lunes, 8 de noviembre de 2010

Entre la "Riesgofobia" y la "Riesgofilia"





En la última semana he leído varias notas, en diversos medios, que hablan largo y tendido sobre la relación entre los máximos líderes de los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, comencé a observar la aparición de otras tantas notas en las que se comenzaba a esbozar una serie de críticas, bastante directas inclusive, a aquellos dirigentes partidarios, también de los partidos fundacionales, por la Reforma Constitucional de 1996. La gran mayoría de esas críticas se centraban en la introducción del Sistema de Doble Vuelta Electoral. Como desde mi punto de vista ambas situaciones tienen un origen común me he decidido a analizar las mismas en esta nota.

Hasta las elecciones de 1994, últimas llevadas adelante bajo la Constitución de 1966, el sistema electoral uruguayo establecía que resultaba electo como Presidente de la República el Candidato más votado, dentro del Partido más votado, en una única vuelta electoral. Dicha Elección Presidencial se realizaba de forma simultánea con la Elección Legislativa para ambas Cámaras. A su vez, la Elección Legislativa tenía la particularidad de permitir la acumulación por Sub-Lemas, tanto para Diputados como para Senadores. De esta forma, el Sistema de Doble Voto Simultáneo permitía una acumulación casi total de votos a la interna de los partidos políticos.
           
Como ya dije, la Reforma Constitucional de 1996, bajo el gobierno del Dr. Sanguinetti y el Partido Colorado, fue una reforma que tuvo como centro el cambio del sistema electoral en el Uruguay. A modo de recuerdo, en forma sintética, las más importantes modificaciones del sistema electoral fueron:

·         Introducción las Elecciones Internas, en las cuales cada partido elige su candidato único a la Presidencia.
·         Celebración de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias en Octubre. Se impide la acumulación de votos por Sub-Lemas para la Cámara de Diputados.
·         Celebración en Noviembre de una Segunda Vuelta o Balotaje entre los dos Candidatos a Presidente más votados, en caso que ninguno obtenga la mayoría absoluta.
·         Separación en el tiempo de las Elecciones a Intendente, que se celebran en mayo del año siguiente a las Elecciones Presidenciales.

Siempre estuvo en el imaginario colectivo y de los referentes académicos, sino también en la mente de sus impulsores, que el único cometido de la reforma era frenar el inexorable camino a la victoria del Frente Amplio en las elecciones presidenciales de 1999.  Podríamos decir que los líderes de los partidos tradicionales sufrieron de un cierto trastorno político. Es posible determinar que los mismos fueron “riesgofóbicos”. Ante el riesgo de una victoria del Frente Amplio bajo el anterior sistema electoral, se abocaron a reformarlo. Ya sabemos que no tuvieron éxito. Sin embargo, el problema fue mucho mayor al esperado. Cinco años más tarde, con mayoría legislativa como ganancia por la espera que había tenido que soportar, el Dr. Vázquez fue proclamado Presidente. La división en mitades de la ciudadanía uruguaya, ante la reforma, ya anunciaba el escenario que, solidificado en las elecciones de 1999, nos acompaña hoy.

Obviamente, y se encuentra estudiado a fondo en la Ciencia Política, el sistema electoral moldea el sistema de partidos de un país. El Uruguay posterior a 1910 se vio enmarcado por la primera versión de la “Ley de Lemas”. Desde 1996, hasta ahora, el Ballotage ha exacerbado la división en mitades de la sociedad uruguaya. Es más, al incluir un mecanismo mayoritario en la Elección Presidencial, se ha empujado a la ciudadanía a “adelantar la Segunda Vuelta”. Como resultado directo, en las dos elecciones posteriores a la reforma, el Frente Amplio logró mayoría legislativa. Debido a ello, en la mente de muchos dirigentes locales y votantes independientes de los partidos fundacionales creció la idea de conformar una coalición permanente entre ambos partidos. Sin embargo, por el momento, dicha opción parece muy lejana.

