martes, 11 de octubre de 2011

El Acuerdo Necesario sobre Educación



Si uno analiza los cientos de problemas que aquejan al Uruguay del Siglo XXI, desde la mentada “Reforma del Estado” hasta “la Inseguridad”, se daría cuenta que hay un problema que es el “telón de fondo” de todos los demás: la Educación. Por ello, hace tiempo que desde todos los ambientes y sectores se reclaman cambios en ella. Sin embargo, pasa el tiempo, y hasta los “Acuerdos Multipartidarios” de hace 16 meses atrás, y la situación en vez de mejorar empeora. A horas de una nueva instancia de reflexión y propuesta que se encararía en el Parlamento Nacional, nos proponemos analizar la situación de la Educación en Uruguay.


 

                En el sistema político uruguayo renació el debate sobre qué hacer con la Educación. No es que antes no existiera. Simplemente, este tema no era el principal asunto que tenían entre manos nuestros políticos. Sin embargo, una seguidilla de informaciones, a cual más preocupante, sobre la situación de nuestra sociedad y su sistema educativo, terminaron por lograr que el centro de atención volviera al problema.



                Uno podría pensar que el segundo plano que ostentaba la Educación era resultado del trabajo en silencio que realizaban las autoridades de la enseñanza, en base al llamado “Acuerdo Multipartidario” que se había firmado el 7 de junio de 2010. No era así.  Simplemente, casi nada de lo escrito estaba siendo realizado. Y no era resultado únicamente de la cooptación por parte de las corporaciones, a través de la “Ley de Educación” votada durante la Administración de Tabaré Vázquez, de los órganos de dirección de la enseñanza. Parte de la responsabilidad estaba en el propio acuerdo. Si uno se toma el trabajo de revisarlo, se termina dando cuenta que el mismo es una enumeración de buenas intenciones y vaguedades por lo  que era imposible que terminara dando resultados concretos.



                Entonces, era lógico, que en algún momento nuestros políticos volvieran su mirada nuevamente hacía el sistema educativo. Es así que desde hace un tiempo atrás, todos los líderes políticos de importancia presentaran un sinnúmero de propuestas sobre el tema. Sin embargo, no olvidando que otros movimientos políticos lo deben haber condicionado, el Senador Jorge Larrañaga lanzó un ultimátum que movilizó a todo el sistema político. Larrañaga declaró: “…El próximo 11 de octubre está previsto que concurran, a solicitud nuestra, en régimen de Comisión General al ministro de Educación y Cultura y al Consejo Directivo Central de la ANEPPretendemos provocar una vez más la instancia para que el gobierno tome nuestra idea de convocar a un gran acuerdo nacional sobre educación. También será la última vez que lo intentaremos. De no encontrar el eco que la problemática educativa merece, otras serán desde entonces las formas de relacionamiento que tendremos que tener…”.



Así el guante fue lanzado. Y los demás líderes opositores acompañaron la iniciativa. Hasta el Presidente Mujica amagó a recoger el guante, aunque aún no es claro que termine siendo así. Parece que está todo listo para “refundar la Educación”. Sin embargo, si analizamos las propuestas que todos los partidos políticos han presentado, y que se entiende serán los insumos para este nuevo acuerdo, nos daríamos cuenta que existe un pequeño problema que hace imposible que la situación tenga un cambio drástico en el futuro. Una sencilla pregunta, que debería ser anterior a todas las propuestas, y que es el origen de muchas de las diferencias entre los actores relevantes en la Educación, sigue sin estar en el centro del debate. En pocas palabras, sigue sin estar presente la pregunta: ¿Para qué educamos?



¿Para qué educamos?



Parece una pregunta fácil, pero en no lo es. En realidad, si nos pusiéramos a hacer una Encuesta, nos daríamos cuenta que existiría una respuesta por cada habitante de este país. Entonces deberíamos refinar la pregunta. El resultado sería: ¿Para qué los ciudadanos de este país debemos destinar parte de nuestros ingresos para asegurar un nivel de educación para todos los integrantes de la república?



                Una respuesta posible, y que se ha dado en el pasado, sería: el ciudadano lo hace en virtud de  asegurarse que todos aquellos que integran junto con él la organización política, que llamamos república, cuenten con un “paquete básico” de conocimientos, llamado educación, que asegure la continuidad de la propia organización. A su vez, dicha continuidad descansa sobre tres pilares, por lo menos en las repúblicas, desde la Revolución Francesa: la Libertad de Elección, la Igualdad de Oportunidades y la Fraternidad o Justicia entre pares.



                A primera vista, la respuesta parece un tanto simplista y demasiado filosófica. Sin embargo, si la desarrollamos, retoma todo su valor y contenido práctico. El citado paquete básico no es otro que la suma de “normas de convivencia”, “valores compartidos” y “legado  del conocimiento heredado”. Al mismo tiempo, para que todo ello tenga un fin y permita, más allá de la continuidad, el desarrollo de la organización, es necesario sumarle el desarrollo de capacidades como el “espíritu crítico”, el “razonamiento” y la “imaginación”.



                Esa es la obligación de la Educación, ya sea pública y privada, por lo pronto en su parte común y obligatoria. Ya sea como hoy entre los 6 años de Educación Primaria y los 3 años de Ciclo Básico de la Educación Secundaria. Ese es el “paquete básico” que deben poseer todos los que formamos parte de la República. La Educación no genera “igualdad económica” sino “igualdad de oportunidades”. La Educación, cosa que no quiere aceptar parte de la sociedad, es un instrumento que librado a su suerte solamente puede: diferenciar y seleccionar. Y lo debe hacer, debe premiar “talentos y virtudes” pero, a la vez, debe generar el piso mínimo desde el cual dichas diferencias se hacen justas.





La realidad en nuestro país



                Analicemos las discusiones recientes en torno a la Educación en nuestro país. Comencemos por la llamada “inclusión”. ¿Por qué se hizo famosa la Directora del Liceo Bauzá, la Prof. Graciela Bianchi? Simplemente por llevar a la acción un lema que la mayoría de los ciudadanos compartimos: “…La inclusión no se hace facilitando que no vayan al liceo o promoviendo con notas cada vez más bajas…se hace exigiendo”. La idea de Secundaria, que nació en Primaria vamos a ser claros es: no importa como terminen, lo importante es que lo hagan. Y es ahí donde obviamente deja de importar si cuentan o no con el “paquete básico” por el que los ciudadanos pagamos nuestros impuestos mes a mes.



