El Proyecto de Ley de Anulación de la Ley de Caducidad había escapado de ser un tema de análisis para mí hasta los últimos días. Una y otra vez, en las últimas semanas, intenté evitar entrar en el tema pensando que el mismo tenía un fin prefijado. Sin embargo, el Gobierno y el Frente Amplio no han podido finiquitar el tema. Las razones no se conocen a cabalidad, aunque, una y otra vez, se habla de los “costos electorales y políticos” que la Anulación tendría en el futuro. Sin embargo, la lucha interna en el partido de gobierno está en su auge entre quienes defienden la Anulación y quienes quieren buscar otras alternativas. Y en esa lucha, los argumentos que utilizan quienes defienden el camino elegido terminan siendo ataques para todos aquellos que no estamos de acuerdo con su decisión. Por ello, y para este artículo, he elegido escribir unas líneas como respuesta a una de las tantas cartas que circulan por los medios de comunicación y las redes sociales.
La Senadora Constanza Moreira ha vuelto a escribir en “La República” sobre la Ley de Caducidad y el Proyecto de Anulación de la misma. Ya a esta altura, luego de seguir algunos de sus artículos, puedo comprender por qué, una Licenciada en Ciencia Política, y además ex Directora del Instituto de Ciencia Política, utiliza algunos de los argumentos que estoy viendo continuamente en medios de comunicación de todo tipo. La respuesta es simple: Ud. está empecinada en defender, aún sabiendo que no tiene razón, los errores cometidos un tiempo atrás tratando de pasar por encima dos decisiones libres de aquellos en quienes, según la propia Constitución, reside la soberanía popular: la ciudadanía uruguaya. Para ello vuelve a incurrir en una serie de ataques y errores que no deberían verse en una persona que ostenta un cargo de tanta importancia y con instrucción bastante adecuada como para hacerlo.
- Empezar un análisis de la situación citando a Goebbels, Ministro de Propaganda de Hitler y el Nazismo, es una total falta de ubicación. Es más que defendible la intención que busca que no se olvide lo sucedido en los setenta y ochenta en nuestro país. Algunos queremos lo mismo para las acciones de los sesenta, que tienen como centro las acciones guerrilleras de Tupamaros y demás grupos subversivos, pero no contamos con todo el aparato de publicidad que cuenta Ud.. Sin embargo, atacar a aquellos que no estamos de acuerdo que “el fin justifica los medios”, por más que sea recurrente en Ud., no me parece lógico ni aceptable.
- Los que quieren quitar responsabilidad a Tupamaros y Militares de lo sucedido serán responsables si vuelve a ocurrir. No se puede negar la participación de la Guerrilla en los hechos que llevaron al Golpe del 73. Tampoco se puede negar la acción nefasta de ciertos sectores de los Militares, sobretodo luego de ciertas reuniones con guerrilleros detenidos, que pensaron que eran mejores que los políticos y la ciudadanía para llevar adelante al país. Igual que antes lo pensaron los Tupamaros. Que no fueron los únicos responsables, podemos estar de acuerdo. Que los “dos demonios” aludidos son los más grandes responsables de lo sucedido, solamente alguien que tiene algún interés en absolverlos puede defenderlo. Capaz que su banca le pide defender algunas cosas que claramente no se debe.
- La Ciudadanía decidió no apoyar los cambios a la situación vigente en dos circunstancias diferentes con 20 años de distancia. En el 2009 la iniciativa no tuvo baja votación, simplemente no obtuvo la votación necesaria para triunfar. Si la gente no se manifiesta a favor en el número necesario no se obtiene la Reforma. Eso es para cualquier iniciativa y no es un obstáculo sólo para los intentos que lleve adelante un sector político o de ciudadanos. Que el FA de un Congreso a otro cambie su postura no significa que los votantes del mismo tengan una y otra posición. Sino mañana mismo hay que hacer un Frigorífico Nacional porque el 48% de la población votó al FA y eso está en el Programa del FA y como votaron "deben" estar de acuerdo.
- Fueron cosas diferentes las votadas en 1989 y 2009 estamos de acuerdo. ¿Eso no sería un argumento para defender que el tema ha sido considerado desde varios ángulos y no se han obtenido los apoyos necesarios? A su vez, es bastante discutible el llevar a rango constitucional una iniciativa para dejar sin efecto artículos de una ley en forma tan particular. ¿Llegado el caso una mayoría no podría arremeter con una minoría a través de un sistema similar?
