 37 parlamentarios y Argentina 26. Gradualmente, el aumento seguirá año tras año hasta que en 2015 la cantidad de parlamentarios de Brasil sea de 78 y la de Argentina de 43. De esta forma, la conformación final será de 78 legisladores brasileños, 43 argentinos y habrá los mismos 18 de Paraguay y 18 de Uruguay que hoy en día. Nada se informa que sucederá cuando otros países, como Venezuela, ingresen definitivamente al MERCOSUR, pero se entiende que se le otorgará la representación correspondiente a su población recién en 2015 como a los socios mayoritarios actuales. Por último, también en 2015, quedará vigente la norma por la cual los parlamentarios del PARLASUR serán elegidos directamente por el voto popular de los ciudadanos de cada uno de los socios. Asimismo, existe un principio de acuerdo para que el PARLASUR comience a tener la capacidad de legislar en temas comunes a los miembros plenos del bloque.

Por tanto, como decíamos, el Lunes 18 de Octubre de 2010 entra en la historia porque será el día en que comenzó a entregarse la soberanía nacional. Ya no seremos más los uruguayos quienes decidan sobre las leyes que rijan a los uruguayos. Es un problema democrático. Los uruguayos no seremos más quienes nos daremos las leyes que debemos acatar porque, si bien hay representantes nacionales en el organismo en cuestión, las mayorías se podrán conformar sin necesidad de la aprobación de nuestra representación. Se dice que el camino a seguir por el MERCOSUR es la Unión Europea y por ello un proyecto que nació con neto corte comercial, hoy en día, se ha transformado en político. La razón de dicho cambio no es otra que la tan mentada “afinidad ideológica” de algunos gobiernos de izquierda de la región. Sin embargo, se olvida que, si bien la parte política ha tenido mayor desarrollo en Europa, la misma Unión Europea ha enfrentado serios problemas para imponer su proyecto político. El ejemplo más claro es, sin dudas, el rechazo popular manifestado ante las urnas, en varios países miembros, de la Constitución Europea.

Hace un tiempo en un estudio sobre Apertura Comercial en el Uruguay quise demostrar un serio problema que enfrenta nuestra economía. En aquella instancia decíamos: “…se manejó que los acuerdos con terceros limitarían la posibilidad de profundizar el proceso de integración regional, MERCOSUR, y marginaría al país del acceso al libre comercio regional y a los potenciales beneficios de una Unión Aduanera... A su vez, es importante señalar que, si seguimos ese razonamiento, estamos poniendo nuestra Apertura Comercial en manos de dos países que son todavía más proteccionistas que el nuestro y que no tienen empachos en tomar medidas de ese tipo con sus propios socios comerciales en cualquier momento…”. De esta forma, explicamos la inconveniencia de dejar en manos de Brasil y Argentina nuestra política comercial. Véase el riesgo al que nos sometemos si dejamos en manos de los socios mayoritarios un sinnúmero de temas, algunos de los cuales son, por lo menos, de igual o mayor importancia para nuestro país que el anteriormente señalado.

La realidad indica que estamos ante un problema de largo plazo más que de corto. Será en un futuro que el PARLASUR tendrá la capacidad de legislar y obligarnos a nosotros con leyes que son decididas por representantes de otros países. Se dirá que es posible que, como en Europa, existan en ese momento Partidos Políticos del MERCOSUR. Sin embargo, dicha opción parece francamente irreal. Tanto en Argentina como en Brasil la oposición no ha podido conformar bloques serios de oposición, por lo que es impensable que logren a su vez articular con otros partidos de Estados miembros. A la misma vez, a la luz de “Políticas de Estado” como llevaría Brasil en cuestiones tales como Política Exterior, existe la posibilidad que el propio Brasil con el apoyo de algunos legisladores sueltos de los otros Estados miembros lleve adelante leyes que no cuenten con el apoyo real de muchos de los parlamentarios de los otros países. Es más, es posible que dicha legislación sea inconveniente para los demás Estados. Es un riesgo real que debió tenerse en cuenta a la hora de acuerdos de este tipo. No vaya a ser que nos lamentemos en el futuro cercano.


lunes, 18 de octubre de 2010

De Liberales y Republicanos



          Un profesor de filosofía política, que supe tener, un día encontró útil tratar de explicarnos cuáles eran las diferencias entre un defensor acérrimo del Liberalismo y uno del Republicanismo. En realidad, no estoy muy convencido que la distinción sea como la pintaba, y dedicaré otro artículo a explicitar mis diferencias con él. Sin embargo, una eminencia como él, supo lograr que la mayoría de sus alumnos tomaran la misma sin vacilaciones. Igualmente, antes de pensar que dicha comparación no nos aporta nada a estas alturas, te pido que leas la explicación que me dio aquella vez mi profesor y luego sigas mi análisis, el cual tratará de aplicar esa simple disquisición a un caso muy candente de la realidad política uruguaya de nuestro momento.

