Ya se acallan los ecos de la “triple interpelación” que ocurrió hasta hace unas horas en la Cámara de Diputados. Entre la molestia de la Oposición por el “recreo anti-informativos” llevado adelante por Baraibar y el Frente Amplio y el voto de una declaración que avala como “satisfactorias las explicaciones de los Ministros interpelados” que fue votada por el Oficialismo y el Partido Independiente, la maratónica sesión no dejó nada nuevo. Por eso, en la intención de arrojar luz sobre un tema que atañe a todos, me propongo concentrarme en algunos de los puntos, a mi entender, han estado por fuera del inconcluso debate sobre la Minera Aratirí…
Para empezar sería bueno tener una mínima idea de lo qué es realmente la “Minera Aratirí”. En realidad, para ser claros, estamos hablando de la “Minera Zamín Ferrous” de India. La misma tendría varios proyectos mineros en Africa y América del Sur. La empresa Minera Aratirí llegó a nuestro país en 2007, para realizar trabajos de prospección, exploración y explotación del suelo en Durazno, Cerro Largo, Florida y Treinta y Tres. La empresa está terminando los estudios para conocer la cantidad y calidad del hierro, que se encuentra en campos ubicados en las inmediaciones de Pueblo Valentines, Cerro Chato y Paraje Las Palmas. Si todo sale como se piensa, la inversión, si la calidad y cantidad del hierro la hace “viable”, está estimada en 3.000 millones de dólares con una producción mínima de 10 millones de toneladas anuales. La intención de Aratirí es exportar 18 millones de toneladas anuales de hierro a China, fundamentalmente destinado a la industria siderúrgica, con una explotación de 30 años.
La zona utilizada por la minera Aratirí cubrirá, en funcionamiento, una extensión de 11.500 hectáreas y la empresa se reserva el uso de 120.000 hectáreas para actividades de prospección y exploración. Los departamentos de Treinta y Tres, Florida, Durazno y Cerro Largo se verán directamente afectados, además de Lavalleja y Rocha, por donde pasará el minero-ducto que llevará el hierro hacia un puerto que se construirá en La Angostura, próximo al balneario La Esmeralda.
Este proyecto, que sería la inversión más grande de la historia económica nacional, incluye la explotación de cinco minas: Uría, Morochos, Mulero, Maidana y Las Palmas. La más grande es Uría, con 3 kilómetros de largo, 600 metros de ancho y 350 de profundidad. Además, se prevé la construcción de una represa de relave, de unas 2.400 hectáreas y de una represa de agua de 250 hectáreas. Solamente para desarrollar esta parte el proyecto, se estarían invirtiendo 2.000 millones de dólares. Otros 1.000 millones de dólares serían destinados a la construcción de un minero-ducto de 230 kilómetros de largo y que ocuparía unas 1.100 hectáreas, un acueducto y una terminal portuaria en la costa atlántica para la salida del mineral. Aratirí, o su grupo inversor dueño, ya están buscando un socio que compre el 49% del proyecto para hacer posible la tan costosa inversión que se proyecta. Aún, cuando en un principio, al propio gobierno nacional se le negó la necesidad de buscar otros inversores para el proyecto. Sin embargo, el gobierno nacional no ha pensado en esta búsqueda de la empresa como la puerta para asociarse al proyecto y permite que las acciones sigan a la deriva.
Se estima que la construcción de todo el proyecto llevaría unos dos años y durante la fase de construcción emplearía directamente a entre 2500 y 4000 personas, mientras que en la fase operativa, para el funcionamiento en sí mismo de la empresa, se emplearían directamente a unas 1100 personas y se podrían generar cadenas productivas y trabajos indirectos por entre tres y diez mil. Ese es el incentivo para el Uruguay.