Más allá de todo esto, y dejando para otro momento las ventajas de la reforma, existen otras consecuencias del sistema electoral vigente. Entre todas las que podemos observar, fabricar mayorías artificiales y plebiscitarias, favorecer la polarización electoral, entre otras, podemos centrarnos en sus efectos sobre las relaciones entre los líderes políticos de los partidos de la oposición en el Uruguay. Cuando el Dr. Bordaberry llama “manso corderito” al Dr. Larrañaga estamos evidenciando los resultados de la reforma en su relación. Lo mismo podría decirse cuando el líder colorado dice “al final Lacalle tenía razón”. Tanto Bordaberry como Larrañaga están evidenciando sus estrategias políticas hacia 2014. Larrañaga ya había anunciado que la confrontación como estrategia, asignada a Lacalle en la campaña electoral última, había sido nefasta para los intereses de los nacionalistas. Por ende, su idea es “colaborar” más con el gobierno del FA. Al mismo tiempo, con la seguridad de ser mayoría en el Partido Colorado y de compartir votantes con el Dr. Lacalle y no tanto con Larrañaga, Bordaberry ha decidido acercarse al “votante herrerista” y confrontar con el gobierno de Mujica. Debido a ello, y en el entendido que ambos son los mayores competidores por el segundo cupo del Ballotage 2014, la evidente segunda fase de estas estrategias es la confrontación directa entre ambos. Nuevamente, el tiempo dirá si las tácticas elegidas serán tan útiles el largo plazo como ellos creen que lo son en el corto plazo. Podríamos decir, que en este caso, ambos líderes están sufriendo de “riesgofilía”. Ambos decidieron tomar el riesgo de llevar adelante sus estrategias sin medir las consecuencias.

Sumado a todo esto, desde el pasado sábado, un nuevo tema se suma al escenario político planteado. La iniciativa de “Vamos Uruguay”, sector del Dr. Bordaberry, de reformar la Constitución con el fin de “bajar la edad de inimputabilidad” como eje principal. Más allá de las opiniones que puede generar la propuesta, la aprobación de la requerirá de conformar una coalición amplía que brinde sustento al proyecto, lo cual implicará necesariamente dos cosas. Por un lado, una vocación clara de negociación  del Partido Colorado. La aprobación de la reforma, y hasta el futuro electoral de los colorados, puede depender de la suerte que corra esta iniciativa. Por el otro lado, una definición estratégica del Partido Nacional, tanto del “Herrerismo” como de “Alianza Nacional”. La misma puede tener su base en la opinión que tienen sobre el proyecto o en los intereses políticos de los sectores nacionalistas.

Sumado a ello, con relación a las necesarias negociaciones políticas que están a punto de abrirse en torno a la iniciativa colorada, es factible que se presenten más reformas constitucionales en breve. Desde la reforma del sistema electoral, la reelección presidencial o la baja en la edad de inimputabilidad, todos los temas podrán ser motivo de una reforma. Cada una contará con el apoyo de unos y la oposición de otros. Lo más importante sería que todos los líderes políticos entiendan que cada reforma implica ciertas consecuencias, algunas insospechadas e incalculables. Además, la experiencia que brinda América Latina en torno a las últimas reformas constitucionales proyectadas  o aprobadas, con los ejemplos de profundas divisiones y violencia, como los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, debería estar en mente de los líderes políticos más importantes del país. En virtud de ello, más vale que tengan en cuenta los riesgos y las oportunidades que brindan las negociaciones que busquen concretar una reforma constitucional en nuestro país. Esperemos que los líderes encuentren el justo equilibrio entre “Riesgofobia” y “Riesgofilia”.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Entre la Criminalización y la Inoperancia



El Jueves 28 de Octubre, en la Torre Ejecutiva, el Ministerio del Interior, con el propio Eduardo Bonomi como único orador, realizó una conferencia de prensa donde se dieron a conocer diferentes cifras sobre la evolución de los delitos en los últimos años. El Ministro del Interior, junto al Director General de la cartera, Charles Carrera, y el Director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, aseguraron ante la prensa que “todos” los delitos disminuyeron, con la única excepción de las rapiñas. Según este análisis presentado por el Ministro, se rompe con la línea histórica que venía siguiendo el gobierno de Tabaré Vázquez y venía sin cambios, en términos generales desde la restauración democrática. Hasta aquí nada parecía estar fuera de los carriles normales.