- Que el Frente Amplio no va a perder las elecciones por este único hecho es verdad. Sería por un conjunto de razones que perdería la elección de 2014. Sobre todo, porque la realidad marca que falta mucho para las elecciones y el uruguayo ha demostrado tener memoria corta para recordar algunas contradicciones, errores y atropellos de algunos gobernantes y sectores políticos. Como Ud. no ve más allá de lo que quiere ver, el detalle importante sobre las dos consultas populares perdidas en este tema parece no importarle. No obstante, el asunto sigue siendo ese. No se puede atropellar la decisión del soberano, más si yo mismo fui quien pedí su comparecencia. El IRPF fue un error, el cual aún no han pagado en todo su tamaño, y mayor error fue insistir aún cuando se informó que era inconstitucional. La solución, nuevamente, fue mentir y engañar. Inventar un nuevo impuesto en lugar del impugnado.
- Para alguien que en ningún momento entendió al Primer Batllismo, por su ideología, es lógica su equiparación entre este Proyecto de Ley y la legislación batllista. En cambio, para mí, es un insulto a aquellos grandes hombres, de todos los partidos, igualar sus esfuerzos por mejorar el país con el mamarracho que Ud. tanto se empecina en defender. Por las dudas, por si no se dio cuenta, le aviso que las leyes de la época del Primer Batllismo, por lo menos a las que me imagino hace referencia, en ningún caso tuvieron vicios formales y de fondo como tiene su Proyecto de Ley.
- Es claro que la necesidad de cumplir con el dictamen de la CIDH es también culpa del actual gobierno y su fuerza política. Nunca el Uruguay había sido condenado internacionalmente, por este tema o cualquier otro, entre otras razones, por la defensa de la soberanía de nuestro país ante imposiciones de cualquier índole. No hay que aclarar que el encargado máximo de esa defensa, el Canciller de la República, era el primer interesado en la culpabilidad de nuestro país, por ser el impulsor del primer Proyecto de Ley de Anulación de la Ley de Caducidad. Además, la Ley de Caducidad ha permitido investigar, más que nunca durante los gobiernos de Batlle, Vázquez y Mujica, porque la intención de la misma era simplemente funcionar como una “Ley de Amnistía”. Habría que sumar aquí un último detalle de notable importancia. En estos días, la Suprema Corte de Justicia decidió Se rechaza la pretensión de otorgar la prioridad al " Jus Cogens" o sea del derecho internacional que regula las violaciones a los DDHH sobre la no retroactividad de la Ley y la Constitución de nuestro país. Justamente, esa es la base Art. 1° del Proyecto Interpretativo que Ud. defiende.
- Podemos estar de acuerdo en que la solución del Dr. Risso es mala. Igualmente, es menos mala que su defendido Proyecto de Ley. Por poco, pero lo es. Para colmo, al contrario de lo que dice Ud. y el Dr. Risso, en realidad con los instrumentos legales vigentes el Poder Ejecutivo puede dar a la Justicia las mismas posibilidades de investigar. A la misma vez, la Suprema Corte de Justicia puede declarar inconstitucional la Ley cuantas veces entienda necesario para la enorme mayoría de los casos. Es más, cualquier otro artilugio tendría los mismos inconvenientes que existen hoy para investigar los casos que se entiendan necesarios. Además. es factible que los artilugios que se están armando sean peores en sus efectos que el sistema vigente porque son abiertamente inconstitucionales.
- Entiendo ampliamente su preocupación por el debilitamiento del Frente Amplio y del Gobierno. Además, podemos estar de acuerdo que son responsables aquellos que permitieron al Canciller entrar en este asunto, aquellos que votaron la moción en el Plenario del FA sin oír a los que decíamos que era un error, y de aquellos que votaron este Proyecto de Ley en el Senado. Sin embargo, son de su partido político todos ellos. Le pediría que no pusieran de rehén al Estado de Derecho y la Ciudadanía, pero ya han dado claro ejemplo de no preocuparse por ninguno de ellos en el pasado. Como ejemplo basta el caso de la Ley de ANCAP, la cual derogaron aún teniendo a varios Senadores de su partido en la elaboración y ahora co-gerenciando la empresa estatal, sin sustento legal que lo permita, con empresas extranjeras, pero de países ideológicamente afines al Frente Amplio.