El tema de la “puntuación” es todo un tema en la Educación uruguaya. Hay quienes quieren eliminarlas o vaciarlas de contenido. Sin embargo, en la realidad, las notas son una forma de explicitar si el alumno sabe o no sabe determinado tema. Y para lograr esa explicitación se elige un valor límite. ¿Límite entre qué y qué? Entre saber y no saber. Entonces la pregunta es: ¿ese 6 o Bueno significa que el alumno sabe? Si significa que el alumno sabe, se utiliza; si significa que no sabe, se utilizarán puntajes menores. Y sobre qué nos interesa que la Educación evalúe; sobre el legado cultural que nos han dejado las generaciones anteriores.



No deben ser todos los alumnos 12 o “sobresalientes”, sino que, por el contrario, todos los alumnos deben saber lo elemental de ese legado que les permite entender el presente. Y la Prof. Bianchi, al igual que otro sinnúmero de pruebas de conocimiento, nos explican la situación del alumnado en la Educación uruguaya: “hay una carencia fundamentalmente del manejo del lenguaje, del manejo del idioma en general, de la comprensión lectora, y dificultades del razonamiento, yo diría de razonamiento cotidiano. Hay una disociación entre la edad que tienen los muchachos que recibimos y los problemas muy concretos que tienen que resolver, ya no académicos, incluso de relacionamiento, de posicionamiento frente al docente, incluso en cuanto a las normas básicas de urbanidad.



De esta forma, lo que sucede con el puntaje se replica con otras herramientas como el Uniforme o los reglamentos sobre la actitud frente a la “autoridad”, en este caso el personal docente y no docente de la institución. Se quisieron dejar de lado por razones ideológicas y lo que se logró es la pérdida de las normas, valores y capacidades mínimas de relacionamiento.



Ni hablemos de los otros componentes del “paquete básico” que debe proveer la Educación. Si no se les logra transmitir los instrumentos básicos del legado heredado, cómo va a ser posible lograr que desarrollen herramientas más sofisticadas como el razonamiento, la imaginación o el espíritu crítico. Y esas son las bases últimas de la ciudadanía. ¿Qué ciudadano puede cambiar la realidad si no la entiende, no la crítica y no es capaz de imaginar algo diferente y mejor?



La Educación, sobretodo la pública, que es la que pagamos los ciudadanos sin necesariamente utilizarla, pero también se puede englobar a la privada en determinados contextos, no está construyendo ese piso mínimo desde el cual nos comencemos a diferenciar. No está siendo eficiente en trasmitir normas, valores y legado, y es incapaz de lograr generar la crítica, el razonamiento, ni la imaginación, necesarias para asegurarnos el desarrollo. Y a las pruebas me remito. Tomemos ejemplos cotidianos y veremos que lo que falla es la Educación



De esta forma, no es casualidad que en estos tiempos el mercado laboral se encuentre sobre-exigiendo educación para puestos laborales que en realidad no la necesitan. Cuando en los clasificados del domingo se pide “bachillerato completo” para un puesto de cadete, lo que nos está demostrando el mercado laboral es que da por descontando que con el “paquete básico” de Educación, sancionado por ley en el Uruguay, no es seguro que el joven haya adquirido las normas y valores mínimos para desempeñarse en la tarea.



                Así, quien tiene el dinero suficiente no se le pasa por la mente, aún cuando estamos hablando de los mismos docentes en uno y otro ámbito, dejar a sus hijos en la Enseñanza Pública. Y muchos, para mi ingenuamente, se preguntan el por qué. Y es sencillo. Es una falsa creencia sobre que en los colegios privados hay una “mayor contención”. Y ante la demostración de que la situación es muy similar, la única salida, si poseen los medios, es pasar a un colegio más caro. Y así, como consecuencia directa, veremos cada vez más la reproducción de la estratificación del sistema de clases sociales en la Educación.



Es lo único para hacer



                ¿Con esto alcanza para solucionar todos los problemas de la Educación uruguaya? No. Definitivamente, no. Pero es lo mínimo en lo que hay que comenzar. En nuestro país la enseñanza tiene muchos otros problemas: Centralización Pedagógica y Administrativa; Falta de Liderazgo y Gestión; Ausencia de Controles de Calidad; Inequidad; Financiamiento de la Oferta y no de la Demanda; Falta de Participación Ciudadana y de Libertad de Elección, entre otros. Todos ellos llevarían muchas páginas de futuras entregas sobre las posibilidades de solución existentes. Sin embargo, la solución de la mayoría de estos problemas no tendría el efecto buscado si no se resuelve antes el problema de fondo que traté de explicarles.



Para la próxima nota les propongo indagar más sobre las distintas soluciones que pueden presentarse para éstos otros problemas. Les advierto que mi solución, no por original, sino por radical, será origen para un debate por demás interesante.

lunes, 5 de septiembre de 2011

Fractura Expuesta



¿Cómo puede un sombrero con visera, de los que usan los denominados “planchas”, ser la razón de la muerte de un joven? ¿Qué nos está diciendo sobre la sociedad en que sucede un crimen de este tipo? ¿Quiénes son los responsables de algo tan inútil? Esas son solamente algunas de las preguntas que trataremos de responder en las próximas líneas…

Un incidente ocurrido en la noche del domingo en la intersección de las calles Luis Alberto de Herrera y Pablo Galarza terminó con un disparo que segó la vida de un adolescente de 16 años, de nombre Álvaro Froste. A metros del centro comercial más importante del país.

 Ese lugar, como muchos saben, es reconocido punto de encuentro de jóvenes, “de todo tipo y color”, que pasa horas en la zona. Allí, justamente, comenzaron las fricciones entre bandas de jóvenes. Discusiones e insultos que subían en intensidad hasta que llegaron los primeros golpes de puño. Mientras tanto, transeúntes y vecinos se sentían impotentes pero no sorprendidos. Suceden muchas cosas desde hace un tiempo. Según testigos, en determinado momento de la pelea se efectuaron disparos desde una motocicleta, uno de los cuales impactó en el pecho del menor de 16 años. El herido fue trasladado al Hospital de Clínicas, donde los médicos no pudieron hacer otra cosa que constatar su fallecimiento.

