En el Uruguay post-democrático, o sea si tomamos el período que empieza en 1985, se han llevado adelante numerosas iniciativas de Democracia Directa. Todas ellas fueron criticadas por quienes estaban en su contra y alabadas por sus impulsores. Sin embargo, por lo menos en lo que he estudiado, nunca una iniciativa de este tipo fue atacada desde los medios periodísticos, los círculos académicos y casi todos los frentes políticos. En este artículo vamos a entrar en cada uno de los argumentos, su naturaleza, su calidad o su veracidad, que esos sectores esgrimen, las realidades, los slogans, las respuestas y todo lo que tiene que ver con un tema muy jugoso para analizar.
La Democracia Directa, guste o no, es un conjunto de mecanismos que tiene una larga historia en el Uruguay. Desde 1919 en el caso del Plebiscito y desde 1967 en el caso del Referéndum, el Uruguay es caso de estudio, a nivel mundial, por el uso de dichos mecanismos y sus efectos en el sistema de partidos y en la estabilidad del régimen político. La razón, fundamentalmente, se centra en que en un país con alta institucionalización del sistema de partidos, existe la “necesidad”, en algunos sectores políticos y sociales, de poner a consideración de toda la ciudadanía, ciertos temas que ya fueron resueltos por sus legisladores o ni siquiera están en la agenda del Parlamento.
Más allá de todo ello, en el Uruguay se está empezando a gestar una “campaña” generalizada contra estos mecanismos. Desde un ex–Presidente, que haciendo gala de posiciones conservadoras o neo-liberales, sentencia que las mayorías no tienen razón, por lo menos algunas veces, y por eso hay que desoírlas; hasta algún referente periodístico, también los hay políticos con posturas similares, que entiende que si una iniciativa de reforma constitucional, a través de la iniciativa popular, para determinado tema, demoraría cuatro años en ser ratificada, o no, por la ciudadanía no tiene razón de ser; parece comenzar a esbozarse un intento por deslegitimizar mecanismos consagrados constitucionalmente y con profusa historia en la realidad política de nuestro país. No es necesario mencionar aquí, pienso yo, que los mismos que hoy cargan contra ellos, supieron hacer uso, y abuso, de esos mismos mecanismos en el pasado reciente.
A tal punto es la “campaña” que se está gestando, que hoy parece un “pecado político” utilizar dichos mecanismos. Hoy se habla de “oportunismo”, “engaño”, “manipulación”, por su utilización. Tan fuerte es el “enchastre” de la cancha que han logrado que sienta decepción por la mayoría de los referentes políticos y periodísticos de mi país. A tal punto, que me propongo dejar de lado mi postura personal ante el tema de la reforma constitucional impulsada por el Partido Colorado, con Vamos Uruguay a la cabeza, y hasta la que poseo directamente sobre los mecanismos de Democracia Directa. Por las dudas, para que no queden dudas, voy a dejar claro mis posturas ante ambos temas: Primero, no estoy de acuerdo con la “baja de la edad de imputabilidad”, y las demás acciones propuestas, a través de una iniciativa de reforma constitucional. Segundo, estoy convencido que los mecanismos de Democracia Directa son legítimos instrumentos pero que deben ser legalmente bien establecidos, de forma de poder eliminar su utilización demagógica, la que puede llegar a poner en serio riesgo la estabilidad política y la calidad de la Democracia de cualquier país.
Para poder presentar de mejor manera un análisis tan complicado, estudiar los argumentos en contra de la campaña colorada en función de la defensa de los mecanismos de democracia directa y su utilización en este caso concreto, voy a utilizar como contrapunto una nota publicada en su momento por el periodista Gerardo Sotelo en varios medios. Como lo hice anteriormente, en algún otro artículo, voy a transcribir el texto elaborado por Sotelo oportunamente, y, dentro del mismo, encontrarán una serie de números que los va a llevar a mis comentarios al final de ese texto. Aclaro que utilizo la nota periodística de Sotelo por contener en pocas líneas la gran mayoría de los argumentos contrarios a la iniciativa, utilizados por políticos, periodistas o politólogos, que terminan por desprestigiar los mecanismos de Democracia Directa.