- Que la defensa de los derechos humanos no está asegurada por una victoria del Frente Amplio, es un punto de acuerdo. Sin embargo, más erróneo aún es pensar que los demás ciudadanos y sectores políticos están en contra de defender los derechos humanos. Es tan grande la mentira, que no vale la pena perder tiempo demostrándolo. Sin embargo, voy a recordarle que la Ley de Caducidad, y más aún el Proyecto de Ley del gobierno del momento que no llegó a ser aprobado, son resultado del “Pacto del Club Naval”, del que su fuerza política formó parte en su momento. Por más que se quieran utilizar eufemismos, como que “fue algo que sobrevoló” pero no fue escrito en la letra del mismo, la realidad es esa.
Por último, y por fuera de los puntos citados, el problema que se me genera es sentir que me obligan a defender algo que no quiero defender. Yo no quiero "Leyes de Caducidad" ni nada por el estilo. La amnistía es el instrumento legal que se ideó en todas partes para perdones de este tipo. Los militares para no sentirse en la misma situación que los Presos Políticos se negaron a obtener una ley de amnistía, esa que sobrevoló en el Pacto del Club Naval con el FA sentado a la mesa con los propios militares. Por tanto, como forma de cumplir con la palabra, se buscaron varios mecanismos para lograr algo similar. Fue el Dr. Ferreira, para no votar una amnistía a los militares, definió el proyecto de la Ley de Caducidad. Al pretender que se realicen las cosas dentro del Estado de Derecho no estoy defendiendo en nada la norma. Al contrario, defiendo el Estado de Derecho. Si la Ley de Caducidad violó ese Estado de Derecho no es la solución volver a violarlo. Si se quiere quitar de Ordenamiento Jurídico la ley que se derogue mañana mismo en el Parlamento. Lo que sucede es que no importa quitarla sino tratar de hacer como que nunca existió, cosa que jurídicamente es imposible. Sin embargo, sin necesidad, siguen en ese camino. Lo que al final importa es sentir que se ganó aquello que no se pudo en las otras instancias. Es un mero sentimiento de tener la razón y lograr el fin.
Por las dudas, y prefiero ser claro, mi sentir es uno y no el que algunos quieren hacer parecer. Quiero que mañana mismo se derogue la Ley de Caducidad porque no tiene razón de ser en mi tiempo. Lo que también quiero es que se respete tanto la decisión de mis abuelos, que ya no están pero votaron en 1989, y la mía de no acompañar el voto rosado el año pasado. Para terminar, quiero reproducir las palabras del Presidente de la República sobre los ataques que realizan, tanto Ud. como otros defensores del Proyecto de Ley, a quienes pensamos diferente:
"…Rechazo el argumento divisionista que discrepar con el camino elegido es igual a estar de acuerdo con la impunidad...Es un insulto indirecto a nuestro pueblo y considero que los compañeros que piensan así, lo hacen porque se fanatizan en una lucha larga y obnubilan su racionalidad….”.
Por si alguno de los lectores no tuvo oportunidad de leer la carta de la Senadora Moreira les transcribo a continuación la misma.-
COHERENCIA
Por Constanza Moreira |*|
Una mentira dicha mil veces termina transformándose en verdad, decía el ministro de propaganda de Hitler. Y si no hubiera sido por el permanente ejercicio de la memoria llevado a cabo por las víctimas del Holocausto, la inexistencia de los campos de concentración (¡sostenida hasta hoy!), hubiera podido ser sostenida y quizá, quién sabe, hubiéramos olvidado este genocidio. Fue la lucha de entonces, y la de ahora -jurídica, política y especialmente cultural (libros, películas, conferencias, etc.)- que llevaron a cabo generaciones y generaciones, para no olvidar. Esto es lo que hace hoy del nazismo una aventura irrepetible. La memoria. La lucha por no olvidar lo que pasó.
