El Presidente Mujica ha visto como su gobierno no ha sido lo que él seguramente se había imaginado. No era tan fácil gobernar, y menos para una persona con el carácter de él. Su capacidad para generar notas periodísticas, que antes le daban notoriedad al candidato, ahora solamente aviva diferencias en el propio seno del Frente Amplio. Ni hablemos de las críticas sistemáticas que se producen desde la oposición. Una prueba más es la idea-proyecto de crear la figura del “Plebiscito Consultivo”, que el propio mandatario en el día de ayer volvió a defender, sobre los temas más importantes que enfrente el país en el futuro como el caso de la Minería Aratirí. Muchas cosas se han escrito sobre el caso puntual de la minera, sobre su pertinencia política y jurídica de la misma o sobre la verdadera intención del mandatario con ese proyecto. Sin embargo, poco se ha escrito sobre las consecuencias de la misma en el futuro político de nuestro país si llega a aprobarse un mecanismo de consulta de ese tipo…
El tema del “Plebiscito Consultivo”, como decíamos, tiene varias aristas. La idea tiene algunas objeciones desde lo jurídico, lo procedimental y lo político. Sobre lo jurídico, nuestra Constitución consagra en su Artículo 79 “…el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo…”. El otro mecanismo de democracia directa es el Plebiscito, que solamente permite a la población aceptar, o no, una modificación a la Constitución. Ante esto, debemos preguntarnos si la ley puede establecer un mecanismo de este tipo que Constitución no. Algunos de los más importantes catedráticos han mencionado que si se hiciera por ley, no sería vinculante, es decir que sólo permitiría consultar a la población sobre determinado tema pero esa decisión no tendría efectos de ningún tipo por sí sola.
Más allá de lo anterior, el tema político no ha sido abordado en toda su extensión. Se ha dicho que “…El presidente debe gobernar, para eso lo eligió la gente, no para convertirse en encuestador. Hace falta liderazgo desde el Poder Ejecutivo…”. Se puede coincidir o no con la crítica, en este caso, y eso depende de cada uno. Sin embargo, el defecto que tiene la crítica es que deja de lado el mayor problema que la idea de Mujica puede traer consigo: el efecto sobre la “Calidad de la Democracia”, o dicho de otra manera, sobre el Estado de Derecho y la Democracia Representativa. Y ese riesgo ya tiene nombre para la academia: “Democracia Delegativa”.
La “Democracia Delegativa” nace del trabajo teórico que ha desarrollado Guillermo O´Donnell sobre la Democracia en América Latina en los últimos veinte años. En el mismo se propone definir el surgimiento de una nueva “especie” de Democracia. Esa nueva “especie” expresa y establece una manera de concebir y ejercer el poder político que ha sido la elegida, por lo menos, por algunos Presidentes sudamericanos, en principio, y que suele ser compartida, al menos temporariamente, por importantes franjas de la ciudadanía de sus países. El autor señala muchos casos, desde Menem y Fujimori en los noventa hasta los más actuales de Chávez, Morales, Correa y la propia Cristina Fernández de Kirchner, que busca su reelección en octubre próximo.
Para el autor, la “Democracia Delegativa” se basa en construir, mediante elecciones limpias, una mayoría que permita a alguien a convertirse, durante un determinado número de años, en principio, como la encarnación e intérprete de los intereses de la “nación”. De acuerdo con esto, otras instituciones, entre ellas los otros Poderes del Estado, los Tribunales de Justicia y el Poder Legislativo, constituyen simples obstáculos a las políticas del Presidente. La rendición de cuentas a dichas instituciones aparece como un mero impedimento a la plena autoridad que el “pueblo” le ha delegado al Presidente, la cual no cesa hasta que se elija un nuevo “líder”.
Más allá de ello, la Democracia Delegativa es democrática, por lo menos, por dos razones: “legitimidad de origen”, ya que es hija de elecciones razonablemente limpias, y por la “supervivencia de libertades políticas básicas”, con salvedades, por lo pronto en el largo plazo. A su vez, la Democracia Delegativa es fuertemente mayoritaria, postulando el autor la influencia que tiene la tradición propiamente democrática en las democracias modernas, lo que conlleva a que, a través de las elecciones, se busca instituir un Presidente que se arroga el monopolio de la interpretación de las necesidades de su “pueblo” o “nación”. Esto se refuerza a partir del discurso del mandatario, o su entorno, con la concepción por la que la elección ganada da al gobernante el derecho, o más aún la obligación, de tomar todas las decisiones que mejor le parezcan para el país, sujeto sólo al resultado de las futuras elecciones, mientras las mismas no sean “retocadas”.
