viernes, 15 de julio de 2011

Aratirí, Interpelación y Después



Ya se acallan los ecos de la “triple interpelación” que ocurrió hasta hace unas horas en la Cámara de Diputados. Entre la molestia de la Oposición por el “recreo anti-informativos” llevado adelante por Baraibar y el Frente Amplio y el voto de una declaración que avala como “satisfactorias las explicaciones de los Ministros interpelados” que fue votada por el Oficialismo y el Partido Independiente, la maratónica sesión no dejó nada nuevo. Por eso, en la intención de arrojar luz sobre un tema que atañe a todos, me propongo concentrarme en algunos de los puntos, a mi entender, han estado por fuera del inconcluso debate sobre la Minera Aratirí…



Para empezar sería bueno tener una mínima idea de lo qué es realmente la “Minera Aratirí”. En realidad, para ser claros, estamos hablando de la “Minera Zamín Ferrous” de India. La misma tendría varios proyectos mineros en Africa y América del Sur. La empresa Minera Aratirí llegó a nuestro país en 2007, para realizar trabajos de prospección, exploración y explotación del suelo en Durazno, Cerro Largo, Florida y Treinta y Tres. La empresa está terminando los estudios para conocer la cantidad y calidad del hierro, que se encuentra en campos ubicados en las inmediaciones de Pueblo Valentines, Cerro Chato y Paraje Las Palmas. Si todo sale como se piensa, la inversión, si la calidad y cantidad del hierro la hace “viable”, está estimada en 3.000 millones de dólares con una producción mínima de 10 millones de toneladas anuales. La intención de Aratirí es exportar 18 millones de toneladas anuales de hierro a China, fundamentalmente destinado a la industria siderúrgica, con una explotación de 30 años.



La zona utilizada por la minera Aratirí cubrirá, en funcionamiento, una extensión de 11.500 hectáreas y la empresa se reserva el uso de 120.000 hectáreas para actividades de prospección y exploración. Los departamentos de Treinta y Tres, Florida, Durazno y Cerro Largo se verán directamente afectados, además de Lavalleja y Rocha, por donde pasará el minero-ducto que llevará el hierro hacia un puerto que se construirá en La Angostura, próximo al balneario La Esmeralda.



Este proyecto, que sería la inversión más grande de la historia económica nacional, incluye la explotación de cinco minas: Uría, Morochos, Mulero, Maidana y Las Palmas. La más grande es Uría, con 3 kilómetros de largo, 600 metros de ancho y 350 de profundidad. Además, se prevé la construcción de una represa de relave, de unas 2.400 hectáreas y de una represa de agua de 250 hectáreas. Solamente para desarrollar esta parte el proyecto, se estarían invirtiendo 2.000 millones de dólares. Otros 1.000 millones de dólares serían destinados a la construcción de un minero-ducto de 230 kilómetros de largo y que ocuparía unas 1.100 hectáreas, un acueducto y una terminal portuaria en la costa atlántica para la salida del mineral. Aratirí, o su grupo inversor dueño, ya están buscando un socio que compre el 49% del proyecto para hacer posible la tan costosa inversión que se proyecta. Aún, cuando en un principio, al propio gobierno nacional se le negó la necesidad de buscar otros inversores para el proyecto. Sin embargo, el gobierno nacional no ha pensado en esta búsqueda de la empresa como la puerta para asociarse al proyecto y permite que las acciones sigan a la deriva.



Se estima que la construcción de todo el proyecto llevaría unos dos años y durante la fase de construcción emplearía directamente a entre 2500 y 4000 personas, mientras que en la fase operativa, para el funcionamiento en sí mismo de la empresa, se emplearían directamente a unas 1100 personas y se podrían generar cadenas productivas y trabajos indirectos por entre tres y diez mil. Ese es el incentivo para el Uruguay.



            Un detalle importante para entender cómo Aratirí ha logrado tanto interés del gobierno nacional, además de los números económicos, es la cabeza que ha elegido la empresa para el proyecto en nuestro país. El Ing. Fernando Puntigliano es el “country-manager” de Aratirí en Uruguay. Cuando la empresa llegó a Uruguay, en 2007 y durante el gobierno del Dr. Vázquez, el destacado técnico era el Presidente de la Administración Nacional de Puertos. Bien valorado, por propios y extraños en política, por su trabajo en el relanzamiento del Puerto de Montevideo, sorprendió cuando anunció que dejaba el ámbito público para el segundo mandato de la izquierda y pasaba a desarrollar tareas “en un emprendimiento que cambiaría el país para siempre”. Y parece que para nada mentía cuando hizo ese tipo de declaraciones.