Eduardo Bonomi comparó las denuncias de delitos que se llevan en el 2010 con las del año 2008. Sin embargo, no se realizó la misma comparación con los datos de 2009. Según lo que dijo el propio Bonomi a la prensa al día siguiente, si se utiliza la comparación con 2009 hay un leve aumento de los delitos en el año en que estamos. Más allá de esta aparente “trampa” a la cual recurre el Ministro para enviar tranquilidad a la Ciudadanía, que de por sí sería un asunto grave a analizar se esconden aún detalles más sórdidos. Al día siguiente también, ante la prensa, Bonomi reconoce que las cifras sobre delitos presentadas este jueves no son avaladas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad, el organismo encargado de recabar ese tipo de información. Cabe recordar que el mismo depende de la cartera que comanda Bonomi. No contento con ello, el Ministro Bonomi, dijo que se tomaron cifras globales del Observatorio pero que hubo una interpretación cualitativa que realizaron otros funcionarios del Ministerio. En ningún momento señalo qué funcionarios y con qué aval técnico lo realizaron. Agregó  que, como Ministro, tiene derecho a “interpretar” las cifras.

La situación llega a niveles tragicómicos en el momento en que el Ministro se refiere a los delitos cometidos por menores. El Ministro en ningún momento aclara de dónde obtuvo los datos referidos a los delitos realizados por menores. Su respuesta ante la pregunta fue “de institutos diversos”, sin aclarar si públicos o privados. En realidad la única institución que llegó a ser nombrada, para el caso de los menores, fue UNICEF. En realidad, no quedaron muy claros los datos presentados por Bonomi. Habló de un aumento del 81% de 2009 a 2008 y que sigue en aumento. Sin embargo, UNICEF no presenta un análisis que corrobore esos datos manejados por el Ministro. Más aún, los datos de Unicef no serían los mismos que presentó el Ministro a la prensa.

Al misma tiempo, el Partido Colorado, con su Secretario General Dr. Pedro Bordaberry, se apresta a lanzarse tras la recolección de firmas para llevar adelante una baja en la edad de inimputabilidad debido, según entienden, un aumento sostenido de la cantidad de delitos, y la violencia añadida a la misma vez, cometidos por menores de 18 años. Los colorados pretendían oficializar en breve su postura y comenzaron contactos con dirigentes blancos para lograr el apoyo de esa colectividad. No obstante, se han escuchado voces nacionalistas que no quieren cambiar la “mayoría de edad” y se juegan por otras medidas. Entre ellas, se puede pensar, en el proyecto del Diputado Lacalle Pou, por el cual se mantendrían los prontuarios de menores en caso de delitos graves.

Las medidas manejadas por ambos partidos tradicionales se dan de frente con la postura esgrimida por una serie de personalidades de izquierda. Se escucha decir que no puede “criminalizar” a menores, niños, jóvenes, adolescentes. Para defender dicha postura se aduce que el 80% del total de los delitos, en este país, lo cometen adultos y/o mayores. Sin embargo, el propio Ministro Bonomi, a título personal en su momento, había manifestado estar de acuerdo en llevar adelante soluciones del mismo tipo que las planteadas desde tiendas de la oposición.

El primer problema que se observa es que ni el Ministro, ni quienes pretenden cambios en la normativa referente a menores, ni los que no los quieren, presentan datos concretos que avalen cada una de sus posturas. Pasamos de sensaciones en sensaciones, sin bases científicas que las respalden. A tal punto llega esta situación, que no tiene razón de ser, que aquellos que se manifiestan en contra de los proyectos de la oposición, si bien basados en una proporción de 4 a 1 entre delitos cometidos por mayores contra delitos cometidos por menores, no presentan datos detallados para la consideración. Por poner un ejemplo, habría que analizar qué cantidad de los delitos son cometidos por mayores, que en su momento fueron menores infractores, y se ven, al momento de cometer el primer delito como tales, beneficiados por la normativa vigente. O aquellos casos de un mayor con ya antecedentes como mayor pero que se ve beneficiado por no tener sumadas las anotaciones como menor a su antecedente como mayor. No obstante, es bueno dejar en claro que la baja de la edad de inimputabilidad no es algo alocado ni fuera de lugar. Los conceptos de “Mayoría de Edad” y “Edad de Inimputabilidad” han variado a lo largo de la historia, aquí y en el mundo, y a veces han sido coincidentes en una edad y otras tantas no lo han sido. Como mucho, en ese sentido, habría que discutir si la baja de dicha edad límite no debería verse acompañada por la aprobación de las correspondientes habilitaciones en otros ámbitos. Simplemente, y para ser claros, por aquello de a iguales derechos, iguales obligaciones.

