jueves, 24 de mayo de 2012

Un final imprevisible para todos

 
 

El domingo próximo serán las Elecciones Internas del Frente Amplio. De las mismas, saldrán proclamados, entre otros muchos cargos que están en juego, el Presidente y el Plenario Nacional de esa fuerza política. Más allá de los mensajes de unidad, todos los participantes de la elección son conscientes de la importancia que tiene su resultado para el futuro de la coalición de izquierda, el gobierno de Mujica y el sistema político uruguayo.





Más allá de desconocerse cuáles serán finalmente las facultades y los cometidos del futuro Presidente del Frente Amplio, saber quién será el sucesor de Jorge Brovetto al frente de la “izquierda nacional” parece ser la gran pregunta que se hacen todos en el ambiente político. Sin embargo, sin restarle importancia a la Presidencia, el verdadero centro de poder que está en juego el próximo domingo es el Plenario Nacional que, como se ha visto en los últimos años, es quien tiene la última palabra a la hora de definir los rumbos de la coalición.





Sin querer entrar a fondo con los sistemas electorales elegidos para dichos órganos de conducción, la realidad marca que la elección de Presidente de la coalición tiene su peso sobre la elección de los integrantes del Plenario Nacional, por lo pronto para aquellos integrantes que representarán a los distintos sectores. Como se sabe, en el caso de los representantes de los comités de base, tanto de Montevideo como del Interior, el peso del Partido Comunista  (PCU) y del Movimiento de Participación Popular (MPP) innegablemente supera al del resto.





Debido a ello, más allá de lo que cuentan las encuestas, quien gane la elección a Presidente difícilmente tendrá el respaldo de la mayoría del Plenario Nacional.  Por un lado, en los casos de Mónica Xavier, que representa al Partido Socialista (PS) y al “astorismo” o Frente Liber Seregni (FLS), y de Enrique Rubio, candidato de la Vertiente Artiguista (VA) y los grupos de Diego Canepá, Pro-Secretario de Presidencia, y Raúl Sendic, Presidente de ANCAP, sería necesaria una victoria aplastante en la Elección Presidencial para poder compensar la debilidad que tienen sus sectores políticos a nivel de los comités de base. Al mismo tiempo, debería suceder una catástrofe electoral del PCU y del MPP. Difícilmente estemos en un caso de esos.





Por el otro lado, en el caso de caso de Juan Castillo (PCU), que aparece último en todas las encuestas, la intención de su candidatura parece más bien reforzar la posición que su sector logra en los comités de base. Por último, Ernesto Agazzi (MPP) parece ser el único candidato, más allá de las dificultades para lograrlo dada la combinación de resultados que deberían darse el domingo, que podría aspirar a ser Presidente y a tener el respaldo de la mayoría de los integrantes del Plenario Nacional. Sería muy difícil pero no imposible.





De esta forma, quien resulte Presidente del Frente Amplio deberá generar consensos extra-sectoriales en el Plenario Nacional para imponer sus propuestas de cambio para el partido. Difícil reto tendrá el futuro mandatario teniendo en cuenta las diferentes posturas y las rencillas internas que se han dado entre los distintos grupos en el pasado no lejano. No obstante, no son las únicas condicionantes que tendrá el ganador en los próximos dos años.





Más allá de la estructura partidaria, y por distintas razones, el futuro Presidente del Frente Amplio tendrá que convivir con el peso de, al menos, dos figuras políticas de enorme peso tanto en lo partidario como en lo nacional. Para empezar, José Mujica será el Presidente de la República por casi tres años más. Por ello, parte de la relación partido-gobierno pasará por la relación que pueda establecerse entre el futuro Presidente del FA y Mujica. Más allá de las declaraciones, las diferencias políticas entre algunos de los candidatos y Mujica no harán fácil dicha situación para ninguno. Hasta en el caso que gane Ernesto Agazzi, impuesto por la denominada “barra del MPP” por sobre las preferencias de Mujica, existen razones para pensar que existen diferencias entre el sector y el Presidente, en distintos temas, como para que la coordinación sea todo lo efectiva que el gobierno nacional puede llegar a necesitar.