            Más allá de todo ello, la interpelación de ayer, que intentaba traer “luz” sobre el proyecto, quedó en la nada. Hubo preguntas de la oposición, pero las respuestas fueron pocas, largas y sin el contenido necesario realmente. Los tres Ministros demostraron buena predisposición al concurrir, pero no tanta al explicar. Todo está en veremos, como dice en propio Puntigliano, hasta que la empresa no termine de definir si es viable o no la inversión. Hasta el nuevo Código Minero está en veremos, esperando la ratificación final por parte del Parlamento. Con suerte, la misma llegará a fines de año.



            No obstante, la interpelación fue criticada desde tiendas oficialistas. El propio Presidente Mujica le destinó parte de su audición radial. En la oportunidad, el mandatario atacó a la oposición, como lo hace cuando no le gusta el posicionamiento de la misma, al decir que: “…hoy hay una inusitada convocatoria de tres ministros. Si esto no es poner palos en la rueda no sé qué es poner palos en la rueda. No tengo recuerdo nunca de una convocatoria tal por algo que está a estudio. Hubiéramos precisado una participación nacional, pero no fue por actitudes nuestras que no se dio”.



            La interpelación fue llevada adelante por el Diputado Gerardo Amarilla, riverense con título en derecho y post-grado en derecho ambiental, y con las intervenciones de gran parte de los legisladores opositores, tuvo momentos únicos. Por ejemplo, la sesión se terminó desarrollando en la madrugada luego de la jugada política del oficialismo, a la que llamaremos “anti-informativos”, que se efectivizó en un cuarto intermedio entre las 19 y las 21 horas. Sin embargo, en la misma no se tocaron al menos tres, pueden ser más, de los puntos más importantes relacionados con este proyecto.



            Si bien muchos hablan de la “nacionalización del hierro”, como lo declara en los medios el Diputado José Carlos Cardoso, Herrerismo-Partido Nacional, la misma es realmente un sinsentido. El hierro pertenece a la nación como lo declara expresamente el artículo 4º del actual Codigo Minero. Lo que se quiere es la “estatización de la explotación hierro” como existe para el petróleo en el artículo 5º del mismo.



            El primer asunto del que nadie habla, y que salió a luz pública en las declaraciones de hace unas semanas atrás del propio autor del código, el Dr. Juan Andrés Ramírez, a Radio Carve, en el programa “Cierre de Jornada”, es por qué al Estado no le conviene ni estatizar, ni llamar a licitación para la explotación del mineral. La razón sería que debería pagarle una importante suma de dinero por daños y perjuicios a Aratirí, que fue el descubridor del yacimiento, si la misma no es la empresa que ejecute el proyecto. El Estado estuvo omiso, según Ramírez, al no hacer uso de la “reserva de la explotación”, con lo cual ahora tiene un “costo importante” no trabajar con Aratirí. Hasta licitar la explotación estaría vedado económicamente debido a este hecho.  De haber utilizado ese “derecho”, el Estado hubiera podido hacer una licitación internacional para la explotación en la cual solamente debería dar una “ventaja” a Aratirí por ser el descubridor original del yacimiento en cuestión.



De esta forma, la duda que quedaba a mucho sobre la obstinación del gobierno nacional en que Aratirí “salga o salga” tiene una explicación lógica. Es más, el asunto nos llevaría a 2007 y los años siguientes, la administración Vázquez podría ser la responsable de la incómoda situación actual del gobierno de Mujica. Y las respuestas a las preguntas también deberían venir de las autoridades de aquella época.



El segundo punto al que me quiero referir, que si está más en boga en los medios y el Parlamento pero no manejado de una manera “científica”, es el asunto del Canon que Aratirí deberá pagar al Estado durante los años que dure su explotación del hierro. En este punto queda mucho por entender y saber. El actual Código Minero, y su decreto reglamentario, expresan:



“El porcentaje del Canon de Producción será:



A) Para los yacimientos de la Clase III


a) Para los primeros cinco años de explotación: 5%. Este
porcentaje se compone de: un 2% de Canon estatal y un
3% de participación para el propietario del predio
superficial.


b) Para los años siguientes será del 8%, que se
compone de: 3% de Canon estatal y un 5% de
participación para el propietario del predio superficial.”