Un detalle importante para entender cómo Aratirí ha logrado tanto interés del gobierno nacional, además de los números económicos, es la cabeza que ha elegido la empresa para el proyecto en nuestro país. El Ing. Fernando Puntigliano es el “country-manager” de Aratirí en Uruguay. Cuando la empresa llegó a Uruguay, en 2007 y durante el gobierno del Dr. Vázquez, el destacado técnico era el Presidente de la Administración Nacional de Puertos. Bien valorado, por propios y extraños en política, por su trabajo en el relanzamiento del Puerto de Montevideo, sorprendió cuando anunció que dejaba el ámbito público para el segundo mandato de la izquierda y pasaba a desarrollar tareas “en un emprendimiento que cambiaría el país para siempre”. Y parece que para nada mentía cuando hizo ese tipo de declaraciones.
Más allá de todo ello, la interpelación de ayer, que intentaba traer “luz” sobre el proyecto, quedó en la nada. Hubo preguntas de la oposición, pero las respuestas fueron pocas, largas y sin el contenido necesario realmente. Los tres Ministros demostraron buena predisposición al concurrir, pero no tanta al explicar. Todo está en veremos, como dice en propio Puntigliano, hasta que la empresa no termine de definir si es viable o no la inversión. Hasta el nuevo Código Minero está en veremos, esperando la ratificación final por parte del Parlamento. Con suerte, la misma llegará a fines de año.
No obstante, la interpelación fue criticada desde tiendas oficialistas. El propio Presidente Mujica le destinó parte de su audición radial. En la oportunidad, el mandatario atacó a la oposición, como lo hace cuando no le gusta el posicionamiento de la misma, al decir que: “…hoy hay una inusitada convocatoria de tres ministros. Si esto no es poner palos en la rueda no sé qué es poner palos en la rueda. No tengo recuerdo nunca de una convocatoria tal por algo que está a estudio. Hubiéramos precisado una participación nacional, pero no fue por actitudes nuestras que no se dio”.
La interpelación fue llevada adelante por el Diputado Gerardo Amarilla, riverense con título en derecho y post-grado en derecho ambiental, y con las intervenciones de gran parte de los legisladores opositores, tuvo momentos únicos. Por ejemplo, la sesión se terminó desarrollando en la madrugada luego de la jugada política del oficialismo, a la que llamaremos “anti-informativos”, que se efectivizó en un cuarto intermedio entre las 19 y las 21 horas. Sin embargo, en la misma no se tocaron al menos tres, pueden ser más, de los puntos más importantes relacionados con este proyecto.
Si bien muchos hablan de la “nacionalización del hierro”, como lo declara en los medios el Diputado José Carlos Cardoso, Herrerismo-Partido Nacional, la misma es realmente un sinsentido. El hierro pertenece a la nación como lo declara expresamente el artículo 4º del actual Codigo Minero. Lo que se quiere es la “estatización de la explotación hierro” como existe para el petróleo en el artículo 5º del mismo.
El primer asunto del que nadie habla, y que salió a luz pública en las declaraciones de hace unas semanas atrás del propio autor del código, el Dr. Juan Andrés Ramírez, a Radio Carve, en el programa “Cierre de Jornada”, es por qué al Estado no le conviene ni estatizar, ni llamar a licitación para la explotación del mineral. La razón sería que debería pagarle una importante suma de dinero por daños y perjuicios a Aratirí, que fue el descubridor del yacimiento, si la misma no es la empresa que ejecute el proyecto. El Estado estuvo omiso, según Ramírez, al no hacer uso de la “reserva de la explotación”, con lo cual ahora tiene un “costo importante” no trabajar con Aratirí. Hasta licitar la explotación estaría vedado económicamente debido a este hecho. De haber utilizado ese “derecho”, el Estado hubiera podido hacer una licitación internacional para la explotación en la cual solamente debería dar una “ventaja” a Aratirí por ser el descubridor original del yacimiento en cuestión.
De esta forma, la duda que quedaba a mucho sobre la obstinación del gobierno nacional en que Aratirí “salga o salga” tiene una explicación lógica. Es más, el asunto nos llevaría a 2007 y los años siguientes, la administración Vázquez podría ser la responsable de la incómoda situación actual del gobierno de Mujica. Y las respuestas a las preguntas también deberían venir de las autoridades de aquella época.
