martes, 7 de junio de 2011

Entre la Improvisación y la Desorientación




Hace unas semanas, el domingo posterior a la fatídica votación sobre el Proyecto de Ley de Anulación de la Ley de Caducidad en la Cámara de Diputados, en las páginas de “El Observador”, Oscar Bottinelli, principal de la Empresa FACTUM, desarrolló un análisis sobre la actuación del conjunto del Frente Amplio en relación al tema de este malogrado proyecto y los derechos humanos con las siguientes palabras:



“…No se llega a ningún lado si no se sabe a dónde se quiere ir y tampoco se llega si no se sabe por dónde hay que ir ni cómo y en qué. La izquierda uruguaya en su conjunto no tiene claro cuál es realmente su objetivo en materia de revisión del pasado, o de saldo de las deudas del pasado, que como elemento central tiene la investigación de y el juzgamiento por delitos graves o de lesa humanidad cometidos desde el Estado, o desde fuerzas estatales, durante el periodo de facto o dictadura…”.



            El análisis sobre la actitud del oficialismo, que Bottinelli desarrolla más ampliamente a lo largo de su columna, es por demás acertado. Las oscilaciones en las posiciones de la izquierda nacional han sido muchas e importantes, ya sea en los 25 años posteriores a la salida democrática o simplemente en lo que va de este mismo año. No obstante, la realidad descripta por él puede aplicarse al gobierno de José Mujica y ese es el centro de esta columna de análisis y opinión.



            Para poder explicar nuestra idea, sobre la falta de capacidad de saber a dónde se va que puede aunarse al cómo hacerlo y sin descontar el qué, vamos a tomar tres ejemplos de la política nacional durante el presente año. Habría más ejemplos que ilustrarían la situación, pero elijo concentrarme en aquellos que más impacto tuvieron en los medios de comunicación. Como olvidar el caso del “supuesto video, de supuestos militares con supuestas amenazas contra la Justica”. Si ese caso no les parece suficientemente ilustrativo, vamos a analizar también el caso del “Proyecto de Ley de Anulación de la Ley de Caducidad”. Por último, en caso que aún no estén convencidos, en las últimas semanas el tema central de discusión política en nuestro país ha sido el “Impuesto a la Tierra”, y también con él podremos analizar si hay razón en hablar de la falta de capacidad de discernimiento sobre los objetivos y los instrumentos.



            Para comenzar, quien no recuerda el “affaire del video”, tema central de los medios a comienzos de año. El comienzo de este tema, por lo pronto para la opinión pública, lo podemos rastrear en el 10 de Marzo cuando el semanario “Búsqueda” publica la noticia de un presunto “Ejército Nacional Libertador”, que amenazaba, a través de un “video” con realizar "operaciones" para liberar a los militares presos en la cárcel de Domingo Arena. La veracidad de la noticia fue confirmada, el 14 de Marzo, durante la gira presidencial en San Pablo, Brasil, cuando Mujica aclaró que él tuvo acceso al “video”. El mandatario, en una conversación informal, aseguró allí a los periodistas uruguayos que lo acompañaban que él mismo pudo ver la filmación. Parecía que era imposible desconocer la existencia del comando paramilitar y de su video. Sin embargo, desde ese momento empezaron las contradicciones, los errores, los horrores, la desinformación, la distracción y, se podría decir que hasta, la deformación.  



            No quiero aburrirlos repitiendo la historia de este caso. En cualquier caso, los invito a leer la columna denominada “Entre el Video y la Desinformación” para tener un análisis detallado del mismo. No obstante, volvamos a los detalles que tienen relación con nuestro planteamiento. Cuando el gobierno nacional decide informar reservadamente a la Suprema Corte de Justicia y los líderes de la oposición, fundamenta dicha acción en la gravedad que presenta el hecho. Sin embargo, días después, los Ministros de Defensa e Interior, en el propio Parlamento, comienzan a dejar entrever la falta de importancia del asunto. Durante su comparecencia ante los legisladores, Bonomi dice: "…No parece ser muy seria la amenaza…".



            El último detalle que quiero poner sobre la mesa, con relación a éste mentado caso es la salida posterior del Presidente Mujica a responder sobre este asunto. A través de ella, el Presidente, en vez de resolver los enigmas planteados en torno al “video”, decidió pasar al ataque. En la misma, no dudó en atacar salvajemente a la “oposición política” por la actitud de crítica y reclamos que ha tomado, contra él, y su gobierno, en este asunto. Mujica pareció olvidar que fue él quien declaró a un periodista que había visto el video con las presuntas amenazas. Tampoco recordó que dos de sus principales Ministros dijeron que no habían visto el video. Tampoco el Vicepresidente, ni el Presidente de la SJC, ni el Director de Inteligencia.



Fue la falta de estrategia clara para proceder, el no saber cuál es el objetivo de hacer público el caso, el no definir los instrumentos que se iban a utilizar para lograr el cometido de conocer a los culpables, el no poder discernir si la amenaza ameritaba el esfuerzo y la exposición que se iba a recibir, etc., etc., son las razones por las cuales el gobierno perdió credibilidad frente a la opinión pública en este caso.