Lo primero que se viene a la mente es ¿qué hace la Policía que no previene? Y si, extraña que más allá de las medidas que ha tomado el propio centro comercial, consciente de lo que sucede últimamente en su entorno, la Policía, y concretamente la seccional del barrio, no hayan tomado otras providencias para evitar un hecho que ahora hay que lamentar como lo es la muerte de un joven a manos de otro.

La respuesta no demora mucho en llegar. La comisaría tiene seis policías para patrullar los barrios Pocitos y Punta Carretas, los más densos de nuestra ciudad, en el horario que va desde las 14 a las 22 horas. No hay que ser un iluminado para saber que ese el momento de la semana, además, en que el centro comercial recibe mayor cantidad de visitantes. Sumado a eso, la comisaría de la zona tiene dos móviles de respuesta para toda esa zona.

No alcanzando con estos detalles, que ya serían alarmantes, desde la Policía hay visiones contradictorias sobre la situación. Mientras el jefe de Policía, Walder Ferreira, entiende que es esa una zona peligrosa, el personal de la seccional de la zona señaló que cada fin de semana les llueven denuncias por problema entre barras de jóvenes. “Se dicen muchas cosas, pero la realidad hay que venir a verla”, advirtió un policía de la Seccional 10ª a “El Observador”. “Si vas caminando por la vereda le tenés que pedir permiso a estas personas para pasar; y si los miras mal te tenés que agarrar a las piñas”, añadió. “Algunos se roban los championes y celulares entre ellos, y obviamente estos asuntos los resuelven a las piñas”, agrega un vecino. “Yo no voy a mensajearme por la prensa con los ciudadanos de la zona. Si tienen problemas que vengan a hablar conmigo”, advirtió el jefe de Policía a los periodistas.

¿Por qué los chicos de aquél país excluido, aún para quedarse sentados en un muro, se toman el trabajo de juntarse en otro barrio? Sencillamente, el problema, por decirlo de alguna manera, es que, en gran parte, no tienen otra opción que reunirse en esos lugares ya que en sus zonas no tienen donde hacerlo. Aunque lo quisieran. Y ahí nos damos cuenta que se ha cambiado poco la ciudad. Pero aún menos en las zonas periféricas. ¿Es en realidad un problema que se junten en otras zonas? No, no debería serlo. Pero como no tienen los códigos y valores de los otros sectores, comienzan las complicaciones. No conocen los límites y eso lleva a que tengan discordias entre ellos y con aquellos que entienden no son como ellos. Los “otros” los sienten peligrosos y los atacan, muchas veces sin razón. Otras veces son ellos lo que atacan a los “otros” porque aquellos tienen materialmente lo que ellos anhelan. Entonces, podemos llegar a concluir que aquellos que tuvieron la responsabilidad de planificar la ciudad en los últimos 25 años poco se preocuparon por mejorar la situación de esos chicos. 

Así es que uno empieza a entender lo que sucede. Sin embargo, la pregunta que sigue es: ¿cómo llega un arma de fuego a las manos de un joven de 19 años? “El caso uruguayo es comparativamente muy alto. Se maneja que unas 900.000 armas (entre legales e ilegales) estarían circulando. Este es un factor de riesgo, que luego entre un 80% y 90% se asocia a crímenes, violencia doméstica y otros delitos”, explicó el Sociólogo Rafael Paternain a “El Espectador”. Hay que recordar que Paternain es el mismo profesional que renunció a la Dirección del “Observatorio sobre Criminalidad y Estadística” del Ministerio del Interior por diferencias en el manejo de datos con el Ministro Eduardo Bonomi.

El propio Ministro Bonomi declara días más tarde a los medios: “Tengo claro que no sólo hay un mercado de venta, sino también de alquiler de armas. Se alquilan para realizar un operativo o un delito clandestino. Quien lo realiza también es un delincuente”. Agrega luego “se debe mejorar la legislación para la venta y compra de armas porque muchas veces se venden clandestinamente y también con mucha facilidad para la norma. Tiene que haber una ley para el tráfico de armas. Debe tener distintos elementos de la compra de armas”. ¿Qué detiene al Ministro para no enviar un Proyecto de Ley en tal sentido si pertenece a un gobierno que cuenta con mayoría legislativa para aprobar rápidamente la norma?

No obstante, el problema no escapa al resto del sistema político. Al mismo tiempo, si la seguridad es un tema de relevancia para la Oposición, ¿qué razón lleva a la misma, o a parte de ella, a no incluir en su Proyecto de Reforma Constitucional un tema tan delicado como el mercado negro de las armas, contando, además, con un Proyecto de Ley sobre este mismo tema, presentado por una de las caras más visibles de la iniciativa reformista? Para esas preguntas, lamentablemente, no tengo respuestas satisfactorias.

Ahora la siguiente pregunta que deberíamos rastrear es ¿cómo es la mente de un joven, o mejor dicho de grupos de jóvenes, para interpretar que el “robo de un gorro” puede ser penado con la muerte a balazos del autor? En pocas palabras, estamos hablando de la “Pena de Muerte” en un país que eliminó dicho castigo hace un más de un siglo.

Buscando respuestas a este dilema me encontré con las declaraciones a “El Espectador” del Sociólogo Gustavo Leal. El profesional sostiene que "existe una fractura muy drástica del pacto de convivencia en la sociedad uruguaya". De esta forma, de la “Sociedad Hiperintegrada”, que seguro existió hasta la década del 60, solamente quedan los libros escritos sobre ella. Hay que entender que URUGUAY es un conjunto de tres países diferentes, agrega Leal.

¿Cómo puede sostenerse esa idea? Los números la avalan. “hoy el 60 % de los jóvenes que no estudian ni trabajan se concentra en 11 barrios de la capital, y el 75 % de las personas que tienen estudios universitarios se concentra en ocho barrios de la capital. Eso marca una distancia, se ha consolidado un distanciamiento social muy importante”.

Entonces, se puede decir, hay un Uruguay que excluido socialmente, con pautas y valores de exclusión social muy fuertes, con una materialidad de exclusión muy importante, que en el área metropolitana se ubica básicamente en los barrios de la periferia. Un segundo país de ciertos sectores medios y de trabajadores que también sufrieron, que podríamos decir que es un Uruguay integrado pero vulnerable, es el Uruguay de los “diez mil pesistas”. Por último, podemos encontrar un país de elite, un Uruguay casi privado, que no participa de los espacios públicos, que tiene mucha más conexión con el exterior, con otra lógica de consumo, con un nivel de consumo muy alto.