Sin embargo, en las modificaciones presentadas por el Poder Ejecutivo, aún a consideración del Parlamento, el inciso b) desaparece, y queda establecido como Canon Fijo el que esta detallado en el inciso a). De esta forma, al Estado, por aproximadamente 30 años, le quedará el 2% de lo que facture Aratirí. El otro 3% es para los dueños de los predios en los que se desarrolle el proyecto minero. Además, en el nuevo código, se le impondría a la empresa la obligación de destinar para el mercado interno, a precio FOB, o sea, valorados en puerto de salida, el 15% de lo que anualmente sea producido por el emprendimiento. Lo que se busca con ello, podría pensarse, es que el proyecto permita establecer algún tipo de “industria siderúrgica nacional” al asegurar un porcentaje fijo de materia prima para emprendimientos afincados en el país.



            La pregunta que todos se deben estar haciendo es si es justo el Canon que pagaría Aratirí en función de los riesgos ambientales a los que podría enfrentarse el país ante la minería a cielo abierto que propone la empresa. Hace una par de semanas el Economista Ambiental Marcelo Caffera hizo declaraciones al Semanario Brecha sobre la futura minera en las cuales ingresa a este espinoso tema. “…En mi opinión la pregunta fundamental no sería minería sí o minería no. A mi juicio, arriesgado de nuevo, la pregunta fundamental sería más bien: ¿Cuánto le vamos a cobrar de canon a la minera que explote ese yacimiento de hierro y cómo vamos a distribuir lo recaudado?..”.



            El profesional aclara que existen, por lo menos, tres impactos ambientales que el proyecto trae consigo: 1) desaparición de 6210 hectáreas de suelo, por lo menos, que tienen valor productivo y como ecosistemas; 2) desaparición de algunos quilómetros de costa por la construcción del puerto en Rocha; 3) el uso, impacto o desaparición, no hay estudios sobre el tema, en reservorios de agua en la zona afectada. Existirían ciertos beneficios como la creación de nuevos reservorios acuáticos artificiales. No obstante, al día de hoy no existen estudios económicos-ambientales que permitan establecer en “plata” lo que significarían éstas externalidades o impactos ambientales.



            Por todo lo anterior, no hay forma de saber si es justo el canon propuesto. Si se puede establecer que difícilmente el “Canon Justo” haga inviable económicamente el proyecto. Ni siquiera dando por cierto lo que dice el propio Caffera: “…me sorprendería que la internalización de los impactos ambientales haga el proyecto inviable desde un punto de vista económico. Esto por el valor, la cantidad y la calidad del hierro en cuestión…”. De esta forma, el profesional concluye: “…no debemos descapitalizarnos… Explotemos el hierro que heredamos. Pero invirtamos el capital…”. La decisión de cuánto cobrar de canon es política. Y esa debería ser la pelea a dar en el Parlamento. Debemos lograr un “Canon Justo”, más allá de las posibilidades futuras de desarrollo económico que podrían surgir a partir del hierro.



            Por último, por lo menos por ahora, el tercer punto al que, si bien ha sobrevolado el ambiente, no se le ha hincado el diente es el tema del después. Si, aunque parezca absurdo, el después. ¿Qué hacemos con el resultado de la explotación del hierro en materia de destrucción? Los Ministros durante la interpelación dijeron que está prevista una reconstrucción paisajística del terreno ya que la reparación es inviable. Sin embargo, en ningún lugar aparece escrita tal obligación de la empresa. Menos aún, por lo pronto, está previsto de qué manera la empresa deberá reconstruir el paisaje de la zona en cuestión. Este asunto es tan importante como los anteriores porque es lo que vamos a dejar para las generaciones futuras que vivan en los alrededores de Aratirí.


            La interpelación, como todas en los últimos tiempos, no ha arrojado información relevante. Y no me preocupa por los políticos opositores. La realidad es que la interpelación es para informar también a la ciudadanía. A eso se negó, de alguna manera, el oficialismo al pedir un cuarto intermedio para que la interpelación no fuera el centro de los informativos centrales de televisión abierta. Poco me importa si así varios políticos se perdieron la oportunidad de aparecer en pantalla. El asunto es que así se prohibió a una importante porción de ciudadanos, los más alejados de la política y también los más humildes, de informarse de un tema que va a afectar a la sociedad uruguaya por mucho tiempo. Eso es lo que verdaderamente indigna de la medida. Igualmente, aún queda mucho tiempo por delante antes de conocer el final de esta novela. Esperemos que todos nuestros representantes estén a la altura de lo que la historia está poniendo en sus manos...