            En el caso de la “Ley de Caducidad” el asunto engloba a toda la fuerza política más que al gobierno en sí. El gobierno, y esa si es su responsabilidad, se dejó embretar por las consignas de un “Plenario Nacional del Frente Amplio”. Al mejor estilo de un liberal del siglo XVIII “dejó hacer, dejó pasar”. Y un día la bomba le estalló en la mano. Y ahí, nuevamente, el Presidente y su gobierno demostraron la falta de claridad en sus objetivos y en los instrumentos a utilizar.



            Primero, queríamos la anulación de la “Ley de Caducidad”. En su momento hasta firmamos por ella y, cerrado ese camino,  nuestros representantes la votaron en el Plenario de la fuerza política. Luego, nos desmarcamos, y pasa a ser asunto del partido político. Más adelante, nos quejamos de la renuncia de Fernández Huidobro a la Cámara de Senadores por votar ese proyecto de anulación que no compartía. Ni hablemos de la “auto-expulsión” del Senador Saravia y la “cremación pública” del Senador Nin. Después, caímos en lo inconveniente de la medida por razones electorales y fuimos a la Cámara de Diputados a pedir que no se votara. También, cuando un legislador se manifestó de acuerdo con nuestros argumentos, le pedimos que igual votara por el bien de la “unidad frenteamplista”. Y quedaron afuera otros jugosos detalles del asunto.

           

            Cómo el ciudadano común podía seguirle el tren al Presidente en este tema. Y ni hablemos de los cruces mediáticos, que se observaron por aquellos días, con sus propios correligionarios. Además, importante no olvidar, las consignas, contrarias al pensamiento del mandatario, que se escucharon desde el propio Poder Ejecutivo. Aquí, por lo menos, hay una nueva muestra de la total incapacidad del gobierno ante la necesidad de clarificar sus objetivos, sus procederes y sus limitaciones ante un tema. Así, también, es que se perdió credibilidad ante la opinión pública. Sumado a ello, esta vez y por lo pronto, le costó una banca en el Senado y dos “compañeros de armas” en el Parlamento como Fernández Huidobro y Semproni.



Vamos a cerrar este breve repaso con la más reciente demostración de desorientación gubernamental. El 25 de Mayo próximo pasado, el Presidente no tuvo mejor idea que anunciar que el sector agropecuario, en particular los dueños de extensiones mayores a las 2 mil hectáreas, debería hacer un aporte mayor a las arcas del Estado. Eso a su vez generó la reacción dentro del propio gobierno. El Ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, entre molesto y sorprendido, ya que no se esperaba que el propio presidente lo dejara fuera de juego. Se especuló durante horas con la posibilidad que el Ministro renunciara a su cargo, pero las aguas se tranquilizaron. Ante la repercusión generada por el anuncio, el gobierno intentó coordinar un discurso común, por más que no fuera muy claro, desviando sutilmente el tema del impuesto hacia una colaboración para mejorar la infraestructura, dejando de lado el tema de la “concentración de la tierra” que originalmente era el argumento de Mujica. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció la decisión del Vicepresidente de la República, Cdor. Danilo Astori, de presentar su propio proyecto al respecto, con el argumento de no "toquetear" demasiado el sistema tributario, con el fin de contraponerlo con el presentado horas antes por el propio Presidente.



 Más allá de todo ello, el tema ya dejó entrever ver que puede llegar a tener mucha influencia en la interna del Frente Amplio, como lo mostraron las declaraciones del senador Rafael Michelini a “El Observador”  asegurando que la postura ambigua del gobierno en la anulación de la Ley de Caducidad había hecho "añicos" la disciplina partidaria. Es más, en las últimas horas, el propio Michelini, en declaraciones a “El Espectador” afirmó que "el impuesto a la tierra va contra el programa del FA” porque, a su juicio, favorece "la concentración de la tierra”.



            Cada uno de estos episodios demuestran que la improvisación en la que ha caído una y otra vez el Presidente, y con él su gobierno, han tenido costos importantes. Es más, el costo cada vez es mayor por la “acumulación” de los mismos ante los ojos de los dirigentes frenteamplistas, opositores y la ciudadanía en su conjunto. Lo más grave, si aún puede aplicarse la frase, es que el gobierno acaba de pasar su primer año de gestión, por ende le quedan aún más de tres años, y el problema tiende a agravarse. Un gobierno que no puede mantener la unidad de la fuerza política que los sustenta, está en grave riesgo de quedar totalmente paralizado. De esta forma, se puede estar potenciando la “sensación pública” de estar frente a una conducción política bicéfala, tanto en la interna de la fuerza política como del gobierno nacional, dada la prevalencia que en el FA tiene la figura de Vázquez, lanzado ya a su proyecto de volver al poder.



            Este no es un asunto de partidos o de ideologías. El problema es grave porque el Presidente, y su gobierno, dan carne a la democracia representativa que vivimos. La república está en juego cuando se juega con la legitimidad y la credibilidad de nuestros gobernantes. Este tema debería ser centro de una profunda autocrítica desde el sistema político, la sociedad y la academia. No obstante, lo más importante es que los protagonistas principales sean conscientes de la importancia de repensar el asunto y buscar el equilibrio y la cordura en el accionar gubernamental futuro.