Una clara forma de palpar ese quiebre entre los distintos “países”, que no es nuevo pero que se ha profundizado en los últimos años a pensar de la bonanza económica, se encuentra en una declaración de Karina Froste, hermana de la víctima, a un noticiero: “Yo quiero decirle a esa nena de Pocitos que ayer dijo que somos planchas que en realidad no somos planchas, somos pobres. Pero somos pobres porque somos honestos”.

Vamos a ser nosotros honestos ahora. ¿Cuántos de los que están leyendo ese artículo pensaron que era obvio que eran “planchas” los protagonistas del suceso del domingo pasado? ¿Cuántos pensaron que no era un asunto “propio” por el “tipo de gente” que se reúne en ese lugar a esas horas? ¿Cuántos sólo les preocupó el caso porque van al shopping?

La frase de Karina reconoce el distanciamiento social. Demuestra la idea de que el progreso material o la posibilidad de incluirme de otra manera en la sociedad no existen para mí si no rompo alguna regla. La frase es terrible porque pone en el relato de la sociedad que algunos grupos siempre van a estar en un lugar y otros en otro. Se termina por derrumbar el ideal batllista de la “movilidad social” basada en la “igualdad de oportunidades”. Así, habría pobres honestos y pobres deshonestos; ricos honestos y ricos deshonestos; pero el problema es que no habría forma de “comunicación” entre esos grupos de la sociedad.

            Para Leal, en un análisis muy interesante de la realidad, la idea de la fractura, está demostrada en los números. En Casavalle de cada 100 adolescentes de entre 15 y 18 años, 5 terminan la secundaria; en Punta Carretas terminan 88. Estamos a 20 minutos de distancia entre un lugar y otro. Ahí es cuando uno puede darse cuenta de las distancias sociales que existen en este país. Entonces esa lógica del ocio, del no tengo dónde estar o de tener que explicar por qué me tengo que trasladar a otro lugar de la sociedad, es parte del estigma también. Aquí llegamos a un problema de fondo: “los jóvenes que ni estudian ni trabajan”.

Y ahí comienzan los estigmas. Los verdaderos estigmas. Erving Goffman planteaba que se construye un estigma a partir del momento en el cual se le imputa un atributo negativo a una persona o a un grupo social, y la persona siente ese atributo negativo como tal. Por lo tanto, el estigma es como una marca, es una mancha que se les construye a las personas. Y ahí entra el tema de los “planchas” o los “jóvenes que ni estudian ni trabajan”. Y este estigma es real ya que lo asumen los propios estigmatizados.

            Ahora, alguien piensa que quien es pobre decididamente es “plancha” o “ni estudia ni trabaja”. Llevando al límite la idea de Karina Froste, el “pobre honesto” es aquél que es pobre pero trabaja o estudia. Por el otro lado, el “pobre deshonesto” es aquél que ni trabaja ni estudia, y, por ende, debe vivir de otra manera, al punto de caer en la delincuencia. Y del estigma llegamos rápido a la exclusión. Por tanto no hablamos de pobreza, hablamos de exclusión. Además, el rico, para los pobres, definitivamente tiene que ser deshonesto. Y ese es el grupo que después conforma los “menores infractores”. Entonces no es solamente un problema de ingreso, el pobre no ve que haya forma de cambiar su situación honestamente. Y ahí podemos entender que un niño puede querer ser narcotraficante cuando sea mayor. Y, así, se hace patente, el problema de la exclusión, cuando el excluido asume que no se puede cambiar de situación. Es un problema cultural y no económico lo que le sucede hoy al Uruguay. Y, entonces, llegamos a la “crisis de la Educación”.

¿Por qué los jóvenes no estudian ni trabajan? Rossana Patrón nos dio una posible respuesta hace unos meses. Sencillo, no es negocio. No tienen incentivos económicos que los acerquen al estudio. Los jóvenes, incluso aquellos excluidos, son racionales y si no hay incentivos, ni económicos ni sociales, no van a “desperdiciar” su tiempo. Van a preferir el ocio. Y el ocio los lleva a estar “tirados” en la puerta de un centro comercial, provocándose unos a otros. Y si no tienen claro el límite, ya sea porque la familia y/o la educación no los ayudan a tenerlo, terminan como el domingo matándose por un gorro.

¿Por qué los chicos de aquél país excluido, aún para quedarse sentados en un muro, se toman el trabajo de juntarse en otro barrio? ¿Es un problema que se junten allí? No, no debería serlo. Pero como no tienen los códigos y valores de los otros sectores, comienzan las complicaciones. No conocen los límites y eso lleva a que tengan discordias entre ellos y con aquellos que entienden no son como ellos. Pero el problema, por decirlo de alguna manera, es que, en gran parte, no tienen otra que reunirse en esos lugares ya que en sus zonas no tienen donde hacerlo. Aunque lo quisieran. Y ahí nos damos cuenta que se ha cambiado poco la ciudad. Pero aún menos en las zonas periféricas. Entonces, quienes planificaron la ciudad en los últimos 25 años poco se preocuparon por mejorar la situación de esos chicos.

La educación uruguaya ha quedado estancada desde la década del sesenta. Apenas, si se quiere, algún paso adelante como las “Escuelas de Tiempo Completo”. Pero el resto del sistema educativo está en franco deterioro. Y ya no está la excusa de la falta de dinero. Con el presupuesto más alto de la historia, la educación está peor que nunca. Y, obviamente, se siente más el deterioro en el sector más excluido de la sociedad. Todo el sistema educativo conspira contra ellos. Los mejores maestros y profesores están alejados de ellos, las materias y sus contenidos no son atractivos y no hay motivaciones para terminar los estudios.

Y el problema no termina ahí. El Uruguay es un país que, mayoritariamente, se “reproduce” en las clases medias-bajas y bajas. Si el 60% de los jóvenes “ni-ni” están concentrados en 11 barrios de contexto bajo y el país se “reproduce” allí, el problema solamente puede empeorar si no se empiezan a hacer las cosas bien. Y no parece el caso. La “Ley de Educación”, votada hace dos años por el partido de gobierno, es criticada hasta por quienes la votaron. Existen propuestas pero no hay un consenso para llevarlas a cabo. Uno de los motivos es el poder que la ley le brindó a las “corporaciones docentes”. Casualidad, si se quiere decir así, esas mismas que son las primeras con ideas estancadas de otro tiempo.