En segundo lugar, el peso político, en propios y extraños, que posee Tabaré Vázquez puede ser un problema, o no, para el próximo Presidente de la coalición. La poca simpatía que despierta la candidatura de Vázquez en el MPP, que sólo la aceptaría como forma de asegurar un tercer mandato al FA, complica el futuro en caso que ese sector político logre que Ernesto Agazzi sea Presidente y, a la vez, ese sector logre controlar una importante porción del Plenario Nacional. A su vez, si bien Enrique Rubio y Mónica Xavier, más allá de algunas diferencias, parecen candidatos mucho más cercanos al ex-Presidente, la necesidad de ampliar los respaldos que estos logren en el Plenario, podría llevar a la necesidad de un entendimiento entre Vázquez y el PCU. El mismo, casi seguro, tendrá importantes costos, en términos de condicionamientos de la izquierda más ortodoxa del FA, para la estrategia centrista que Vázquez deberá llevar adelante si pretende acceder nuevamente a la Presidencia.





Hagamos un ejercicio mental. Imaginemos, por un momento, la posibilidad, para nada descabellada, en la que Ernesto Agazzi (MPP) sea el Presidente del FA y que su sector logre, apoyado en el PCU, la mayoría del Plenario Nacional. A su vez, Mujica, apoyado por los nuevos sectores de Canepá y Sendic, se planta en una posición equidistante entre “la barra del MPP” y los sectores más moderados de la fuerza política. Por último, sumemos a Vázquez, ya en carrera por la Presidencia de la República en 2014, apoyado en los sectores moderados, en el que podría reunir al Partido Socialista, el “astorismo” y a la Vertiente Artiguista, presentándose como alternativa a la izquierda más ortodoxa pero alejándose de la gestión actual. ¿Es una locura pensar que los próximos tres años del gobierno de Mujica pueden ser aún más trabados y complicados políticamente que los dos años que acaban de cumplirse en marzo pasado?





La cantidad de posibilidades y variables a tener en cuenta es tan grande que es imposible resumirlas en este breve análisis. Sin embargo, sea este el escenario, o alguno de los otros muchos que pueden llegar a darse a partir del próximo domingo, la realidad es que en las Elecciones Internas del Frente Amplio se está jugando mucho más de lo que se está publicitando desde el propio partido o la prensa. Y el partido más importante se podría estar jugando en lugares en donde no se está haciendo foco, por lo menos hasta este momento.





Este lugar queda abierto para que todos hagan sus aportes, comentarios y críticas, a esta perspectiva. Y está abierto a todos, más allá de los frenteamplistas, que están atentos a las consecuencias políticas de una elección que seguramente marcará un mojón en el camino del Frente Amplio hacia la Elección Presidencial de 2014.



jueves, 23 de febrero de 2012

¿Para qué educamos?




Si uno analiza los cientos de problemas que aquejan al Uruguay del Siglo XXI, desde la mentada “Reforma del Estado” hasta “la Inseguridad”, se daría cuenta que hay un problema que es el “telón de fondo” de todos los demás: la Educación. Por ello, hace tiempo que desde todos los ambientes y sectores se reclaman cambios en ella. Sin embargo, pasa el tiempo, y hasta los “Acuerdos Multipartidarios”, y la situación en vez de mejorar empeora. A horas de finalizada una nueva instancia de reflexión y acuerdo entre los líderes de los partidos políticos, nos proponemos analizar la situación de la Educación en Uruguay.





                En el sistema político uruguayo renació el debate sobre qué hacer con la Educación. No es que antes no existiera. Simplemente, no era el principal que tenían entre manos nuestros políticos. Sin embargo, una seguidilla de informaciones, a cual más preocupante, sobre la situación de nuestra sociedad y su sistema educativo, terminaron por lograr que el problema volviera centro de atención.





                Uno podría pensar que el segundo plano que ostentaba la Educación era resultado del trabajo en silencio que realizaban las autoridades de la enseñanza, en base al llamado “Acuerdo Multipartidario” que se había firmado el 7 de junio de 2010. No era así.  Simplemente, casi nada de lo escrito estaba siendo realizado. Y no era resultado únicamente de la cooptación por parte de las corporaciones, a través de la “Ley de Educación” votada durante la Administración de Tabaré Vázquez, de los órganos de dirección de la enseñanza. Parte de la responsabilidad estaba en el propio acuerdo. Si uno se toma el trabajo de revisarlo, se termina dando cuenta que el mismo es una enumeración de buenas intensiones y vaguedades por lo  que era imposible que terminara dando resultados concretos.