En su distinción indicaba que una postura liberal sería aquella que sostiene que existe una esfera privada de cada ser humano en la cual nadie debe inmiscuirse. Esas decisiones privadas le son exclusivas al individuo y de ellas se hará responsable ante él y no ante los demás. En este sentido, podemos asociar a la idea de libertad liberal una noción de libertad negativa, como supo presentarla Isaiah Berlin, un autor liberal. Negativa porque se refiere al campo dentro del cual el hombre puede actuar sin obstrucciones de otros; a partir de esta concepción se deja de ser libre cuando un tercero nos impide realizar cualquier actividad en aras de alcanzar una meta. El punto central es la intromisión de otros hombres que le impidan actuar en la forma que desea; en consecuencia se es libre en cuanto no existan estas interferencias y obstáculos. En dicha esfera privada, protegida de la acción externa, sería donde el ciudadano se realizaría y lograría llevar adelante su vida con la mayor “felicidad” posible para él.

El sentido positivo de la libertad, también siguiendo a  Berlin, surge del deseo de gobernarme a mí mismo, o, por lo menos, de “participar en el proceso por el que ha de ser controlada mi vida”, identificado también con “libertad para”. Lo que introduce una gran complejidad en esta descripción es que se mezclan aquí aspectos internos de la libertad (moral) con el autogobierno colectivo (política). La libertad positiva se identificaría entonces con ideas como autodirección, autonomía, autodeterminación, autorrealización personal, pero también con “tener voz en las leyes y actividades de la sociedad en la que se vive” o “participar en el proceso por el que ha de ser controlada mi vida”. De esta forma, el concepto positivo, decía mi profesor, servía de base para el Republicanismo. El mismo defendería una esfera pública donde el ciudadano realmente se realizaría y lograría alcanzar la “felicidad” a través de la participación ciudadana efectiva. Se ha escrito mucho sobre qué tipos de valores y comportamientos deben tener los ciudadanos para su desarrollo y éxito; se suele hacer énfasis generalmente en la participación ciudadana, valores cívicos y su oposición a la corrupción. Sin hacerse ilusiones sobre la virtud del hombre, comprenden, aristotélicamente, que es menester confiar en el ciudadano medio, trabajador y honrado, que hace posible la ciudad y la práctica política. De esta forma, sería posible afirmar que el republicano defendería que el conjunto de los ciudadanos entienden mejor lo que es “el interés general” de todos los miembros de la comunidad y, por ende, es menester para la comunidad interferir, en algunos casos, con las decisiones de los individuos con el fin de imponer “el buen vivir”, “la igualdad”, “la felicidad”, etc., a aquellos que no siguen dichas concepciones.

En algún pasaje de la Constitución dice algo así como que “la soberanía radica en la nación”…que somos todos los ciudadanos “activos” del Uruguay. Para el republicano, entonces, no habría nada más soberano que el resultado obtenido por una iniciativa canalizada a través de los Mecanismo de Democracia Directa previstos en la Carta Magna y que llega a la consideración popular. La Democracia Directa, que en nuestra Constitución está prevista desde 1917 para Plebiscitos y 1967 para Referéndum, sería como lo más parecido al demos votando en el pasado ateniense.

Más allá de todo esto, en el nuestro país estamos viviendo los inicios de un debate particularmente complejo. La derrota obtenida por las dos últimas iniciativas de reforma constitucional ha llevado al Gobierno a plantearse la idea de lograr los objetivos buscados a través de otros mecanismos. El gobierno se alista a enviar dos proyectos de ley al Parlamento que pretenden terminar con la Ley de Caducidad, si la Suprema Corte respalda, y permitir el voto extra-territorial de los uruguayos. Un extranjero que viva en el Uruguay se preguntará: ¿El año pasado, a esta altura, los uruguayos no votaron sobre estos temas? ¿No se llenaron la boca hablando una vez más gala de sus ejemplares tradiciones democráticas? Es verdad, votamos. Es verdad, perdieron ambas iniciativas. Es verdad, el Gobierno se apresta a decirnos que no es lo mismo “ilegalizar” que “anular”. O que “epistolar” no es igual a “consular”. Podemos estar de acuerdo en la segunda presentación, pero no así en la primera. Sin embargo, hay algo más interesante para analizar.

