Lo que desde lejos no se
ve…
Conviene poner el foco
en Francia, no solo por su peso y por una historia marcada por la violencia y
las revueltas, sino también porque allí confluyen muchas de las tensiones que
atraviesan al viejo continente. Lo que en otras capitales aparece de forma más
puntual, en suelo francés se acumula y estalla con mucha más fuerza. Es en sus
barrios periféricos y en sus calles donde se lee con claridad qué es lo que
está pasando.
Las causas del conflicto
El primer motor del
conflicto es el deterioro de un servicio público en particular: la educación.
Cuando los institutos de secundaria de los barrios más vulnerables se quedan
semanas sin profesores por los bajos salarios y las aulas se masifican, los
jóvenes salen a manifestarse. Se suman los profesores y, como es costumbre en
las tierras galas, los sindicatos. Los reclamos se extienden a otros servicios
públicos, como la salud y el transporte, que también enfrentan dificultades
para brindar las soluciones que la población necesita.
A esto se suman los
reclamos por el costo de vida. La inflación acumulada y una crisis de vivienda
feroz hacen cada vez más difícil que los trabajadores y los jóvenes puedan
independizarse, pagar un alquiler o afrontar los gastos cotidianos. El
encarecimiento de la energía, impulsado también por las tensiones geopolíticas
y los conflictos internacionales, eleva los costos de la electricidad y el
transporte. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población presiona los
sistemas de pensiones y los cambios tecnológicos generan incertidumbre en el
mercado laboral. El malestar responde a una acumulación de problemas económicos
y sociales que afectan la vida cotidiana.
Pero el problema se
vuelve verdaderamente crítico cuando esta crisis económica choca de frente con
la realidad migratoria y cultural de las periferias francesas, los banlieues.
En esas zonas, una parte importante de los jóvenes pertenece a la segunda o
tercera generación de familias inmigrantes y ha nacido en suelo europeo. Muchos
arrastran un cortocircuito de identidad profundo: se sienten franceses de
papeles, pero excluidos de hecho por su origen o sus apellidos, lo que genera
un resentimiento acumulado contra las instituciones y la policía. A esto se
suma la consolidación de corrientes del islamismo político que cuestionan
principios centrales del modelo republicano francés, como el laicismo y la
primacía de las leyes civiles. Las dificultades de integración y las tensiones
culturales y religiosas se entrecruzan con las fracturas económicas y sociales,
poniendo en discusión la propia idea de convivencia.
A esa tensión se suma
la repercusión de los conflictos internacionales, particularmente la guerra en
Gaza, que adquiere una fuerte dimensión identitaria en determinados sectores de
las periferias europeas y puede convertirse en un factor de movilización
política. La identificación con la causa palestina convive, en este contexto,
con un repunte del antisemitismo y la circulación de discursos de odio y
teorías conspirativas en las redes sociales. Conflictos que se desarrollan a
miles de kilómetros terminan así proyectándose sobre las tensiones internas
europeas, profundizando divisiones preexistentes y añadiendo una nueva
dimensión a la crisis.
Pero una cosa es el
descontento de fondo y otra muy distinta es quién aprovecha lo que ocurre
cuando se apagan las luces. Ahí es donde entran los grupos radicales, que
aportan la logística del caos. La presencia de tácticas de confrontación
callejera como el Black Bloc y de redes Antifa en estos escenarios no busca
defender la educación ni protestar por la vivienda: en su expresión violenta,
apunta al sabotaje, la destrucción de bienes y el enfrentamiento con la
policía. Esta violencia callejera se convierte en una oportunidad para que la
izquierda radicalizada intente pescar en río revuelto y sumar apoyo en esos
barrios periféricos.
A esta combinación de
factores se suma una particular tradición política francesa, marcada por una
larga historia de revoluciones, levantamientos populares y protestas
callejeras, desde 1789, pasando por el Mayo del 68, hasta los «chalecos
amarillos» de 2018. En Francia, la movilización masiva y la confrontación con
el poder forman parte de una cultura política arraigada, en la que la calle ha
sido históricamente un espacio de disputa capaz de alterar el rumbo de los
acontecimientos.