El mito por el que se creía que el problema era de Secundaria se cae a pedazos. Obvio que en Secundaria hay problemas de todo tipo. Incluso algunos que las autoridades quieren ocultar prohibiendo a la prensa tomar “imágenes” de la situación edilicia de los centros de enseñanza. Además, no se puede entender que en una sociedad en la cual somos todos uruguayos tengamos una diferencia de oportunidad de 1 a 18 con relación a poder terminar la educación media o secundaria. No hay posibilidad de integración en una situación como ésta.

Sin embargo, como decíamos, es falso que los problemas de la Educación sean solamente de la Enseñanza Secundaria. En Primaria egresan en números respetables, y similares a los de otros tiempos, simplemente por la “inclusión” que las autoridades han establecido. ¿Qué significa eso? No importa si un niño no sabe leer o escribir su propio nombre, como afirmó la Directora del Bauzá Graciela Bianchi, va a llegar a Secundaria. Y la misma idea ya fue llevada al resto del sistema. Por ejemplo, y como colmo, la Universidad de la República acaba de “flexibilizar” los requisitos para ingresar a esa casa de estudios.
           
Entonces, si analizamos nuestra realidad detenidamente, nos damos cuenta que todos somos un poco responsables de la situación actual. Algunos por acción y otros por omisión. Los ciudadanos somos responsables por no exigir los cambios que son impostergables. Por no preocuparnos, hasta cierta medida, en el “todos”. Somos responsables hasta por no entender que la mejora de la sociedad radica en la mejora de todos los individuos en particular.

Sin embargo, el sistema político es el mayor responsable. Los políticos son quienes deben tomar las decisiones para el cambio. Y si el cambio no viene, o es contraproducente como en el caso de la “Ley de Educación”, aún son más responsables. Y si es un país la Educación, la Seguridad y, hasta, la Salud son problemas, la responsabilidad del sistema es enorme. ¿Por qué? Simplemente, porque significa que el Estado no está cumpliendo con sus deberes. Con aquellos por los cuales firmamos el “contrato” por el cual decidimos conformar una sociedad como el caso de la uruguaya. Y los gobiernos últimos son aún más responsables porque tuvieron todas las herramientas necesarias para lograr los cambios.

El problema es grave, no hay duda. No obstante, lo que lo hace aún más grave es que las posibles soluciones están a la mano. En todos los ambientes se manejan innumerables posibles soluciones. Sin embargo, no se logra echar mano a las mejores y ponerlas en práctica. Existen ejemplos de otros países y ciudades que tenían problemas similares y los han podido superar.  El tiempo pasa, la situación se agrava, y seguimos sin exigir los cambios necesarios. No sigamos mirando al costado porque ya vimos que la “bomba” puede explotarnos en la cara en cualquier momento…
               
 

viernes, 15 de julio de 2011

Aratirí, Interpelación y Después



Ya se acallan los ecos de la “triple interpelación” que ocurrió hasta hace unas horas en la Cámara de Diputados. Entre la molestia de la Oposición por el “recreo anti-informativos” llevado adelante por Baraibar y el Frente Amplio y el voto de una declaración que avala como “satisfactorias las explicaciones de los Ministros interpelados” que fue votada por el Oficialismo y el Partido Independiente, la maratónica sesión no dejó nada nuevo. Por eso, en la intención de arrojar luz sobre un tema que atañe a todos, me propongo concentrarme en algunos de los puntos, a mi entender, han estado por fuera del inconcluso debate sobre la Minera Aratirí…



Para empezar sería bueno tener una mínima idea de lo qué es realmente la “Minera Aratirí”. En realidad, para ser claros, estamos hablando de la “Minera Zamín Ferrous” de India. La misma tendría varios proyectos mineros en Africa y América del Sur. La empresa Minera Aratirí llegó a nuestro país en 2007, para realizar trabajos de prospección, exploración y explotación del suelo en Durazno, Cerro Largo, Florida y Treinta y Tres. La empresa está terminando los estudios para conocer la cantidad y calidad del hierro, que se encuentra en campos ubicados en las inmediaciones de Pueblo Valentines, Cerro Chato y Paraje Las Palmas. Si todo sale como se piensa, la inversión, si la calidad y cantidad del hierro la hace “viable”, está estimada en 3.000 millones de dólares con una producción mínima de 10 millones de toneladas anuales. La intención de Aratirí es exportar 18 millones de toneladas anuales de hierro a China, fundamentalmente destinado a la industria siderúrgica, con una explotación de 30 años.



La zona utilizada por la minera Aratirí cubrirá, en funcionamiento, una extensión de 11.500 hectáreas y la empresa se reserva el uso de 120.000 hectáreas para actividades de prospección y exploración. Los departamentos de Treinta y Tres, Florida, Durazno y Cerro Largo se verán directamente afectados, además de Lavalleja y Rocha, por donde pasará el minero-ducto que llevará el hierro hacia un puerto que se construirá en La Angostura, próximo al balneario La Esmeralda.



Este proyecto, que sería la inversión más grande de la historia económica nacional, incluye la explotación de cinco minas: Uría, Morochos, Mulero, Maidana y Las Palmas. La más grande es Uría, con 3 kilómetros de largo, 600 metros de ancho y 350 de profundidad. Además, se prevé la construcción de una represa de relave, de unas 2.400 hectáreas y de una represa de agua de 250 hectáreas. Solamente para desarrollar esta parte el proyecto, se estarían invirtiendo 2.000 millones de dólares. Otros 1.000 millones de dólares serían destinados a la construcción de un minero-ducto de 230 kilómetros de largo y que ocuparía unas 1.100 hectáreas, un acueducto y una terminal portuaria en la costa atlántica para la salida del mineral. Aratirí, o su grupo inversor dueño, ya están buscando un socio que compre el 49% del proyecto para hacer posible la tan costosa inversión que se proyecta. Aún, cuando en un principio, al propio gobierno nacional se le negó la necesidad de buscar otros inversores para el proyecto. Sin embargo, el gobierno nacional no ha pensado en esta búsqueda de la empresa como la puerta para asociarse al proyecto y permite que las acciones sigan a la deriva.