Mentiras repetidas que parecen verdad
También nosotros hoy estamos en la lucha por mantener viva la memoria. Igual que ellos. Por eso nos empeñamos en rebatir una y mil veces la hipótesis de la "guerra", la tesis de los dos demonios, y por eso luchamos por construir cultural, política y socialmente la idea de que hubo "terrorismo de Estado", y que a escala uruguaya, fue gigantesco. Pero no por los asesinados, ni siquiera por los torturados: lo que fue gigantesco fue el costo social de la dictadura. Nos ha convertido en lo que hoy somos: con todos estos miedos, con toda esta resignación, con toda esta cola de paja. Es por estas razones, y no por otras por las que la anulación de la Ley de Caducidad da tantas vueltas que tiene a todo el mundo confundido. Y esta es la razón por la que, cuando parece que el fin de la impunidad comienza, como una lucecita tenue, a iluminar al fin del túnel, tenemos otro tropiezo. Otra declaración en la prensa. Otra vuelta atrás. Hay miedo, y a no confundirnos: es mucho lo que está en juego. Por eso cuesta.
Por eso hay tantas mentiras repetidas con apariencia de verdad. La primera, la más repetida, es la de que "violentamos" la voluntad popular al impulsar esta ley en el Parlamento. Y que desconocemos dos plebiscitos. Error: uno fue un plebiscito y el otro una derogación. En la derogación, la voluntad popular se expresó: 58% de los uruguayos prefirieron mantener la ley. El otro, fue un plebiscito para anularla, veinte años después: 48% dijo que quería anularla. No alcanzó. Nos faltó un 2% para llegar a lo que la Constitución quiere. Pero esa es la voluntad popular: la que no alcanzó. No la otra, la del 52% que se mantuvo en silencio y del que no sabemos si quería mantener la ley, si se abstuvo, o si prefirió simplemente no votar. Eso no lo sabemos, no lo sabremos nunca. Y el silencio no es nunca expresión de voluntad soberana. Porque la voluntad soberana, desde la revolución francesa hasta nuestros días, es activa. Cualquier jurista lo sabe. Y esa es la razón por la que nunca los abogados se pronuncian sobre esto, porque ellos bien saben que decir que la "voluntad del soberano" ratificó la ley en octubre de 2009 es una mentira. Una mentira repetida tantas veces que se ha transformado en una verdad a la que, en su buena fe, mucha gente adhiere.
Otra mentira repetida es que el FA perderá las elecciones si vota la ley. Y que la única garantía de que no se violen los derechos humanos, es que haya gobierno del FA. Primero: el FA no perderá las elecciones si vota la ley. El FA perderá o ganará las elecciones por un conjunto de cosas, tantas y tan diversas, que politológicamente es imposible identificar hoy, cuando faltan aún cuatro años, qué peso tendrá la candidatura, el desempeño del gobierno, o la situación económica, que son las cosas que definirán la elección (y no la votación de la ley interpretativa, claro). Pero se dice, y se repite, y alguno se lo cree. Claro está que este mismo argumento no valió para la aplicación del IRPF: medida antipática si las había, y con varias encuestas de opinión advirtiendo: no hay cosa que disguste más a la gente que que le metan la mano en el bolsillo. No sólo pagamos costos electorales por el IRPF, sino que, además, se advirtió sobre su inconstitucionalidad, y se llevó adelante igual (y fue declarado inconstitucional en el caso de los pasivos). ¿Acaso en ese momento le tembló la mano al gobierno para implementarlo? Parece que la suerte electoral vale como argumento para algunas cosas, y no para otras.
No, no es el gobierno del FA el que va a asegurar que los derechos humanos se respeten. Esto es creer demasiado en la "voluntad de los hombres" y, por usar a Artigas, veleidosa es la voluntad de los hombres, sólo el freno de la ley puede cambiarla. Lo que va a asegurar derechos son las leyes y las normas. Los grandes gobiernos, como el primer batllismo, se caracterizaron por dejar un conjunto de leyes "de avanzada" que le cambiaron la historia a este país. Como lo será esta, de ser aprobada, para las generaciones que vengan.