                Entonces, era lógico, que en algún momento nuestros políticos volvieran su mirada nuevamente hacía el sistema educativo. Es así que desde hace un tiempo atrás, todos los líderes políticos de importancia presentaran un sinnúmero de propuestas sobre el tema. Sin embargo, no olvidando que otros movimientos políticos lo deben haber condicionado (¿?), el Senador Jorge Larrañaga lanzó un ultimátum que movilizó a todo el sistema político. Larrañaga declaró: “…El próximo 11 de octubre está previsto que concurran, a solicitud nuestra, en régimen de Comisión General al ministro de Educación y Cultura y al Consejo Directivo Central de la ANEP…Pretendemos provocar una vez más la instancia para que el gobierno tome nuestra idea de convocar a un gran acuerdo nacional sobre educación. También será la última vez que lo intentaremos. De no encontrar el eco que la problemática educativa merece, otras serán desde entonces las formas de relacionamiento que tendremos que tener…”.





Así el guante fue lanzado. Y los demás líderes opositores acompañaron la iniciativa. Hasta el Presidente Mujica recogió el guante y en Enero tuvimos un nuevo acuerdo. O eso parecía. Siempre está todo listo para “refundar la Educación” en el Uruguay. Sin embargo, si analizamos las propuestas que los partidos políticos han presentado y los aspectos que parece son parte de este nuevo acuerdo, nos daríamos cuenta que existe un pequeño problema que hace imposible que la situación tenga un cambio drástico en el futuro. Una sencilla pregunta, que debería ser anterior a todas las propuestas, y que es el origen de muchas de las diferencias entre los actores relevantes en la Educación, sigue sin estar en el centro del debate. En pocas palabras, sigue sin estar presente la pregunta: ¿Para qué educamos?


¿Para qué educamos?





Parece una pregunta fácil, pero no lo es. En realidad, si nos pusiéramos a hacer una Encuesta, habría una respuesta por cada habitante de este país. Entonces refinemos la pregunta: ¿Para qué el Estado se hace cargo de educar? Parece una pregunta tan fácil como la anterior. Es más, la respuesta todos la sospechamos aunque difícilmente llegaríamos a un acuerdo. Sin embargo, en realidad, seguimos sin llegar al fondo del asunto por no estar haciendo la pregunta correcta. La verdadera cuestión sería: ¿Para qué todos los ciudadanos de este país destinamos parte de nuestros ingresos para tratar de asegurarnos que todos los integrantes de nuestra comunidad reciban un(a) determinado nivel de Educación?


 


José Pedro Varela, al fundamentar su proyecto educativo, la ha respondido: “Para instituir la República, nos dice, lo primero es formar los republicanos; para crear el gobierno del pueblo, lo primero es despertar y llamar a la vida activa al pueblo mismo; para hacer que la opinión pública sea soberana, lo primero es formar la opinión pública; y todas las grandes necesidades de la Democracia, todas las exigencias de la República, sólo tienen un medio posible de realización: educar, educar, siempre educar”. La escuela pública, o Educación Primaria, la cual sirvió de modelo para el resto del sistema educativo que hoy conocemos, tenía en la mente de Varela una razón de ser justamente CIUDADANA.





Más allá del sinnúmero de reparos que podría realizarse a la idea de Varela, que se fundamentaba explícitamente en la erradicación de la figura del “gaucho”, la pregunta que realizamos tenía una respuesta en el pasado. No queremos dejar de plantear que, a pesar de la idea de Varela o nuestra propia postura, no falta quienes afirman que la Educación de ninguna manera es capaz de formar Ciudadanos, postura radicalmente opuesta a la nuestra.





Asimismo, unos 35 años después, José Batlle y Ordoñez fundamentaría la creación de los Liceos Departamentales de otra manera: “El Liceo tendrá por resultado inmediato perfeccionar el criterio y el nivel intelectual de la población entera, porque una enseñanza completa y racional estará gratuitamente al alcance de todos”.





De esta manera, los ciudadanos uruguayos entendimos que era lógico, y hasta necesario, que se destinaran grandes sumas del dinero de todos, o sea, de los impuestos, a la “formación” de los futuros ciudadanos, a lo largo y ancho de la república. En frases como las señaladas anteriormente, podemos empezar a encontrar un esbozo de respuesta a nuestra pregunta inicial. La misma, vendría por el lado de la necesidad de “equipar” a todos los ciudadanos con un “paquete básico” de saberes que les permitieran integrarse a la sociedad.





Dicha forma de pensar la Educación permaneció casi incambiada por largo tiempo, sobretodo mientras creíamos que éramos realmente diferentes al resto de América Latina en virtud de nuestra “cultura”. Sin embargo, a mediados de los sesenta, nuestro gran mito empezó a hacer agua por todos lados. Y así, sin grandes intentos por cambiar la situación, al menos no para mejor, la educación uruguaya siguió el lento e inexorable camino hacia el presente que todos conocemos y de la cual nadie está orgulloso.