Se estima que la construcción de todo el proyecto llevaría unos dos años y durante la fase de construcción emplearía directamente a entre 2500 y 4000 personas, mientras que en la fase operativa, para el funcionamiento en sí mismo de la empresa, se emplearían directamente a unas 1100 personas y se podrían generar cadenas productivas y trabajos indirectos por entre tres y diez mil. Ese es el incentivo para el Uruguay.



            Un detalle importante para entender cómo Aratirí ha logrado tanto interés del gobierno nacional, además de los números económicos, es la cabeza que ha elegido la empresa para el proyecto en nuestro país. El Ing. Fernando Puntigliano es el “country-manager” de Aratirí en Uruguay. Cuando la empresa llegó a Uruguay, en 2007 y durante el gobierno del Dr. Vázquez, el destacado técnico era el Presidente de la Administración Nacional de Puertos. Bien valorado, por propios y extraños en política, por su trabajo en el relanzamiento del Puerto de Montevideo, sorprendió cuando anunció que dejaba el ámbito público para el segundo mandato de la izquierda y pasaba a desarrollar tareas “en un emprendimiento que cambiaría el país para siempre”. Y parece que para nada mentía cuando hizo ese tipo de declaraciones.



            Más allá de todo ello, la interpelación de ayer, que intentaba traer “luz” sobre el proyecto, quedó en la nada. Hubo preguntas de la oposición, pero las respuestas fueron pocas, largas y sin el contenido necesario realmente. Los tres Ministros demostraron buena predisposición al concurrir, pero no tanta al explicar. Todo está en veremos, como dice en propio Puntigliano, hasta que la empresa no termine de definir si es viable o no la inversión. Hasta el nuevo Código Minero está en veremos, esperando la ratificación final por parte del Parlamento. Con suerte, la misma llegará a fines de año.



            No obstante, la interpelación fue criticada desde tiendas oficialistas. El propio Presidente Mujica le destinó parte de su audición radial. En la oportunidad, el mandatario atacó a la oposición, como lo hace cuando no le gusta el posicionamiento de la misma, al decir que: “…hoy hay una inusitada convocatoria de tres ministros. Si esto no es poner palos en la rueda no sé qué es poner palos en la rueda. No tengo recuerdo nunca de una convocatoria tal por algo que está a estudio. Hubiéramos precisado una participación nacional, pero no fue por actitudes nuestras que no se dio”.



            La interpelación fue llevada adelante por el Diputado Gerardo Amarilla, riverense con título en derecho y post-grado en derecho ambiental, y con las intervenciones de gran parte de los legisladores opositores, tuvo momentos únicos. Por ejemplo, la sesión se terminó desarrollando en la madrugada luego de la jugada política del oficialismo, a la que llamaremos “anti-informativos”, que se efectivizó en un cuarto intermedio entre las 19 y las 21 horas. Sin embargo, en la misma no se tocaron al menos tres, pueden ser más, de los puntos más importantes relacionados con este proyecto.



            Si bien muchos hablan de la “nacionalización del hierro”, como lo declara en los medios el Diputado José Carlos Cardoso, Herrerismo-Partido Nacional, la misma es realmente un sinsentido. El hierro pertenece a la nación como lo declara expresamente el artículo 4º del actual Codigo Minero. Lo que se quiere es la “estatización de la explotación hierro” como existe para el petróleo en el artículo 5º del mismo.



            El primer asunto del que nadie habla, y que salió a luz pública en las declaraciones de hace unas semanas atrás del propio autor del código, el Dr. Juan Andrés Ramírez, a Radio Carve, en el programa “Cierre de Jornada”, es por qué al Estado no le conviene ni estatizar, ni llamar a licitación para la explotación del mineral. La razón sería que debería pagarle una importante suma de dinero por daños y perjuicios a Aratirí, que fue el descubridor del yacimiento, si la misma no es la empresa que ejecute el proyecto. El Estado estuvo omiso, según Ramírez, al no hacer uso de la “reserva de la explotación”, con lo cual ahora tiene un “costo importante” no trabajar con Aratirí. Hasta licitar la explotación estaría vedado económicamente debido a este hecho.  De haber utilizado ese “derecho”, el Estado hubiera podido hacer una licitación internacional para la explotación en la cual solamente debería dar una “ventaja” a Aratirí por ser el descubridor original del yacimiento en cuestión.



De esta forma, la duda que quedaba a mucho sobre la obstinación del gobierno nacional en que Aratirí “salga o salga” tiene una explicación lógica. Es más, el asunto nos llevaría a 2007 y los años siguientes, la administración Vázquez podría ser la responsable de la incómoda situación actual del gobierno de Mujica. Y las respuestas a las preguntas también deberían venir de las autoridades de aquella época.



El segundo punto al que me quiero referir, que si está más en boga en los medios y el Parlamento pero no manejado de una manera “científica”, es el asunto del Canon que Aratirí deberá pagar al Estado durante los años que dure su explotación del hierro. En este punto queda mucho por entender y saber. El actual Código Minero, y su decreto reglamentario, expresan:



“El porcentaje del Canon de Producción será:



A) Para los yacimientos de la Clase III


a) Para los primeros cinco años de explotación: 5%. Este
porcentaje se compone de: un 2% de Canon estatal y un
3% de participación para el propietario del predio
superficial.


b) Para los años siguientes será del 8%, que se
compone de: 3% de Canon estatal y un 5% de
participación para el propietario del predio superficial.”



Sin embargo, en las modificaciones presentadas por el Poder Ejecutivo, aún a consideración del Parlamento, el inciso b) desaparece, y queda establecido como Canon Fijo el que esta detallado en el inciso a). De esta forma, al Estado, por aproximadamente 30 años, le quedará el 2% de lo que facture Aratirí. El otro 3% es para los dueños de los predios en los que se desarrolle el proyecto minero. Además, en el nuevo código, se le impondría a la empresa la obligación de destinar para el mercado interno, a precio FOB, o sea, valorados en puerto de salida, el 15% de lo que anualmente sea producido por el emprendimiento. Lo que se busca con ello, podría pensarse, es que el proyecto permita establecer algún tipo de “industria siderúrgica nacional” al asegurar un porcentaje fijo de materia prima para emprendimientos afincados en el país.