viernes, 1 de julio de 2011

Mujica y su Plebiscito Consultivo



El Presidente Mujica ha visto como su gobierno no ha sido lo que él seguramente se había imaginado. No era tan fácil gobernar, y menos para una persona con el carácter de él. Su capacidad para generar notas periodísticas, que antes le daban notoriedad al candidato, ahora solamente aviva diferencias en el propio seno del Frente Amplio. Ni hablemos de las críticas sistemáticas que se producen desde la oposición. Una prueba más es la idea-proyecto de crear la figura del “Plebiscito Consultivo”, que el propio mandatario en el día de ayer volvió a defender, sobre los temas más importantes que enfrente el país en el futuro como el caso de la Minería Aratirí. Muchas cosas se han escrito sobre el caso puntual de la minera, sobre su pertinencia política y jurídica de la misma o sobre la verdadera intención del mandatario con ese proyecto. Sin embargo, poco se ha escrito sobre las consecuencias de la misma en el futuro político de nuestro país si llega a aprobarse un mecanismo de consulta de ese tipo…



            El tema del “Plebiscito Consultivo”, como decíamos, tiene varias aristas. La idea tiene algunas objeciones desde lo jurídico, lo procedimental y lo político. Sobre lo jurídico, nuestra Constitución consagra en su Artículo 79 “…el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo…”. El otro mecanismo de democracia directa es el Plebiscito, que solamente permite a la población aceptar, o no, una modificación a la Constitución. Ante esto, debemos preguntarnos si la ley puede establecer un mecanismo de este tipo que Constitución no. Algunos de los más importantes catedráticos han mencionado que si se hiciera por ley, no sería vinculante, es decir que sólo permitiría consultar a la población sobre determinado tema pero esa decisión no tendría efectos de ningún tipo por sí sola.



            Más allá de lo anterior, el tema político no ha sido abordado en toda su extensión. Se ha dicho que “…El presidente debe gobernar, para eso lo eligió la gente, no para convertirse en encuestador. Hace falta liderazgo desde el Poder Ejecutivo…”. Se puede coincidir o no con la crítica, en este caso, y eso depende de cada uno. Sin embargo, el defecto que tiene la crítica es que deja de lado el mayor problema que la idea de Mujica puede traer consigo: el efecto sobre la “Calidad de la Democracia”, o dicho de otra manera, sobre el Estado de Derecho y la Democracia Representativa. Y ese riesgo ya tiene nombre para la academia: “Democracia Delegativa”.



            La “Democracia Delegativa” nace del trabajo teórico que ha desarrollado Guillermo O´Donnell sobre la Democracia en América Latina en los últimos veinte años. En el mismo se propone definir el surgimiento de una nueva “especie” de Democracia. Esa nueva “especie” expresa y establece una manera de concebir y ejercer el poder político que ha sido la elegida, por lo menos, por algunos Presidentes sudamericanos, en principio, y que suele ser compartida, al menos temporariamente, por importantes franjas de la ciudadanía de sus países. El autor señala muchos casos, desde Menem y Fujimori en los noventa hasta los más actuales de Chávez, Morales, Correa y la propia Cristina Fernández de Kirchner, que busca su reelección en octubre próximo.



            Para el autor, la “Democracia Delegativa” se basa en construir, mediante elecciones limpias, una mayoría que permita a alguien a convertirse, durante un determinado número de años, en principio, como la encarnación e intérprete de los intereses de la “nación”. De acuerdo con esto, otras instituciones, entre ellas los otros Poderes del Estado, los Tribunales de Justicia y el Poder Legislativo, constituyen simples obstáculos a las políticas del Presidente. La rendición de cuentas a dichas instituciones aparece como un mero impedimento a la plena autoridad que el “pueblo” le ha delegado al Presidente, la cual no cesa hasta que se elija un nuevo “líder”.



            Más allá de ello, la Democracia Delegativa es democrática, por lo menos, por dos razones: “legitimidad de origen”, ya que es hija de elecciones razonablemente limpias, y por la “supervivencia de libertades políticas básicas”, con salvedades, por lo pronto en el largo plazo. A su vez, la Democracia Delegativa es fuertemente mayoritaria, postulando el autor la influencia que tiene la tradición propiamente democrática en las democracias modernas, lo que conlleva a que, a través de las elecciones, se busca instituir un Presidente que se arroga el monopolio de la interpretación de las necesidades de su “pueblo” o “nación”. Esto se refuerza a partir del discurso del mandatario, o su entorno, con la concepción por la que la elección ganada da al gobernante el derecho, o más aún la obligación, de tomar todas las decisiones que mejor le parezcan para el país, sujeto sólo al resultado de las futuras elecciones, mientras las mismas no sean “retocadas”.