El cuadro se completa
con una extendida desconfianza hacia los partidos tradicionales y las
instituciones, alimentada por la percepción de que los mecanismos políticos no
ofrecen respuestas suficientes a los problemas cotidianos. Cuando amplios
sectores sienten que sus demandas no encuentran representación efectiva o que
las decisiones se toman de espaldas a sus preocupaciones, el malestar puede
desbordar los canales institucionales y abrir espacio a fuerzas que prometen
una ruptura con el sistema.
A las dificultades
cotidianas se suma una contradicción de fondo en el modelo económico y social
francés. Francia mantiene un nivel elevado de gasto público y de protección
social, pero arrastra un déficit fiscal persistente y una deuda creciente que
limitan su margen de maniobra. En 2025, el déficit público alcanzó el 5,1 % del
PIB y la deuda superó el 115 %. A esto se suma una presión fiscal
particularmente elevada, equivalente al 45,2 % del PIB, la segunda más alta de
Europa. El debate sobre cómo sostener ese modelo enfrenta a quienes rechazan
los recortes y las reformas, como la del sistema de pensiones, con quienes
consideran inevitable contener el gasto y corregir los desequilibrios. Así, la
discusión económica se convierte también en un conflicto político sobre quién
debe asumir el costo de mantener el Estado de bienestar y qué compromisos está
dispuesta a aceptar la sociedad francesa.
También existe una
causa electoral indudable: las elecciones presidenciales francesas de 2027. La
posibilidad real de una victoria de la extrema derecha, que podría llevarla por
primera vez a la presidencia de la Quinta República, introduce un factor
adicional de tensión. Al mismo tiempo, la extrema izquierda busca posicionarse
para disputar el balotaje en un escenario de creciente polarización.
Por último, aquí vale
la pena insistir en una aclaración: la migración en sí misma no es la causa de
lo que está pasando. Pero eso no significa negar su relación directa con varios
de los problemas que explican la situación actual. El deterioro de los
servicios públicos, la crisis de la vivienda, las dificultades de integración,
la concentración de población en las periferias y las tensiones en torno a la
identidad y la religión no pueden analizarse al margen de la realidad
migratoria francesa. Una parte importante de esa inmigración procede de países
de tradición musulmana, lo que también introduce una dimensión cultural y
religiosa en el debate, especialmente cuando determinadas corrientes del
islamismo político cuestionan principios fundamentales de la República, como el
laicismo y la primacía de las leyes civiles. Negar estas conexiones por temor a
sus implicaciones políticas no ayuda a comprender el problema; tampoco lo hace
atribuir a la inmigración, la responsabilidad.
La convergencia que no se quiere ver
Todos estos factores
ayudan a comprender el malestar que atraviesa Francia y otros países europeos.
Pero explicar las causas del descontento no alcanza para entender cómo se
expresa, quiénes consiguen movilizarlo y con qué objetivos. Las dificultades
económicas, las fracturas sociales y los conflictos identitarios constituyen el
terreno sobre el que actúan los actores políticos e ideológicos. Es en esa
disputa por el sentido y la dirección del malestar donde aparece uno de los
aspectos más inquietantes.
Lo grave comienza
cuando el malestar social se convierte en una herramienta de disputa política e
ideológica. En Francia, la izquierda cada vez más radicalizada, con La Francia
Insumisa a la cabeza, y el islamismo político, asociado fundamentalmente a los
Hermanos Musulmanes, convergen, pese a partir de tradiciones diferentes, en una
alianza de objetivos: socavar la República francesa y el orden político y
cultural sobre el que se sostiene. Esa convergencia se expresa en un
aprovechamiento mutuo: la izquierda presenta la confrontación como una forma
legítima de resistencia al sistema, mientras que el islamismo político
encuentra en las fracturas sociales y en los conflictos internacionales una vía
para reforzar su influencia y cuestionar principios fundamentales de la
República, como el laicismo y la primacía de las leyes civiles.