Sin embargo, para ser justos con el “devenir de los acontecimientos”, debemos poner un alto en el año 1996. Es el año de la “Reforma Rama” y el último intento serio de cambiar la educación uruguaya. Y es algo que deben reconocer quienes la apoyan o la critican. Es el nacimiento de las “Escuelas de Tiempo Completo”, los “Centro Regionales de Profesores”, los “Planes de Estudio para Secundaria con estructura curricular por Áreas de Conocimiento”, etc.. Es el centro del debate hasta la actualidad cuando se habla de Educación en el Uruguay. No quiero entrar ni en su defensa ni en criticarla. Sin embargo, hay que reconocer que todos los actores políticos que supieron estar en contra, a diferencia de las corporaciones docentes de la educación, han comenzado a reconocer que el Plan 96 tenía sus aspectos positivos. Sin embargo, desde el punto de vista del ciudadano no tenía una fundamentación a la altura de la propuesta, en su momento, por Varela. Ahí nace el debate que tenemos hoy sobre el tema.





¿Cómo se plantea hoy la “lucha teórica” en la Educación?





La mentada “Reforma Rama” trajo consigo, de manera indirecta, un cambio en la respuesta a la pregunta ¿para qué educamos? A raíz de la misma, sus defensores y sus detractores comenzaron a debatir la base misma del sistema. Ingresó al debate educativo la lucha entre el aspecto economicista y el aspecto socializante de la Educación. Comenzó la batalla entre la “Teoría del Capital Humano” y la “Teoría del Juicio Crítico”. Y no es que en las bases varelianas no estuvieran contemplados estos mismos aspectos. Al contrario, ambos estaban claramente en la base misma de su propuesta. Lo que sucedía era que la propuesta los integraba a la luz de las necesidades de su tiempo. Sin embargo, en la actualidad, parece no haber lugar para los intentos de integrar ambos extremos en una propuesta global.





Si quisiéramos explicar la postura de los defensores de la teoría del capital humano indefectiblemente tendríamos que hablar de la “calidad de la educación”. Sin embargo, no estamos hablando de cualquier calidad, estamos hablando de la calidad entendida como la “optimización y la maximización eficientista de los recursos asignados a la Educación”.





De esta manera, si aumentamos los recursos a la Educación, pero siempre sobre la base de privilegiar aquellos saberes que son los que mejor rendimiento económico producen, lograríamos que aquellos que finalicen su Educación Obligatoria estén en mejores condiciones de insertarse al mercado laboral. Si esta Educación llegará a la mayor cantidad posible de jóvenes, entonces la “Mano de Obra Calificada” será la mayoritaria y la “Mano de Obra no Calificada” pasará a ser el elemento escaso. Debido a ello, las diferencias salariales entre unos y otros tenderán a reducirse y, junto a ello, se logrará una mejor distribución del ingreso.





Siguiendo el razonamiento, para este momento puntual, y como defienden muchas veces las teorías desarrollistas, lo lógico sería concentrar los esfuerzos en el conocimiento científico-matemático, lo cual nos aseguraría tener un gran número de trabajadores calificados para la nueva “Sociedad del Conocimiento”. Más allá de compartir algunas inquietudes que manifiesta esta teoría, cabe recordar que la misma posee un sinnúmero de problemas prácticos que invalidan la generalización de sus resultados. Como sería largo exponerlos aquí, y escapan a la intención de este trabajo, voy a concentrarme en su deficiente respuesta a la pregunta que nos planteamos, dejando para otra entrega dichos problemas de la teoría.





¿Para qué educamos? La teoría del capital humano nos respondería que es en pos de mejorar nuestros recursos humanos en virtud de las necesidades del mercado. Con esa lógica, deberíamos de obviar, como se hace en algunos países, la formación más humanística a fin de concentrarnos en la formación más científica asociada a la “Sociedad del Conocimiento”. Y terminaríamos festejando resultados como los obtenidos en la “Herramienta Diagnóstica de Ingreso 2011” de la Facultad de Ingeniería: “81% de los alumnos no lograron "identificar la idea principal de un texto". Eso sí, siempre y cuando en el área científica el resultado fuera inverso.





Sin embargo, ese es uno de los tantos peligros que trae consigo una teoría que apuesta a “adivinar” quiénes serán los “ganadores” y “perdedores” en el futuro, con la mirada concentrada en la realidad actual. Eso inequívocamente termina siendo una “política sectorial” más, como podría ser los incentivos para la creación “industria automotriz nacional”.