            De la misma manera, para el autor, la Democracia Delegativa es menos republicana y liberal, las otras dos tradiciones que confluyen en las democracias modernas, que la Democracia Representativa. Esto conlleva a no respetar los límites, constitucionales o legales, entre los distintos Poderes del Estado. Como consecuencia de la auto-concepción, del Presidente, entorno y seguidores, sumada a las prácticas de poder resultantes, se termina por considerar como estorbo inaceptable la “interferencia” de instituciones que ejercen controles sobre el Poder Ejecutivo. Se incluye aquí a los poderes Legislativo y Judicial, así como otras instituciones de “rendición de cuentas”. Dicha percepción lleva al Presidente y su fuerza política a desarrollar esfuerzos por anular, cooptar y/o controlar las instituciones que puedan controlar su accionar.



            A estas alturas, seguramente, alguien se está preguntando que tiene que ver esto con el gobierno de Mujica y su accionar. Justamente, por eso el comienzo, es un camino que se empieza a recorrer lentamente. Un “Plebiscito Consultivo”, cómo el mismo lo llamó, es una de las primeras herramientas que se utilizan para saltearse las instituciones democráticamente establecidas. No me crean a mí, piensen en los casos típicos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, todos ellos han instaurado un mecanismo de este tipo en los últimos años. Y antes lo habían hecho Argentina y Perú con Menem y Fujimori.



            El sistema no es malo porque no sea democrático, al contrario. Es malo porque se intenta imponer las decisiones del Presidente, o las que él avale, a través de mayorías circunstanciales y desconociendo a otras instituciones, en algunos casos otros Poderes del Estado. El Estado de Derecho, por lo menos el que hoy conocemos en Uruguay, posee una de las mejores combinaciones de las tres vertientes de una Democracia moderna. Es democrático, republicano y liberal, a veces por demás, pero mantiene un equilibrio y un contrapeso que se envidia en otras partes. Sin embargo, la necesidad de legitimar decisiones muy complejas que se tienen que llevar adelante en estos momentos, estaría obligando a este gobierno a olvidarse de ello y embarcarse en una aventura de resultados impensados, por lo menos en Uruguay.



            Hay quienes en este momento, supongo yo, se preguntaran sobre el tema de la Ley de Caducidad. ¿No fue una mayoría la que decidió mantener la Ley? ¿No estamos ante una mayoría que atenta contra lo liberal de nuestra Constitución? Puede ser. Pero la decisión de introducir los mecanismos de democracia directa se tomó en forma debida, hablando jurídicamente, y con el fin de introducir más procedimientos republicanos en nuestra Constitución. Los mecanismos de ese tipo, que ya existen, fueron introducidos respetando los límites lógicos entre lo democrático, lo liberal y lo republicano de nuestro Estado de Derecho. Una cosa es recurrir una Ley votada por el Parlamento, otra cosa es pretender una particular Reforma Constitucional, y otra cosa, totalmente distinta, es pasarse por encima a los demás Poderes de Estado y definir por una votación ciudadana un tema porque se duda que los organismos de control lo permitan.

                                                          

            Más allá de lo anterior, que ya es bastante preocupante, existen otros indicios que muestran que la situación se está poniendo muy compleja y demasiado rápido. La Ley de Caducidad y sus efectos son un “mal”, a los ojos del Presidente, que no han podido asumir. Ahora, a falta de Semproni en Diputados, se precipitan a decretar la revocación de todos los actos administrativos relacionados con la misma de un plumazo. Sin embargo, la decisión no es la que pintan los medios. Mujica, hábil para sacar las manos del fuego, envía la responsabilidad de decidir si el decreto efectivamente reabre las causas de DD.HH. a la Suprema Corte de Justicia. Una jugada perfecta para la tribuna frenteamplista, de los organismos de DD.HH y de Corte Interamericana, pero que pone en un brete a la SCJ. Ahora, lógicamente, todos los interesados en la “revocación” desfilarán continuamente como forma de presión por la Suprema Corte.         



            Parece lejano el riesgo que les comento en esta nota me dirán, capaz que es verdad. No obstante, es en estos momentos en que se ven los primeros riesgos que vale la pena advertir para que no suceda lo que pienso, espero tener razón, nada quiere para el Uruguay. Acepto las críticas que vendrán si con eso mejoramos el debate de este tema que me parece crucial para las próximas décadas…