            La pregunta que todos se deben estar haciendo es si es justo el Canon que pagaría Aratirí en función de los riesgos ambientales a los que podría enfrentarse el país ante la minería a cielo abierto que propone la empresa. Hace una par de semanas el Economista Ambiental Marcelo Caffera hizo declaraciones al Semanario Brecha sobre la futura minera en las cuales ingresa a este espinoso tema. “…En mi opinión la pregunta fundamental no sería minería sí o minería no. A mi juicio, arriesgado de nuevo, la pregunta fundamental sería más bien: ¿Cuánto le vamos a cobrar de canon a la minera que explote ese yacimiento de hierro y cómo vamos a distribuir lo recaudado?..”.



            El profesional aclara que existen, por lo menos, tres impactos ambientales que el proyecto trae consigo: 1) desaparición de 6210 hectáreas de suelo, por lo menos, que tienen valor productivo y como ecosistemas; 2) desaparición de algunos quilómetros de costa por la construcción del puerto en Rocha; 3) el uso, impacto o desaparición, no hay estudios sobre el tema, en reservorios de agua en la zona afectada. Existirían ciertos beneficios como la creación de nuevos reservorios acuáticos artificiales. No obstante, al día de hoy no existen estudios económicos-ambientales que permitan establecer en “plata” lo que significarían éstas externalidades o impactos ambientales.



            Por todo lo anterior, no hay forma de saber si es justo el canon propuesto. Si se puede establecer que difícilmente el “Canon Justo” haga inviable económicamente el proyecto. Ni siquiera dando por cierto lo que dice el propio Caffera: “…me sorprendería que la internalización de los impactos ambientales haga el proyecto inviable desde un punto de vista económico. Esto por el valor, la cantidad y la calidad del hierro en cuestión…”. De esta forma, el profesional concluye: “…no debemos descapitalizarnos… Explotemos el hierro que heredamos. Pero invirtamos el capital…”. La decisión de cuánto cobrar de canon es política. Y esa debería ser la pelea a dar en el Parlamento. Debemos lograr un “Canon Justo”, más allá de las posibilidades futuras de desarrollo económico que podrían surgir a partir del hierro.



            Por último, por lo menos por ahora, el tercer punto al que, si bien ha sobrevolado el ambiente, no se le ha hincado el diente es el tema del después. Si, aunque parezca absurdo, el después. ¿Qué hacemos con el resultado de la explotación del hierro en materia de destrucción? Los Ministros durante la interpelación dijeron que está prevista una reconstrucción paisajística del terreno ya que la reparación es inviable. Sin embargo, en ningún lugar aparece escrita tal obligación de la empresa. Menos aún, por lo pronto, está previsto de qué manera la empresa deberá reconstruir el paisaje de la zona en cuestión. Este asunto es tan importante como los anteriores porque es lo que vamos a dejar para las generaciones futuras que vivan en los alrededores de Aratirí.


            La interpelación, como todas en los últimos tiempos, no ha arrojado información relevante. Y no me preocupa por los políticos opositores. La realidad es que la interpelación es para informar también a la ciudadanía. A eso se negó, de alguna manera, el oficialismo al pedir un cuarto intermedio para que la interpelación no fuera el centro de los informativos centrales de televisión abierta. Poco me importa si así varios políticos se perdieron la oportunidad de aparecer en pantalla. El asunto es que así se prohibió a una importante porción de ciudadanos, los más alejados de la política y también los más humildes, de informarse de un tema que va a afectar a la sociedad uruguaya por mucho tiempo. Eso es lo que verdaderamente indigna de la medida. Igualmente, aún queda mucho tiempo por delante antes de conocer el final de esta novela. Esperemos que todos nuestros representantes estén a la altura de lo que la historia está poniendo en sus manos...

viernes, 1 de julio de 2011

Mujica y su Plebiscito Consultivo



El Presidente Mujica ha visto como su gobierno no ha sido lo que él seguramente se había imaginado. No era tan fácil gobernar, y menos para una persona con el carácter de él. Su capacidad para generar notas periodísticas, que antes le daban notoriedad al candidato, ahora solamente aviva diferencias en el propio seno del Frente Amplio. Ni hablemos de las críticas sistemáticas que se producen desde la oposición. Una prueba más es la idea-proyecto de crear la figura del “Plebiscito Consultivo”, que el propio mandatario en el día de ayer volvió a defender, sobre los temas más importantes que enfrente el país en el futuro como el caso de la Minería Aratirí. Muchas cosas se han escrito sobre el caso puntual de la minera, sobre su pertinencia política y jurídica de la misma o sobre la verdadera intención del mandatario con ese proyecto. Sin embargo, poco se ha escrito sobre las consecuencias de la misma en el futuro político de nuestro país si llega a aprobarse un mecanismo de consulta de ese tipo…



            El tema del “Plebiscito Consultivo”, como decíamos, tiene varias aristas. La idea tiene algunas objeciones desde lo jurídico, lo procedimental y lo político. Sobre lo jurídico, nuestra Constitución consagra en su Artículo 79 “…el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo…”. El otro mecanismo de democracia directa es el Plebiscito, que solamente permite a la población aceptar, o no, una modificación a la Constitución. Ante esto, debemos preguntarnos si la ley puede establecer un mecanismo de este tipo que Constitución no. Algunos de los más importantes catedráticos han mencionado que si se hiciera por ley, no sería vinculante, es decir que sólo permitiría consultar a la población sobre determinado tema pero esa decisión no tendría efectos de ningún tipo por sí sola.



            Más allá de lo anterior, el tema político no ha sido abordado en toda su extensión. Se ha dicho que “…El presidente debe gobernar, para eso lo eligió la gente, no para convertirse en encuestador. Hace falta liderazgo desde el Poder Ejecutivo…”. Se puede coincidir o no con la crítica, en este caso, y eso depende de cada uno. Sin embargo, el defecto que tiene la crítica es que deja de lado el mayor problema que la idea de Mujica puede traer consigo: el efecto sobre la “Calidad de la Democracia”, o dicho de otra manera, sobre el Estado de Derecho y la Democracia Representativa. Y ese riesgo ya tiene nombre para la academia: “Democracia Delegativa”.