No obstante, la “teoría del capital humano”, si bien ha logrado posicionarse como la principal, no ha eliminado a la “teoría del juicio crítico”, su antecesora en dicho sitial. Para esta teoría, la importancia de la educación no radica en la capacidad de la Educación de preparar a los jóvenes para transformarse en trabajadores, de aquellos sectores económicos que se entienden serán los más dinámicos en el futuro, sino en generar un “juicio crítico” que les permita decidir su accionar en función de lo que se aprende. De esta forma, para lograr el aprendizaje, es necesario adquirir una serie de conocimientos, recordar lo esencial, transformarlos para incorporarlos y formar con ese resultado un concepto propio.





El objetivo del juicio crítico es aclarar el tema, relacionarlo con otros temas, introducir cuestionamiento y nuevas preguntas que pongan a prueba las afirmaciones, no tanto para refutarlo sino para obtener un mayor conocimiento del objeto en cuestión. El compromiso significa tomar partido, a favor o en contra, señalando aspectos no compartidos en base a una coherente postura personal, que no incluye juicio de valores, o sea si es bueno o malo, porque sólo la lógica y la experiencia es imprescindible para ejercer el juicio crítico. Esta operación implica la exigencia de una definición sobre nuestra manera de pensar en el aquí y ahora.





Como dice Carlos Cullen en su libro Crítica de las razones de Educar: “Educar es socializar, pero mediante la enseñanza de saberes legitimados públicamente, que por lo mismo implican un aprendizaje en condiciones de sujetos autónomos, capaces de comunicarse argumentativamente sus razones, de reconstruir históricamente los saberes acerca de las reglas sociales y de convivencia, y de fundamentar éticamente su pretendida legitimidad”





Sin embargo, esta dicotomía teórica no es la única que puede plantearse presente en el debate actual. Existen, además, otro nivel de debate. Por un lado, están aquellos defensores de la que podríamos denominar “Teoría de la Inclusión Social”, y como referente voy a tomar a la Senadora Constanza Moreira y sus declaraciones sobre el asunto, y, por el otro lado, aquellos que son partidarios de una especie de “Teoría de la Exigencia”, cuyo referente perfectamente podría ser la conocida Directora del Liceo Bauzá, la Dra. Graciela Bianchi.





De esta forma, y en palabras de Moreira, la “Teoría de la Inclusión” se definiría así: “…Todavía seguimos con esa idea de que la calidad de la educación es lo más importante. No, señor. Lo más importante es que todos terminen el liceo, reducir la brecha educativa…”. Tomo las palabras de la Senadora ya que describen perfectamente esta posición, la cual también incluye la postura de las corporaciones docentes y del Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Luis Garibaldi.





 Por el otro lado, ¿por qué se hizo famosa la Directora del Liceo Bauzá, la Dra. Graciela Bianchi? Simplemente por llevar a la acción un lema que la mayoría de los ciudadanos compartimos: “…La inclusión no se hace facilitando que no vayan al liceo o promoviendo con notas cada vez más bajas…se hace exigiendo”.





De estos dos enfrentamientos teóricos, por un lado, la “Teoría del Capital Humano” frente a la “Teoría del Juicio Crítico” y, por el otro, la “Teoría de la Inclusión Social” contra la “Teoría de la Exigencia”, es posible mapear casi todas las posturas que hoy en día pueden observarse en el debate público sobre Educación en el Uruguay.  Por ende, puede verse con suma claridad lo actual de la disputa teórica que estamos planteando.








La realidad en nuestro país





                Analicemos las discusiones recientes en torno a la Educación en nuestro país. Comencemos, porque por algún lado hay que arrancar, por la llamada “inclusión”. La idea de Secundaria, que nació en Primaria vamos a ser claros, es: no importa como terminen, lo importante es que lo hagan. Y es ahí donde obviamente deja de importar si cuentan o no con el “paquete básico” por el que los ciudadanos pagamos nuestros impuestos mes a mes.





El tema de la “puntuación” es todo un tema en la Educación uruguaya. Hay quienes quieren eliminarlas o vaciarlas de contenido. Sin embargo, en la realidad, las notas son una forma de explicitar si el alumno sabe o no sabe determinado tema. Y para lograr esa explicitación se elige un valor límite. ¿Límite entre qué y qué? Entre saber y no saber. Entonces la pregunta es: ¿ese 6, o Bueno, significa que el alumno sabe? Si significa que el alumno sabe, se utiliza; si significa que no sabe, se utilizarán puntajes menores. Y sobre qué nos interesa que la Educación evalúe; sobre el legado cultural que nos han dejado las generaciones anteriores.