Más allá de todo ello, existe otra arista interesante a explorar. En la época del Presupuesto Nacional, con sus Coordinadores Regionales y reivindicaciones corporativistas a cuestas, “Ilegalización” de la Ley de Caducidad y las Marchas por Seguridad sería útil analizar otras medidas posibles. En resumen, si tomamos los 120 millones de dólares, por lo menos previstos, que se destinan a cargos de confianza en el nuevo presupuesto, qué podríamos hacer en materia de menores infractores. Gran parte del problema de los menores infractores se debe a que el INAU no cuenta con instalaciones que permitan retener a los menores conducidos al mismo. A la misma vez, no existen condiciones que permitan la rehabilitación de los mismos, ni educativos ni laborales. Ya que hablamos de inseguridad, no obstante, podemos sumar una medida tendiente a rehabilitar a los mayores primarios. Dicho caso es incluido en el entendido que una parte importante de dichos casos son menores infractores que, al pasar la mayoría de edad, se ven beneficiados por la “eliminación” de sus anotaciones de su etapa de menor. Con el dinero señalado y los casos elegidos, ahora, tratemos de buscar una propuesta que ponga sobre la mesa un nuevo debate en torno al tema seguridad.

La propuesta que tengo en mente tiene por centro el tema de la rehabilitación. Dividamos los 120 millones de dólares en dos, una para un Centro de Rehabilitación de Menores Privados de Libertad (CRMPL) y la otra para un Complejo de Rehabilitación de Primarios (CRP). Por ejemplo, se podrían destinar 45 millones de dólares para CRMPL en el quinquenio y 75 millones para el CRP. Entremos al caso del CRMPL, si 25 millones son utilizados para crear un local de 200 plazas con demás servicios necesarios se soluciona, en primera instancia, la situación de los menores más peligrosos del país. A su vez, se destinarían 20 millones de dólares, a razón de 4 millones por año en el quinquenio, para personal y materiales que posibiliten la rehabilitación de los mismos. Pasando al CRP, con 50 millones de dólares sería posible construir un complejo carcelario, en forma de chacras o similar, para alrededor de 400 primarios, que sean privados de libertad por la Justicia. A la misma vez, se destinarían 25 millones de dólares, a razón de 5 millones de dólares al año, para funcionarios y materiales que puedan colaborar para su rehabilitación, beneficiando a la sociedad toda.

Lejos de “criminalizar” o discriminar, y sin tocar el ordenamiento jurídico vigente, sería posible organizar dos institutos que permitan mejorar la situación, actual y futura, de una parte considerable de los menores infractores y mayores primarios. Simplemente se ahorra en lo accesorio y se concentran fondos en la necesidad más acuciante que aducen los uruguayos en su diario vivir. Es claro que la propuesta no es original ni ingeniosa. La pregunta que deberíamos formularnos es por qué ésta, u otras propuestas similares, no son el centro del debate en la actualidad. Simplemente propongo una idea a fin de que entre todos se encuentre una solución mejor a la situación que enfrentamos hoy. Entre la “Criminalización” y la Inoperancia deben existir un montón de propuestas a considerar. También me gustaría que señalaran sus propuestas para abordar el asunto. Simplemente, desde mi punto de vista, hay que lograr que la Ciudadanía se apropie de la agenda política rápidamente. No vaya a ser que el “mejor momento de nuestra economía” termine antes de encontrar una solución al tema.