            La “Democracia Delegativa” nace del trabajo teórico que ha desarrollado Guillermo O´Donnell sobre la Democracia en América Latina en los últimos veinte años. En el mismo se propone definir el surgimiento de una nueva “especie” de Democracia. Esa nueva “especie” expresa y establece una manera de concebir y ejercer el poder político que ha sido la elegida, por lo menos, por algunos Presidentes sudamericanos, en principio, y que suele ser compartida, al menos temporariamente, por importantes franjas de la ciudadanía de sus países. El autor señala muchos casos, desde Menem y Fujimori en los noventa hasta los más actuales de Chávez, Morales, Correa y la propia Cristina Fernández de Kirchner, que busca su reelección en octubre próximo.



            Para el autor, la “Democracia Delegativa” se basa en construir, mediante elecciones limpias, una mayoría que permita a alguien a convertirse, durante un determinado número de años, en principio, como la encarnación e intérprete de los intereses de la “nación”. De acuerdo con esto, otras instituciones, entre ellas los otros Poderes del Estado, los Tribunales de Justicia y el Poder Legislativo, constituyen simples obstáculos a las políticas del Presidente. La rendición de cuentas a dichas instituciones aparece como un mero impedimento a la plena autoridad que el “pueblo” le ha delegado al Presidente, la cual no cesa hasta que se elija un nuevo “líder”.



            Más allá de ello, la Democracia Delegativa es democrática, por lo menos, por dos razones: “legitimidad de origen”, ya que es hija de elecciones razonablemente limpias, y por la “supervivencia de libertades políticas básicas”, con salvedades, por lo pronto en el largo plazo. A su vez, la Democracia Delegativa es fuertemente mayoritaria, postulando el autor la influencia que tiene la tradición propiamente democrática en las democracias modernas, lo que conlleva a que, a través de las elecciones, se busca instituir un Presidente que se arroga el monopolio de la interpretación de las necesidades de su “pueblo” o “nación”. Esto se refuerza a partir del discurso del mandatario, o su entorno, con la concepción por la que la elección ganada da al gobernante el derecho, o más aún la obligación, de tomar todas las decisiones que mejor le parezcan para el país, sujeto sólo al resultado de las futuras elecciones, mientras las mismas no sean “retocadas”.



            De la misma manera, para el autor, la Democracia Delegativa es menos republicana y liberal, las otras dos tradiciones que confluyen en las democracias modernas, que la Democracia Representativa. Esto conlleva a no respetar los límites, constitucionales o legales, entre los distintos Poderes del Estado. Como consecuencia de la auto-concepción, del Presidente, entorno y seguidores, sumada a las prácticas de poder resultantes, se termina por considerar como estorbo inaceptable la “interferencia” de instituciones que ejercen controles sobre el Poder Ejecutivo. Se incluye aquí a los poderes Legislativo y Judicial, así como otras instituciones de “rendición de cuentas”. Dicha percepción lleva al Presidente y su fuerza política a desarrollar esfuerzos por anular, cooptar y/o controlar las instituciones que puedan controlar su accionar.



            A estas alturas, seguramente, alguien se está preguntando que tiene que ver esto con el gobierno de Mujica y su accionar. Justamente, por eso el comienzo, es un camino que se empieza a recorrer lentamente. Un “Plebiscito Consultivo”, cómo el mismo lo llamó, es una de las primeras herramientas que se utilizan para saltearse las instituciones democráticamente establecidas. No me crean a mí, piensen en los casos típicos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, todos ellos han instaurado un mecanismo de este tipo en los últimos años. Y antes lo habían hecho Argentina y Perú con Menem y Fujimori.



            El sistema no es malo porque no sea democrático, al contrario. Es malo porque se intenta imponer las decisiones del Presidente, o las que él avale, a través de mayorías circunstanciales y desconociendo a otras instituciones, en algunos casos otros Poderes del Estado. El Estado de Derecho, por lo menos el que hoy conocemos en Uruguay, posee una de las mejores combinaciones de las tres vertientes de una Democracia moderna. Es democrático, republicano y liberal, a veces por demás, pero mantiene un equilibrio y un contrapeso que se envidia en otras partes. Sin embargo, la necesidad de legitimar decisiones muy complejas que se tienen que llevar adelante en estos momentos, estaría obligando a este gobierno a olvidarse de ello y embarcarse en una aventura de resultados impensados, por lo menos en Uruguay.



            Hay quienes en este momento, supongo yo, se preguntaran sobre el tema de la Ley de Caducidad. ¿No fue una mayoría la que decidió mantener la Ley? ¿No estamos ante una mayoría que atenta contra lo liberal de nuestra Constitución? Puede ser. Pero la decisión de introducir los mecanismos de democracia directa se tomó en forma debida, hablando jurídicamente, y con el fin de introducir más procedimientos republicanos en nuestra Constitución. Los mecanismos de ese tipo, que ya existen, fueron introducidos respetando los límites lógicos entre lo democrático, lo liberal y lo republicano de nuestro Estado de Derecho. Una cosa es recurrir una Ley votada por el Parlamento, otra cosa es pretender una particular Reforma Constitucional, y otra cosa, totalmente distinta, es pasarse por encima a los demás Poderes de Estado y definir por una votación ciudadana un tema porque se duda que los organismos de control lo permitan.

                                                          

            Más allá de lo anterior, que ya es bastante preocupante, existen otros indicios que muestran que la situación se está poniendo muy compleja y demasiado rápido. La Ley de Caducidad y sus efectos son un “mal”, a los ojos del Presidente, que no han podido asumir. Ahora, a falta de Semproni en Diputados, se precipitan a decretar la revocación de todos los actos administrativos relacionados con la misma de un plumazo. Sin embargo, la decisión no es la que pintan los medios. Mujica, hábil para sacar las manos del fuego, envía la responsabilidad de decidir si el decreto efectivamente reabre las causas de DD.HH. a la Suprema Corte de Justicia. Una jugada perfecta para la tribuna frenteamplista, de los organismos de DD.HH y de Corte Interamericana, pero que pone en un brete a la SCJ. Ahora, lógicamente, todos los interesados en la “revocación” desfilarán continuamente como forma de presión por la Suprema Corte.         



            Parece lejano el riesgo que les comento en esta nota me dirán, capaz que es verdad. No obstante, es en estos momentos en que se ven los primeros riesgos que vale la pena advertir para que no suceda lo que pienso, espero tener razón, nada quiere para el Uruguay. Acepto las críticas que vendrán si con eso mejoramos el debate de este tema que me parece crucial para las próximas décadas…