Es muy interesante analizar la situación planteada. Existe una serie de grupos  políticos que afirman que existe una serie de derechos inalienables que no pueden ser puestos a consideración de mayorías circunstanciales. Típica postura liberal. Existen otra serie de grupos políticos que afirman que la decisión soberana de los ciudadanos es palabra “sagrada” y que no es posible andar dando vueltas al asunto para tratar de “falsear” la voluntad popular. Típica postura republicana. Los primeros, son los frenteamplistas. Los segundos, los colorados y los blancos. Que los partidos tradicionales sean adeptos al republicanismo no es cosa nueva. Los uruguayos somos todos bastante republicanos por la construcción nacional llevada adelante por los partidos fundacionales. Ahora, en realidad, más novedosa es la posición liberal de la izquierda nacional en este caso. Habría que preguntarse si los voceros oficialistas son conscientes de su postura y su discurso. Tantas veces usaron como insulto el ser liberal de otros ciudadanos en su momento que llama la atención su soltura hoy en día.

El tema central, más allá de la ambigua postura de los parlamentarios oficialistas, son las “trampas” que están dispuestos a realizar. Porque nadie prohíbe volver a insistir con el tema del voto de los uruguayos radicados en el exterior. Más difícil es la insistencia en la “Ley de Caducidad”, que con veinte años de diferencia, soportó dos decisiones populares confirmatorias. Sin embargo, el tema es que no han pasado 12 meses de ambas derrotas. Además, se trata de cambiar la voluntad popular por “las manos de yeso” de las mayorías parlamentarias que se han logrado.

Si ayer se recurría a la soberanía popular para “vetar” iniciativas de anteriores gobiernos. Si decidieron comprometerse con la Democracia Directa para resolver el tema, y sin importar que uno se declare “anti-liberal”, no sería más serio emprender, junto a las próximas elecciones un nuevo intento de reforma constitucional. Eso sí, esta vez sería mejor que se llevaran adelante las negociaciones necesarias tendientes a lograr los apoyos políticos suficientes para las mejores propuestas posibles al ser, entre otras cosas, legalmente razonables. No solamente el Gobierno debe comprometerse con una salida así, las distintas oposiciones que se observan también deben poner de su parte. No hay que tomarse a la ligera la situación, los hechos son graves. Más aún por la forma que por el fondo. Está en todos nosotros, los ciudadanos uruguayos sin importar la ideología,  lograr que los intentos queden en eso… solamente intentos.

viernes, 8 de octubre de 2010

La Gauchada y sus Consecuencias


           Como adelanté en el pasado artículo, que fue un trabajo de reconstrucción de la línea de tiempo del caso, mi intención para hoy es analizar el papelón que fue para todos la derogación del Artículo 76 de la Ley Nº 2230 por parte del Parlamento. Lo más complicado es que con un problema se desnudan un sinnúmero de problemas, viejos pero poco advertidos, de actores claves para la Democracia Uruguaya. Sin lugar a dudas, más allá de la indiferencia de muchos, los problemas son demasiados e importantes. Sin embargo, por lo pronto en una primera aproximación, me voy a concentrar en algunos de ellos, aquellos que me parecen los más relevantes.

            Es una realidad que lo sucedido es un problema para Fernández, Salom, Vázquez y el Frente Amplio, pero nadie lo explica cabalmente. Para colmo de males parece que, al menos por el momento, la solución elegida a la interna del FA es la peor para la imagen del sistema en su conjunto: “Acá no ha pasado nada. La prensa es mala y comenta”. Para el partido político del slogan “un gobierno honrado, un país de primera” es de difícil digestión el hecho que entre la ciudadanía corra la sensación de la existencia de un caso flagrante de “conjunción del interés público con privado” o “abuso de funciones” sin consecuencias. Sería un mal precedente de futuro también hacía la interna. Sin embargo, con respecto al frente externo, también sería muy complicado tomar medidas porque sería abrir un flanco débil importante a la figura de Vázquez, principal apoyo político del Dr. Fernández, y pretendido candidato presidencial para las futuras elecciones, por lo menos para una parte del oficialismo. Por ende, por este lado el problema parece resuelto aunque con costos importantes.