Otra de las mentiras repetidas que se ha transformado en verdad, y más aun cuando a la mayoría los asuntos jurídicos le resultan un embrollo imposible de entender, es que esta ley es un "mamarracho jurídico" y adolece de vicios de "inconstitucionalidad". La única ley que es un mamarracho jurídico es la Ley de Caducidad. Por eso la Suprema Corte de Justicia la ha declarado inconstitucional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos la mandó sacar (sí, es correcto: la tenemos que eliminar por mandato de la Corte). La ley interpretativa tiene problemas, como todas las leyes. Y puede ser recusada por inconstitucional, como todas las leyes. Pero no es un "mamarracho": en ella han trabajado nuestros mejores juristas, y han puesto el empeño muchos de los partidos, grupos y personas del Frente Amplio. La hemos ratificado en el Plenario del Frente ya dos veces. ¿Por qué de pronto ahora aparecen soluciones mejores? ¿Cualquiera que venga y nos proponga una solución "mejor" saldremos corriendo a escucharlo, y abandonaremos el camino tan costosamente construido hasta aquí? Coherencia, compañeros. Es una virtud política esencial. Y más en tiempos difíciles.
La "solución Risso"
Recientemente hemos escuchado hablar de una nueva solución jurídica propuesta por un profesor de la Universidad Católica. Básicamente propone derogar la ley, y que el Poder Ejecutivo por decreto anule los actos anteriores en los que dijo que tal o cual investigación estaba comprendida en la Ley de Caducidad. Esta supuesta solución, para el FA es una trampa mortal. Y esto no tiene nada que ver ni con el jurista que la propuso, ni con la calidad de lo que propone.
La ley interpretativa que votamos en el Senado es infinitamente superior a esta solución, aunque tenga problemas. Pero la trampa mortal es hacer que el FA cambie de posición, otra vez. Y anule lo que el Plenario decidió. Y luego pedirle nuevamente disciplina en cámaras para votar la derogación (que, claro está, también "violaría al soberano"). Y dejar, al igual que en la Ley de Caducidad, que sea el Poder Ejecutivo quien diga, discrecionalmente: esto vale, esto no vale. Por si faltara poco, tampoco resolvemos lo de Gelman, y entonces habrá que inventar alguna cosilla "ad hoc" para resolver lo que la Corte Interamericana nos mandó.
Esta no es una solución, es una trampa. Y es la estocada final, no sólo al espíritu, ya tantas veces jaqueado, de quienes quieren poner fin a la impunidad, sino al propio Frente Amplio, en la forma en que lo conocemos. Esto sólo tiene costos y ningún beneficio. El único, colateral, es que el gobierno salga bien parado de haber impuesto su principio de "autoridad". Pero ya no podrá hacerlo. En primer lugar, porque fue el Poder Ejecutivo el que mandó el primer proyecto de ley. En segundo lugar, porque el gobierno dijo que estaría a lo "que la fuerza política decidiera". En tercer lugar, porque ya no hay tiempo ni circunstancia política favorable para ejercer el principio de autoridad.
La marcha atrás, las dilaciones, las postergaciones, las declaraciones ambiguas, las señales de la "interna" de las FFAA, el llamado a un nuevo plenario, la aparición de "nuevos elementos" (¿cuáles?, ¿la opinión de juristas de las universidades privadas?, ¿la especulación sobre el posible fallo de la Corte?), sólo confunden más y crean un peligroso clima de opinión, en especial cuando el gobierno está en el medio. Mal cálculo para los que lo proponen. El gobierno se debilita, metiéndose en el medio y generando "ruido". Debe dejar que la fuerza política continúe adelante con el plan ya acordado. La coherencia, ahora, es la única actitud posible. Coherencia y firmeza. Coherencia con lo que se acordó y firmeza para sustentarlo. No más aplazamientos. No más soluciones "de última hora".
El FA se debilita si hay marcha atrás. Y hay interesados en que eso suceda: los que preferirían un partido de líderes y electores (con una buena tecnoburocracia capaz de gobernar el Estado), sin molestos comités, plenarios, coordinadoras, y toda esa parafernalia de "bases" que han hecho del FA lo que es, aunque funcionen mal. Pero ese cálculo está mal hecho pues, ¿quién va a asegurar que los líderes no se devoren entre sí? ¿Qué la cooperación venza sobre la competencia? ¿Que los individuos obedezcan lo que las mayorías resuelvan y no se "corten" por sí mismos? Hasta ahora, la única argamasa que mantuvo todo unido fue esa estructura, pesada, envejecida y burocrática, pero garantía de que las decisiones se toman entre muchos, y no en el conciliábulo de unos pocos. Y que las decisiones colectivas no pueden ser "bypasseadas" por unos pocos poderosos. Sí, eso es lo que representa el Plenario, y por ello debe ser preservado.
|*| Senadora de la República, Espacio 609, FA