“…Pongámoslo así: el senador Pedro Bordaberry y Vamos Uruguay creen que bajando la edad de imputabilidad penal se va a lograr abatir la delincuencia. (1) Por eso recorren el país procurando juntar las firmas suficientes como para someter el tema a la consideración ciudadana en el año 2014. Como se ve, la iniciativa no resulta sostenible ni siquiera en su mejor versión. (2) Para el derecho positivo uruguayo, la edad de imputabilidad penal no está en los 18 sino en los 13 años. (3)
El problema con los menores que delinquen no es que sean inimputables sino que la privación de libertad la cumplen en lugares de donde se fugan con facilidad, para volver a las calles a delinquir. (4) De prosperar la iniciativa de Vamos Uruguay, esos trescientos jóvenes irán a la cárcel, donde ya malviven unos nueve mil mayores que no parecen estar reeducándose sino profundizando su marginación y su resentimiento. (5) Cuando salgan en libertad, en cuatro o cinco años, habrán acumulado suficiente humillación y pasta base como para reaparecer en las calles para delinquir con más violencia. Ni reeducación, ni disminución de la delincuencia, ni nada de nada. [Esta última parte aparece en “El País Digital” pero fue borrada en la versión de “Montevideo Portal”]
Sobre este y otros tópicos referidos a la minoridad infractora, existe un acuerdo interpartidario desde hace un año, del que participaron y al que avalaron con su firma los representantes colorados. (6) Si bien no se promueve la rebaja de la edad de imputabilidad penal porque esta ya se encuentra en los trece años, ni se le da autonomía al Instituto de Rehabilitación a crearse, buena parte de las iniciativas planteadas por Vamos Uruguay en la recolección de firmas ya han sido laudadas y serán próximamente puestas en práctica. (7)
Un tema tan delicado como este ameritaría otro tipo de iniciativas políticas, acaso unas que se correspondan con la sensación de urgencia y gravedad con que lo vive la ciudadanía, expresada en el éxito que está teniendo la recolección de firmas. En caso de triunfar en las urnas, la "solución" de los colorados no llegará hasta dentro de cuatro años. (8) Si para entonces los defensores de la rebaja de la edad de imputación penal van a ser mayoría, podrán presentar en el Parlamento un proyecto de ley que rebaje lo que ya está rebajado en la legislación actual.
La realidad indica que ya están en curso medidas institucionales y legislativas consensuadas por los actores políticos (9), que vacían de contenido la iniciativa de Vamos Uruguay en la media que apuntan a los temas de fondo: mejorar la seguridad de los centros de reclusión que alojan a los menores, modificar algunos aspectos del Código de la Niñez e intentar ofrecerles algo parecido a una oportunidad de vivir una vida provechosa.
¿De verdad creía Bordaberry que iba a movilizar a los militantes colorados en todo el país ante el silencio o la complicidad de sus competidores? ¿Alguien puede suponer que el líder colorado y sus compañeros de Vamos Uruguay son así de ingenuos? ¿No? Entonces, debemos revisar la hipótesis del primer párrafo y preguntarnos qué fue lo que motivó al sector encabezado por Bordaberry a juntar firmas durante los tres años y medio que nos separan de las próximas elecciones. Si fue el estatus jurídico del 5 por ciento de los delincuentes (el 95 por ciento restante son mayores) (10) o la intención, legítima pero soterrada, de movilizar a los colorados y captar voluntades ciudadanas atrás de una iniciativa que no conduce a ninguna parte y que no resulta fácilmente sostenible ni siquiera en su mejor versión…”.