No deben ser todos los alumnos 12 o “sobresalientes”, sino que, por el contrario, todos los alumnos deben saber lo elemental de ese legado que les permite entender el presente. Y la Prof. Bianchi, al igual que otro sinnúmero de pruebas de conocimiento, nos explican la situación del alumnado en la Educación uruguaya: “hay una carencia fundamentalmente del manejo del lenguaje, del manejo del idioma en general, de la comprensión lectora, y dificultades del razonamiento, yo diría… de razonamiento cotidiano. Hay una disociación entre la edad que tienen los muchachos que recibimos y los problemas muy concretos que tienen que resolver, ya no académicos, incluso de relacionamiento, de posicionamiento frente al docente, incluso en cuanto a las normas básicas de urbanidad”.





De esta forma, lo que sucede con el puntaje se replica con otras herramientas como el Uniforme o los reglamentos sobre la actitud frente a la “autoridad”, en este caso el personal docente y no docente de la institución. Se quisieron dejar de lado por razones ideológicas y lo que se logró es la pérdida de las normas, valores y capacidades mínimas de relacionamiento.





Ni hablemos de los otros componentes del “paquete básico” que debe proveer la Educación. Si no se les logra transmitir los instrumentos básicos del legado heredado, cómo va a ser posible lograr que desarrollen herramientas más sofisticadas como el razonamiento, la imaginación o el espíritu crítico. Y esas son las bases últimas de la ciudadanía. ¿Qué ciudadano puede cambiar la realidad si no la entiende, no la crítica y no es capaz de imaginar algo diferente y mejor? Es imposible. Y a eso debe apuntar la Educación en todas sus esferas.





La Educación, sobretodo la pública, que es la que pagamos los ciudadanos sin necesariamente utilizarla, pero también se puede englobar a la privada en determinados contextos, no está construyendo ese piso mínimo desde el cual nos comencemos a diferenciar, como dirían los liberales “en función de nuestros talentos y capacidades”. No está siendo eficiente en trasmitir normas, valores y legado, y es incapaz de lograr generar la crítica, el razonamiento, ni la imaginación, necesarias para asegurarnos el desarrollo. Y a las pruebas me remito. Tomemos ejemplos cotidianos y veremos que lo que falla es la Educación





De esta forma, no es casualidad que en estos tiempos el mercado laboral se encuentre sobre-exigiendo educación para puestos laborales que en realidad no la necesitan. Cuando en los clasificados del domingo se pide “bachillerato completo” para un puesto de cadete, lo que nos está demostrando el mercado laboral es que da por descontando que con el “paquete básico” de Educación, sancionado por ley en el Uruguay, no es seguro que el joven haya adquirido las normas y valores mínimos para desempeñarse en la tarea.





                Así, quien tiene el dinero suficiente no se le pasa por la mente, aún cuando estamos hablando de los mismos docentes en uno y otro ámbito, dejar a sus hijos en la Enseñanza Pública. Y muchos, para mi ingenuamente, se preguntan el por qué. Y es sencillo. Es falsa la creencia según la cual en los colegios privados hay una “mayor contención”. Y ante la demostración de que la situación es muy similar, la única salida, si poseen los medios, es pasar a un colegio más caro. Y así, como consecuencia directa, veremos cada vez más la reproducción de la estratificación del sistema de clases sociales, ahora, en la Educación.





Es en aspectos como los planteados, en los que la “Teoría del Capital Humano”, y lo mismo podría decirse de la “Teoría de la Inclusión Social”, es incapaz de dar respuestas satisfactorias. Es más, graves problemas que tiene hoy la sociedad uruguaya, como la seguridad o la exclusión social, no necesariamente tienen solución con la teorías que acabamos de mencionar. La lógica que está por detrás de los defensores de dichas teorías está llena de supuestos imposibles de contrastar empíricamente, por lo menos en la actualidad. Esto, no quiere decir que no se puede trabajar sobre las vocaciones de los jóvenes, cumplido el aprendizaje básico. Por el contrario, es necesario. No obstante, las vocaciones en general deben ser aprovechadas y no sólo aquellas que se piensan tendrían “futuro”.





Una respuesta ciudadana





Otra respuesta posible a nuestra pregunta original, más allá de Varela, Batlle y Ordoñez y las teorías señaladas, sería: el ciudadano paga sus impuestos en virtud de asegurarse que todos aquellos que integran, junto con él, la organización política, que llamamos república, cuenten con un “paquete básico” de conocimientos, llamado educación, que asegure la continuidad de la propia organización. A su vez, dicha continuidad descansa sobre tres pilares, por lo menos en las repúblicas, desde la Revolución Francesa: la Libertad de Elección, la Igualdad de Oportunidades y la Fraternidad o Justicia entre pares.