La primera operación
de esta convergencia consiste en borrar la frontera entre la protesta y la
violencia. Cuando la izquierda presenta cualquier enfrentamiento con el Estado
como una respuesta legítima a la violencia del propio sistema, la
responsabilidad por los actos cometidos queda subordinada a la causa que
supuestamente los justifica. Así, el sabotaje, la intimidación y la agresión
pueden dejar de ser condenados por lo que son para ser evaluados en función de
quién los ejerce y contra quién se dirigen. La causa política se convierte
entonces en una coartada moral.
Esta convergencia
también responde a una transformación ideológica de la izquierda. La
tradicional centralidad de la lucha de clases ha cedido terreno frente a una
política articulada en torno a las minorías y a la identificación de distintos
grupos como víctimas del sistema capitalista y la democracia liberal. Desde esa
perspectiva, la causa palestina ha pasado a ocupar un lugar central en las
movilizaciones, especialmente después del 7 de octubre de 2023, desplazando
incluso la histórica centralidad de la lucha contra el antisemitismo en esos
espacios políticos. Las manifestaciones se convierten así en escenarios donde
conviven banderas de izquierda, comunistas y palestinas, junto con símbolos
islamistas radicales. El aumento del antisemitismo registrado en Francia
constituye una señal de alarma que no puede negarse.
Esta convergencia se
apoya en una visión que combina la culpa histórica de Occidente por el
colonialismo, la división del mundo entre «opresores y oprimidos» y el rechazo
de los valores occidentales. Bajo esa lógica, la oposición común a Occidente
termina pesando más que las diferencias: quienes son identificados como
víctimas reciben una indulgencia que puede llegar a justificar prácticas que,
en otros contextos, serían condenadas. Así, sectores de la izquierda terminan
relativizando derechos que dicen defender, como la igualdad entre hombres y
mujeres o los derechos de las personas LGTBI+, cuando entran en conflicto con
las causas que respaldan. La paradoja es también política: en nombre de la emancipación,
se termina legitimando a actores cuyos proyectos chocan con los principios de
libertad, igualdad ante la ley y laicismo que la propia izquierda reivindicó
históricamente.
En la antesala de las
elecciones presidenciales francesas de abril y mayo de 2027, esa dinámica
adquiere una dimensión adicional: el malestar, la polarización y los conflictos
identitarios pueden ser aprovechados para influir en el resultado electoral. La
cuestión no es que los actores políticos busquen convencer a los votantes, sino
que la agitación social y la confrontación ideológica puedan utilizarse para
erosionar la confianza democrática y condicionar el debate electoral.
Lo que desde lejos no se ve
Las consecuencias
pueden ser tanto políticas como económicas. Una sociedad atrapada en la
confrontación pierde capacidad para construir acuerdos, afrontar reformas y
resolver problemas que requieren continuidad y responsabilidad. La polarización
no mejora la educación, no reduce el costo de vida ni garantiza la
sostenibilidad de las pensiones. Si el debate queda subordinado a la disputa
ideológica y los episodios de violencia se normalizan, el costo recae sobre el
conjunto de la sociedad, especialmente sobre quienes más necesitan que las
instituciones funcionen.
Eso es, en definitiva,
lo que desde lejos no siempre se ve. No estamos únicamente ante una sucesión de
disturbios ni ante una suma de reivindicaciones insatisfechas, sino ante una
disputa por el rumbo político y cultural de Europa. Una democracia que no logra
responder a sus problemas alimenta el terreno sobre el que crecen los
extremismos; pero una democracia que, para evitar el conflicto, renuncia a
hacer cumplir sus leyes o relativiza sus principios también contribuye a su
propia caída.
El desafío es doble:
recuperar la capacidad de dar respuestas a los ciudadanos y, al mismo tiempo,
impedir que la violencia, el antisemitismo y los proyectos contrarios a las
libertades democráticas se amparen en causas legítimas. Porque si quienes
buscan transformar la sociedad consiguen convertir sus problemas en una ventaja
política, no solo nos arriesgamos a una mayor inestabilidad: arriesgamos
también los principios sobre los que construimos nuestra convivencia.