(1) Es de extrema ingenuidad utilizar el argumento por el cual “una medida que no resuelve todos los problemas no debe ser tenida en cuenta”. Con ese sentido es tonto poseer todo un Código Penal porque el mismo no permite lograr que se abatan los delitos. Además, si se logra mantener recluidos a quienes cometen los delitos, por lo menos ellos no cometerán otros durante ese período. Será tema de otras medidas atacar la “generación” de nuevos delincuentes.
Además, la reforma que se propugna, más allá de estar de acuerdo o no, contiene claramente tres iniciativas diferentes: Baja de la Edad de Imputabilidad; Creación del Instituto de Rehabilitación y Mantenimiento de los Antecedentes.
(2) Hasta ese momento no queda claro que es lo que se ve. Existe solamente una versión de reforma, que es la que reza en las papeletas en las que se “reúnen” voluntades que respaldan la iniciativa como lo indica expresamente la Constitución. Con qué derecho Ud. define que llevar adelante una iniciativa de este tipo es indefendible. Tiempo atrás un dirigente tupamaro supo decir que se juntaban firmas “para mantener a la barra” en movimiento y pocos se rasgaron las vestiduras contra tal acción.
(3) En realidad, lo que existe entre los 13 y los 18 años en un Código Penal Juvenil, más benigno que el de Adultos, que establece que la pena máxima es de 5 años pero que ni siquiera establece para que delitos, ni tampoco su ampliación en caso de reincidencia. Además, las penas de privación de libertad son las últimas que debe aplicar el Juez, sin importar en teoría, la gravedad del delito. De esta forma, en los casos de “rapiña” o “extorsión” no sería descabellado que el juez entregue a los menores a sus padres como una única medida disciplinaria.
(4) En algunos casos, públicamente conocidos, la razón por la que pudieron volver a cometer delitos fue lo benigno de las normas y no las “fugas”, las que si se dan en otros muchos casos, cuya responsabilidad debe ser achacada a la ineficaz gestión del INAU y el Ministerio del Interior.
(5) Nuevamente se utiliza un argumento falaz. La situación de reclusión de hoy es resultado de malas gestiones, de antes y actuales, que llevan a esa situación tanto a los reclusos mayores como a los menores infractores. Esa es una razón para separar los menores infractores del INAU y de las Cárceles que se encuentran bajo a la órbita del Ministerio del Interior, como propone la reforma. Desde mi punto de vista, deberían ser todos los menores en esa situación, o por lo menos los mayores de 13 años, los que sean rehabilitados en una institución de ese tipo, y esa sí debería ser una crítica a la iniciativa y no falsedades.
(6) Justamente, como dice Ud. mismo, hace más de un año que estaría el acuerdo pero recién ahora, cuando la iniciativa ya está en marcha, se vería de aprobar algunas normas, aún contando con mayorías legislativas desde seis años atrás. Ni siquiera en la Asamblea General convocada para este tema se pudo votar alguna medida concreta. Cuando el gobierno de Batlle eliminó los artículos referentes a ANCEL del Presupuesto, nadie dijo que los impulsores de la recolección de firmas para su eliminación habían hecho un esfuerzo en vano. Fue su esfuerzo, estando de acuerdo o no con él, el que llevó a eliminarlos.
(7) Esto es por demás discutible. Si el acuerdo mantiene los antecedentes hasta los 23 años y se crea un organismo dentro del INAU, es difícil sostener que las iniciativas de reforma se “vacían de fundamentación”. Perfectamente, los impulsores, y los firmantes, pueden entender que “parecido no es lo mismo”. Termina siendo un ataque a los mecanismos de democracia directa y no a la iniciativa en cuestión, lo cual es por demás grave.
(8) El mecanismo de reforma constitucional por iniciativa popular, establecido constitucionalmente valga la redundancia, establece que, de lograr las firmas requeridas, la iniciativa será puesta a consideración del cuerpo electoral en las próximas elecciones nacionales. No obstante, al mismo tiempo, establece que por acuerdo parlamentario, el plebiscito puede ser adelantado, cuanto se quiera.