                A primera vista, la respuesta parece un tanto simplista y demasiado filosófica. Sin embargo, si la desarrollamos, retoma todo su valor y contenido práctico. El citado paquete básico no es otro que la suma de “normas de convivencia”, “valores compartidos” y “legado  del conocimiento heredado”. Al mismo tiempo, para que todo ello tenga un fin y permita, más allá de la continuidad, el desarrollo de la organización, es necesario sumarle el desarrollo de capacidades como el “espíritu crítico”, el “razonamiento” y la “imaginación”.





                Esa es la obligación de la Educación, ya sea pública y privada, por lo pronto en su parte común y obligatoria. Ya sea como hoy entre los 6 años de Educación Primaria y los 3 años de Ciclo Básico de la Educación Secundaria. Ese es el “paquete básico” que deben poseer todos los que formamos parte de la República. La Educación no genera “igualdad económica” sino “igualdad de oportunidades”. La Educación, cosa que no quiere aceptar parte de la sociedad, es un instrumento que librado a su suerte solamente puede: diferenciar y seleccionar. Y lo debe hacer, debe premiar “talentos y virtudes” pero, a la vez, debe generar el piso mínimo desde el cual dichas diferencias se hacen, por llamarlo de alguna manera, “justas”.





Es lo único para hacer





                ¿Con esto alcanza para solucionar todos los problemas de la Educación uruguaya? No. Definitivamente, no. Pero es lo mínimo en lo que hay que comenzar. En nuestro país la enseñanza tiene muchos otros problemas: Centralización Pedagógica y Administrativa; Falta de Liderazgo y Gestión; Ausencia de Controles de Calidad; Inequidad; Financiamiento de la Oferta y no de la Demanda; Falta de Participación Ciudadana y de Libertad de Elección, entre otros. Todos ellos llevarían muchas páginas sobre las posibilidades de solución existentes. Sin embargo, la solución de la mayoría de estos problemas no tendría el efecto buscado si no se resuelve antes el problema de fondo que consiste en la formación de los ciudadanos.





Hoy en día está en boga el debate sobre el PROMEJORA, un intento de generar márgenes de autonomía a los centros para la gestión de propuestas pedagógicas propias, que distancia a los gremios docentes de los líderes políticos. En el otro extremo, increíblemente, por decirlo de manera suave, en nuestro país todavía no se logró organizar un sistema de “pertenencia” de los docentes a un único establecimiento, si bien nadie afirma estar en contra de la medida. La falta de capacidad en lograr ejecutar tácitos “acuerdos” es lo que no permite tener muchas esperanzas en las realizaciones que pueda traer consigo un “Acuerdo Multipartidario” como el que estaría en ciernes desde hace un tiempo.


¿Para qué un “Acuerdo Multipartidario”?





La respuesta que la ciudadanía ha recibido de parte de los principales actores políticos del país, ante la difícil situación de la enseñanza, ha sido coordinar una serie de reuniones para intentar lograr, lo que ellos mismos han llamado, un “Acuerdo Multipartidario”. En la visión de estos referentes, el problema de la Educación uruguaya es que se ha perdido la conducción política de la misma en manos de los gremios de la enseñanza.





¿Cómo sucedió eso? La mayoría de los partidos políticos, y hasta algunos sectores del propio partido gobernante, el Frente Amplio, están contestes en que la llamada “Ley de Educación Vázquez”, al darle una enorme cuota de poder a las corporaciones sindicales en los organismos de la Enseñanza, es parte importante de los problemas actuales.





De esta forma, para la mayoría de los políticos uruguayos, a un enemigo que siempre han tenido los cambios en la Educación, recuerdan las posturas de los sindicatos ante la “Reforma Rama”, la “Ley Vázquez” les dio una herramienta de presión y bloqueo sin igual: son parte, con “voz y voto”, en los órganos encargados de definir las políticas públicas en Educación. Algunos llegan a ver una tendencia al “régimen corporativista” en la medida.





Ahora, volviendo a la pregunta inicial de este apartado, ¿para qué un acuerdo? La respuesta sería que la única manera de enfrentarse a las corporaciones sindicales de la enseñanza es a través de una sólida posición de los representantes legítimos de la ciudadanía. En su análisis, la Educación necesita cambios que no serán aceptados por los gremios, entonces, la forma de ganar la batalla es presentarse unidos ante la ciudadanía y “pararse” ante ella como los únicos defensores del “interés general” ante las corporaciones que bregan solamente por el interés de sus afiliados. Si bien es cierto, se complica lograrlo cuando el partido gobernante, con mayorías legislativas propias, fue quien votó dicha participación.