El segundo punto al que me quiero referir, que si está más en boga en los medios y el Parlamento pero no manejado de una manera “científica”, es el asunto del Canon que Aratirí deberá pagar al Estado durante los años que dure su explotación del hierro. En este punto queda mucho por entender y saber. El actual Código Minero, y su decreto reglamentario, expresan:
“El porcentaje del Canon de Producción será:
A) Para los yacimientos de la Clase III
porcentaje se compone de: un 2% de Canon estatal y un
3% de participación para el propietario del predio
superficial.
compone de: 3% de Canon estatal y un 5% de
participación para el propietario del predio superficial.”
Sin embargo, en las modificaciones presentadas por el Poder Ejecutivo, aún a consideración del Parlamento, el inciso b) desaparece, y queda establecido como Canon Fijo el que esta detallado en el inciso a). De esta forma, al Estado, por aproximadamente 30 años, le quedará el 2% de lo que facture Aratirí. El otro 3% es para los dueños de los predios en los que se desarrolle el proyecto minero. Además, en el nuevo código, se le impondría a la empresa la obligación de destinar para el mercado interno, a precio FOB, o sea, valorados en puerto de salida, el 15% de lo que anualmente sea producido por el emprendimiento. Lo que se busca con ello, podría pensarse, es que el proyecto permita establecer algún tipo de “industria siderúrgica nacional” al asegurar un porcentaje fijo de materia prima para emprendimientos afincados en el país.
La pregunta que todos se deben estar haciendo es si es justo el Canon que pagaría Aratirí en función de los riesgos ambientales a los que podría enfrentarse el país ante la minería a cielo abierto que propone la empresa. Hace una par de semanas el Economista Ambiental Marcelo Caffera hizo declaraciones al Semanario Brecha sobre la futura minera en las cuales ingresa a este espinoso tema. “…En mi opinión la pregunta fundamental no sería minería sí o minería no. A mi juicio, arriesgado de nuevo, la pregunta fundamental sería más bien: ¿Cuánto le vamos a cobrar de canon a la minera que explote ese yacimiento de hierro y cómo vamos a distribuir lo recaudado?..”.
El profesional aclara que existen, por lo menos, tres impactos ambientales que el proyecto trae consigo: 1) desaparición de 6210 hectáreas de suelo, por lo menos, que tienen valor productivo y como ecosistemas; 2) desaparición de algunos quilómetros de costa por la construcción del puerto en Rocha; 3) el uso, impacto o desaparición, no hay estudios sobre el tema, en reservorios de agua en la zona afectada. Existirían ciertos beneficios como la creación de nuevos reservorios acuáticos artificiales. No obstante, al día de hoy no existen estudios económicos-ambientales que permitan establecer en “plata” lo que significarían éstas externalidades o impactos ambientales.
Por todo lo anterior, no hay forma de saber si es justo el canon propuesto. Si se puede establecer que difícilmente el “Canon Justo” haga inviable económicamente el proyecto. Ni siquiera dando por cierto lo que dice el propio Caffera: “…me sorprendería que la internalización de los impactos ambientales haga el proyecto inviable desde un punto de vista económico. Esto por el valor, la cantidad y la calidad del hierro en cuestión…”. De esta forma, el profesional concluye: “…no debemos descapitalizarnos… Explotemos el hierro que heredamos. Pero invirtamos el capital…”. La decisión de cuánto cobrar de canon es política. Y esa debería ser la pelea a dar en el Parlamento. Debemos lograr un “Canon Justo”, más allá de las posibilidades futuras de desarrollo económico que podrían surgir a partir del hierro.
Por último, por lo menos por ahora, el tercer punto al que, si bien ha sobrevolado el ambiente, no se le ha hincado el diente es el tema del después. Si, aunque parezca absurdo, el después. ¿Qué hacemos con el resultado de la explotación del hierro en materia de destrucción? Los Ministros durante la interpelación dijeron que está prevista una reconstrucción paisajística del terreno ya que la reparación es inviable. Sin embargo, en ningún lugar aparece escrita tal obligación de la empresa. Menos aún, por lo pronto, está previsto de qué manera la empresa deberá reconstruir el paisaje de la zona en cuestión. Este asunto es tan importante como los anteriores porque es lo que vamos a dejar para las generaciones futuras que vivan en los alrededores de Aratirí.