Esto mismo sucedió en 1994, en el caso de la “Mini-Reforma”, que si bien no reunía la aceptación de todo el sistema político, la unanimidad de los parlamentarios decidió separar su plebiscito de las elecciones de 1994. La razón era no caer en los problemas vividos con la votación en las elecciones de 1971, y el voto por el sistema vigente y por el sistema proyectado. Siguiendo su pensamiento, se debería abolir los mecanismos de Democracia Directa porque siempre podrían suceder situaciones como las que se denuncian.
(9) La realidad no marca lo que Ud. estaría observando. Lo remito nuevamente al punto (7). Aquí valdría la pena pensar si los defenestrados “contenedores” son la solución a la que Ud. apela como ejemplo. O sería en su conjunto la ineficaz gestión de los Directorios del INAU de un tiempo a esta parte.
(10) Primero, según los números del Ministro Bonomi, ese 5% de los delincuentes cometen el 46% de las rapiñas. A su vez, ese 5% es responsable de muertes, violencia, extorsiones, y demás delitos considerados, y lo que se propone es consultar a la ciudadanía sobre su posición con respecto a cómo deben ser tratados sus delitos. Una Ley en este sentido lo fijaría, una iniciativa popular propone a la ciudadanía tomar postura simplemente. Nuevamente, sería oportuno saber quién establece que temas merecen ser tratados bajo los mecanismos de democracia directa, y los que no lo ameritan, ya que la legislación y la Constitución vigente no lo establecen, y no se hizo en el pasado.
[Con los números del Ministro también se puede pensar que el 5% de los delincuentes comete el 20% del total de los delitos, con lo cual la iniciativa en cuestión estaría atacando a una parte importante de los mismos. Asimismo habría que analizar qué cantidad de los delitos son cometidos por mayores, que en su momento fueron menores infractores, y se ven, al momento de cometer el primer delito como tales, beneficiados por la normativa vigente. O aquellos casos de un mayor con ya antecedentes como mayor pero que se ve beneficiado por no tener sumadas las anotaciones como menor a su prontuario.]
Otro argumento que está de moda contra la iniciativa es indicar que “bajar la edad de imputabilidad” está fuera de lugar. No obstante, es importante aclarar que los conceptos de “Mayoría de Edad” y “Edad de Inimputabilidad” han variado a lo largo de la historia, aquí y en el mundo, y a veces han sido coincidentes en una edad y otras tantas no lo han sido. Como mucho, en ese sentido, habría que discutir si la baja de dicha edad límite no debería verse acompañada por la aprobación de las correspondientes habilitaciones en otros ámbitos. Simplemente, y para ser claros, por aquello de a iguales derechos, iguales obligaciones. Sin embargo, eso es relativo también. Hay muchos derechos y obligaciones que los menores ya tienen antes de los 18 años, el ejemplo más claro es el “Casamiento”, y otros que, hasta hace poco tiempo, estaban situados aún por encima de esa edad, a los 21 años para ser exactos.
Por último, cuando todos los argumentos citados carecen de efecto, algunos quieren interpelar a Bordaberry sobre sus convicciones democráticas, haciendo foco en el plebiscito de 1980. Descalificar al adversario, de esta o de otra manera, es de una bajeza sin par. Sin embargo, lo que más pena da es que los mismos que hoy quieren charlar sobre las convicciones democráticas de Bordaberry en 1980, poco han hecho por aclarar las convicciones de otros referentes políticos, anteriores y posteriores a la Dictadura Cívico-Militar. Son bajezas como estas las que logran que alguien que no está de acuerdo con Bordaberry, tenga que salir a explicar el mecanismo y la iniciativa, aún a riesgo de parecer un defensor del político en cuestión o de la iniciativa.
Para muestra de mi postura particular ante un tema tan polémico como el de la "Minoridad Infractora" te invito a leer una nota anterior en este blog que tiene por título:
"Entre la Criminalización y la Inoperancia", que deja bien en claro mi posición y, al mismo tiempo, demuestra alguna que otra "variación" en la postura de otros participantes del debate actual.