            Para el Dr. Fernández y la Dra. Salom, más allá de quejarse de un supuesto manoseo y escarnio público, la situación no tiene mayor importancia. Al fin y al cabo, si bien no viven de la política aunque algún beneficio les ha traído, más no sea un pase en comisión y una experiencia única del lado del Estado, su principal actividad no será afectada por lo sucedido. Su estudio profesional y su nivel de vida no serán amenazados por el problema que han originado. No obstante, el Dr. Fernández, que parecía haber entrado a la política simplemente para apoyar a su compañero y amigo Tabaré, tendrá dificultades de futuro en acompañarlo. Aunque, llegado el caso, Vázquez ha demostrado que lo importante es la amistad con Fernández y no lo que piense el FA. Igual me parece llamativo que Fernández haya tenido la sapiencia de colocarse como suplente del primer senador socialista, Daniel Martínez, que siempre está pensando en hacer carrera política y no en el Parlamento precisamente, para esta legislatura. Por el lado de la Dra. Salom, renunciar al Colegio de Abogados, como antes ya lo hizo a la Fiscalía, no han sido verdaderos problemas. Ni siquiera el Partido Socialista le pidió que abandonara su puesto de Asesora de Bancada. Igual, a lo sumo, será la posibilidad de dedicar más horas a otras tareas, no tan redituables capaz. Volviendo al caso de Vázquez, figura que todos en el FA han tratado de proteger de la situación aduciendo un “tiro por elevación” siguiendo las declaraciones de Fernández, ya se sabe que no es un personaje que se preocupe por revuelos de este tipo, convencido de su poder de seducción de masas.

Más allá de los problemas reseñados para los implicados primarios del asunto, el Dr. Fernández ha logrado mover el centro de atención de su actuación hacía la de todo el Parlamento y el Ejecutivo de aquél momento. Si bien el estudio del Dr. Fernández efectivamente llevó adelante la defensa de Ratti, la pareja Fernández-Salom intenta hacernos pensar que sólo ella llevaba el caso en cuestión, dejando de lado el hecho que el cargo de Fernández era suficiente razón para que ambos se excusaran de participar en el caso, existen algunas cuestiones que vaya a saber uno por qué han desaparecido del debate. Si en el pasado el mismo Dr. Fernández había advertido de la posibilidad que existía de clausura del caso Peirano si se derogaba el famoso artículo, por qué razón fue promotor en una segunda instancia de la misma. Él llamó directamente al único legislador que se preguntó sobre las consecuencias de la derogación que se aprestaban a votar en el Parlamento. Cabe acotar que el Estudio Fernández pasó a representar, por lo menos, a Ratti entre ambos intentos de derogación. Asimismo, por qué si era consciente de la posibilidad de la clausura, al existir otra interpretación de las consecuencias de la derogación, no informó a quienes lo consultaron sobre la misma. A su vez, si en el Estudio Fernández estaban convencidos que la clausura del caso no iba a tener andamiento, por qué la solicitaron en el caso de Ratti, y para otros defendidos por causas similares. Sin embargo, para explicar el tema la Dra. Salom invocó que la prensa ya había informado del hecho de la defensa de Ratti y que por ende toda la clase política uruguaya, y también la prensa vale decir, debía saber de la situación y no hicieron nada.

Si bien Fernández nunca mencionó que su Estudio Jurídico defendía a Ratti, y algún otro acusado por el mismo delito, posiblemente entre otras cosas porque en el pasado desde el Fa ya le habían prohibido tomar la defensa de otro implicado en el caso, su buen amigo Peirano, existe la imagen que si bien él participó del asunto, lo más complicado es el papel de los parlamentarios. La culpa es de los Parlamentarios que no saben lo que votan y no se toman el trabajo de investigar los temas que tienen entre manos. Cabe destacar que la postura del FA colabora con esta idea, sin querer queriendo y posiblemente para no tener la exclusividad de la responsabilidad ante la ciudadanía. Desde algún sector de la prensa también se ha esbozado una crítica similar, llegando incluso a señalar que los Parlamentarios deberían seguir mejor las investigaciones que la misma hace. Aquí existe un nuevo problema para la sociedad uruguaya y seguramente el más importante de los que vamos a señalar. Los que defienden la tesis de la irresponsabilidad de los legisladores se olvidan que cuando el Parlamento aprueba una Ley es con carácter General y sin importar los casos concretos por sí mismos. Si la Ley Nº 18411 era necesaria para el país, lo que académicos y legisladores afirman una y otra vez en todas partes, por qué razón no se explica que lo que suceda con los Peirano es otro tema. No se debía estar pensando en el caso particular de ningún ciudadano, por más que se llame Peirano y tenga la peor imagen popular. A tal punto se han olvidado en nuestro país de este detalle, que los propios legisladores, en vez de expresar en forma  contundente su responsabilidad principal a la hora de votar una Ley, estuvieron más interesados en sacarse la culpa de encima, quejarse de la mala suerte que tuvieron de verse contaminados con el estigma Peirano y, por el momento, no preocuparse por presentar soluciones legislativas al tema de “estar de los dos lados del mostrador”.