De la misma manera, para el autor, la Democracia Delegativa es menos republicana y liberal, las otras dos tradiciones que confluyen en las democracias modernas, que la Democracia Representativa. Esto conlleva a no respetar los límites, constitucionales o legales, entre los distintos Poderes del Estado. Como consecuencia de la auto-concepción, del Presidente, entorno y seguidores, sumada a las prácticas de poder resultantes, se termina por considerar como estorbo inaceptable la “interferencia” de instituciones que ejercen controles sobre el Poder Ejecutivo. Se incluye aquí a los poderes Legislativo y Judicial, así como otras instituciones de “rendición de cuentas”. Dicha percepción lleva al Presidente y su fuerza política a desarrollar esfuerzos por anular, cooptar y/o controlar las instituciones que puedan controlar su accionar.
A estas alturas, seguramente, alguien se está preguntando que tiene que ver esto con el gobierno de Mujica y su accionar. Justamente, por eso el comienzo, es un camino que se empieza a recorrer lentamente. Un “Plebiscito Consultivo”, cómo el mismo lo llamó, es una de las primeras herramientas que se utilizan para saltearse las instituciones democráticamente establecidas. No me crean a mí, piensen en los casos típicos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, todos ellos han instaurado un mecanismo de este tipo en los últimos años. Y antes lo habían hecho Argentina y Perú con Menem y Fujimori.
El sistema no es malo porque no sea democrático, al contrario. Es malo porque se intenta imponer las decisiones del Presidente, o las que él avale, a través de mayorías circunstanciales y desconociendo a otras instituciones, en algunos casos otros Poderes del Estado. El Estado de Derecho, por lo menos el que hoy conocemos en Uruguay, posee una de las mejores combinaciones de las tres vertientes de una Democracia moderna. Es democrático, republicano y liberal, a veces por demás, pero mantiene un equilibrio y un contrapeso que se envidia en otras partes. Sin embargo, la necesidad de legitimar decisiones muy complejas que se tienen que llevar adelante en estos momentos, estaría obligando a este gobierno a olvidarse de ello y embarcarse en una aventura de resultados impensados, por lo menos en Uruguay.
Hay quienes en este momento, supongo yo, se preguntaran sobre el tema de la Ley de Caducidad. ¿No fue una mayoría la que decidió mantener la Ley? ¿No estamos ante una mayoría que atenta contra lo liberal de nuestra Constitución? Puede ser. Pero la decisión de introducir los mecanismos de democracia directa se tomó en forma debida, hablando jurídicamente, y con el fin de introducir más procedimientos republicanos en nuestra Constitución. Los mecanismos de ese tipo, que ya existen, fueron introducidos respetando los límites lógicos entre lo democrático, lo liberal y lo republicano de nuestro Estado de Derecho. Una cosa es recurrir una Ley votada por el Parlamento, otra cosa es pretender una particular Reforma Constitucional, y otra cosa, totalmente distinta, es pasarse por encima a los demás Poderes de Estado y definir por una votación ciudadana un tema porque se duda que los organismos de control lo permitan.
Más allá de lo anterior, que ya es bastante preocupante, existen otros indicios que muestran que la situación se está poniendo muy compleja y demasiado rápido. La Ley de Caducidad y sus efectos son un “mal”, a los ojos del Presidente, que no han podido asumir. Ahora, a falta de Semproni en Diputados, se precipitan a decretar la revocación de todos los actos administrativos relacionados con la misma de un plumazo. Sin embargo, la decisión no es la que pintan los medios. Mujica, hábil para sacar las manos del fuego, envía la responsabilidad de decidir si el decreto efectivamente reabre las causas de DD.HH. a la Suprema Corte de Justicia. Una jugada perfecta para la tribuna frenteamplista, de los organismos de DD.HH y de Corte Interamericana, pero que pone en un brete a la SCJ. Ahora, lógicamente, todos los interesados en la “revocación” desfilarán continuamente como forma de presión por la Suprema Corte.
Parece lejano el riesgo que les comento en esta nota me dirán, capaz que es verdad. No obstante, es en estos momentos en que se ven los primeros riesgos que vale la pena advertir para que no suceda lo que pienso, espero tener razón, nada quiere para el Uruguay. Acepto las críticas que vendrán si con eso mejoramos el debate de este tema que me parece crucial para las próximas décadas…
1 comentario:
FacebookCon respecto a la pregunta que surge al final del trabajo - que me parece muy valioso - creo que corresponde reflexionar que todo camino, por largo que sea se comienza con un primer paso. Sin embargo, ese primer paso, en muchos de los casos mencionados, se vio continuado por otros muchos, que fueron transformando un paso aislado en un viaje, del cual en casi todos ha sido muy difícil detener. La pregunta parece muy apropiada, y la reflexión en general debería ser tomada en cuenta en le momento de que el Partido Colorado decida que posición tomar respecto a este tema.
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