Un problema que ha tenido la solución planteada desde el sistema político ha sido la falta de concreciones de dichas instancias. Nada más es necesario recordar que la integración de la “oposición” política a los Entes y Servicios Descentralizados en esta administración, entre varios temas para los cuales se formaron comisiones de trabajo, incluyó un acuerdo de este tipo en Educación. No obstante, un año después de la firma de dicho primer acuerdo, todos los actores políticos eran contestes en la falta de avances. Es más, muchos entendían que el problema radicaba en el propio acuerdo firmado que no contenía pautas claras de acción.





Si la idea resultará, en este caso, o si es posible que los partidos políticos acuerden en puntos de mejora sustanciales para cambiar la realidad actual de la Educación, solamente el tiempo lo dirá. Sin embargo, deja sabor a poco el alcance que pretende tener el mentado acuerdo. Si bien es necesario cambiar el rol de los representantes sindicales en los órganos de la Educación, limitando su participación al control, no debería ser el centro del planteo. La necesidad de retomar la “conducción política” de la enseñanza si bien es un objetivo necesario, es solamente un paso previo para lograr introducir los cambios necesarios para lograr una nueva Educación, aggiornada al Siglo XXI que comenzamos a recorrer.





La necesidad de buscar una cooperación Político-Experto, la elaboración de un “mapeo de acuerdos y divergencias”, la inclusión de los gremios en su elaboración, de manera de “comprometerlos con el acuerdo” y la necesidad de establecer monitoreos, controles y  sistemas de incentivos, deberían ser partes ineludibles a la hora de debatir sobre Educación. En este esquemático punteo es posible encontrar algún rastro del “libreto uruguayo”, una configuración particular de las instituciones democráticas,  que en algún momento enarboló Carlos Roxlo, en la época en que se discutía la reforma constitucional de 1917. 





No obstante, todo lo referido al “Acuerdo Multipartidario”, desde su impulso hasta su más verborrágica defensa, proviene de la “oposición” política. En un país que ya lleva 7 años en los que el Frente Amplio cuenta con una mayoría legislativa propia, no parece lógica la necesidad de un “pacto”. La situación sería ideal para que el Frente Amplio llevara adelante su “programa de acción” para la Educación sin necesidad de “diluir responsabilidades” con la oposición, lo cual sería la pesadilla para un defensor del “libreto británico”. Más allá de ello, se podría esbozar una explicación al apelar a las notorias diferencias internas entre los distintos sectores de la coalición gobernante obligan, particularmente al Presidente, a buscar un apoyo más amplio, que el partidario, para los cambios que se proponen.








El Uruguay del 2030





Más allá de la controversia por el “Bicentenario”, el 2030 es una fecha icónica para los uruguayos. La realidad es que los cambios que se desarrollen en la Educación, en los próximos años, recién tendrán efectos varios años después. Por ello, podríamos concluir que los cambios actuales repercutirán en la generación del 2030. ¿Qué podríamos querer de esa nueva generación de uruguayos que estarían despidiendo el “Bicentenario” del Uruguay?





Sencillamente, una generación perfectamente equipada con el “paquete básico”, aquel que establecimos al hablar de la respuesta ciudadana a “¿Para qué educamos?”, y mentalizada en la necesidad de apuntar a la excelencia en lo que cada uno de ellos pretenda encarar. En resumen, si pudiéramos imaginarlos a gusto, los uruguayos del “Bicentenario” serían la combinación de ciudadanos comprometidos con su sociedad y capaces de lograr la generación de “valor agregado” en aquella actividad en la que hayan elegido desenvolverse.





De esta forma, ni la “Sociedad del Conocimiento” ni el “Industrialismo” deben ser los únicos nortes de la Educación. Si sería útil integrar de forma constante, en la mentalidad del uruguayo del “Bicentenario”, la necesidad de apostar por la innovación y la excelencia. Dichas apuestas, a diferencia de otras, pueden ser asimilables a cualquier actividad a la que nuestros jóvenes decidan dedicarse. Es más, dadas las características económicas y socio-demográficas del Uruguay, en esa apuesta nos estaremos jugando gran parte del futuro de nuestra sociedad.





En la actualidad, por suerte, en el Uruguay existen muchos ejemplos en lo que es posible rastrear dichos conceptos como bases de interesantes proyectos exitosos. Desde la revolución de los “agro-negocios” hasta los primeros avances en la Industria del “software” y la “bio-genética”,  son ejemplos interesantes a repicar en el futuro.




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