Más allá de todo lo anterior, la sociedad uruguaya tiene responsabilidades en torno a este caso. No ha sido capaz de separar la posible falta de transparencia en la actuación del Dr. Fernández y su entorno en el caso concreto y la responsabilidad de los legisladores a la hora de votar una Ley. No ha sido capaz de reclamar cabalmente una solución legislativa para los casos similares al del Dr. Fernández que estén ocurriendo en el presente o puedan ocurrir en el futuro. No parece que vaya a tomar cuenta de lo sucedido a la hora de tener que tomar la decisión del voto en el futuro. Lo que sucede es que la ciudadanía sufre de una notable falta de sentido crítico en lo público. Muy críticos en lo privado, en lo que los rodea, en la chiquita. Sin embargo, adolecen de falta de crítica y compromiso en los asuntos de todos. La misma es resultado de la pésima educación que recibe, desde hace muchos años, y que no parece tener miras de mejorar en el futuro próximo. Situaciones como la señalada seguirán sucediendo mientras la sociedad uruguaya no encare la necesidad de una transformación educativa real.

Ahora bien, si el Dr. Fernández tiene sus responsabilidades, si el Frente Amplio tiene sus responsabilidades, si el Parlamento y los legisladores tienen sus responsabilidades, si la ciudadanía tiene sus responsabilidades, por qué la prensa parece salirse limpia del asunto. Al decir la prensa me refiero en forma general a los medios periodísticos. Algunos dirán que fue gracias a la prensa que se conocieron los hechos. Sin embargo, si bien la prensa, la misma que acuso de desidia y lentitud a los legisladores, la que sacó a luz la situación, ella misma estuvo lenta de reflejos también. Los hechos recién salen a la luz, con las distintas implicancias que tenía el Estudio Jurídico del Dr. Fernández, luego de la clausura del caso Peirano y sin una visión completa de las implicancias de dicho caso para la sociedad uruguaya en su conjunto.

 La prensa, que debería ser el último bastión del espíritu crítico de cualquier sociedad, no tiene crítica y menos todavía autocrítica. Peor aún, carece de Opinión. Por lo menos, de esa opinión que alimenta el debate y que ayude a generar los cambios que aparecen como necesarios para la sociedad uruguaya. La prensa no es capaz de elaborar la opinión fundamentada con argumento y conocimiento. Sale a la búsqueda de opiniones menores en otros lugares o ambientes. Contrata cronistas deportivos, “figuras” académicas, “figuras mediáticas”, etc., para que opinen de todos los temas habidos y por haber. Se los contrata para que hagan el trabajo que la prensa uruguaya o no sabe hacer o no quiere hacer. Figuras que no teman de asumir la responsabilidad y el compromiso ético de la Opinión. Me consta que el problema no es culpa de las nuevas generaciones que se formaron recientemente o se están formando en el periodismo. El problema, una vez más, nace en la educación uruguaya. Nace en las generaciones anteriores, las presentes o ya ausentes. Las Instituciones que están formando a los nuevos periodistas están haciendo un culto sagrado alrededor del “No Opinar”. El informar liso y llano. No ya se habla de pedir la pasada de moda y mal vista objetividad, me alcanza con ecuanimidad, responsabilidad o ética al opinar. Directamente, No Opinar. Algo similar a lo que en otros asuntos se ha referenciado con el “no te metás”. No hace falta explicar lo nefasto de la situación. Todos sabemos que ha sucedido, tanto en nuestro país como en otras partes, cuando se da rienda suelta al “no te metás”.