Entre la Sorpresa y la Política

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Murió Néstor Kirchner. La sorpresa es mayúscula. Era un hombre joven. Una figura importante para Argentina y la región. Amado y odiado de casi igual manera por argentinos y vecinos. Polémico, vehemente y pasional. Luchador implacable de la política argentina. Dicen que los médicos le informaron que era necesario que controlara su vehemencia porque podía llevar a este desenlace. Sin embargo, un líder político difícilmente pueda entender una indicación de esas. El “animal político” que llevan dentro complica que puedan controlar una pasión como la del hacer público.

Néstor Kirchner fue el 54º Presidente de la República Argentina, entre el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007. Designado por el anterior Presidente Eduardo Duhalde para ser el sucesor del proyecto político que éste había armado luego de la Crisis de Diciembre de 2001. Antes de ser electo presidente fue intendente de Río Gallegos (1987-1991) y gobernador de la provincia de Santa Cruz (1991-2003). En 2009 fue elegido diputado de la Nación Argentina por la Provincia de Buenos Aires. Además, desde el 4 de mayo de 2010 se desempeñó como Secretario General de la UNASUR. También se desempeñó como presidente del Partido Justicialista, cargo al que renunció el 29 de junio de 2009 y volvió a ocupar el 11 de noviembre de 2009, asumiendo oficialmente el 10 de marzo de 2010. Era el agente político más importante del oficialismo, posiblemente más que la propia Presidente Fernández, y más que seguro futuro candidato a la Presidencia en las futuras Elecciones Presidenciales de 2011 por el Partido Justicialista / Frente para la Victoria.

Más allá de las condolencias y las expresiones correspondientes a la familia y seres queridos del ex-Presidente fallecido, es necesario pensar en algunas consecuencias que tiene esta noticia para el futuro de la política argentina. Nadie puede dudar del peso que tenía Kirchner en la realidad política de su país. Era el principal referente del Peronismo aún cuando las Elecciones a “medio mandato” habían sido costosas para el oficialismo y significaron un duro revés personal para el mismo Néstor. Sin embargo, seguía siendo el único capaz de mantener a la mayoría del Peronismo bajo control. En su entorno había muchos personajes con posturas totalmente diferentes en cuanto a lo político como a los más variados temas. Bajo su egida se reunían desde Luis D`Elía y Hugo Moyano hasta Daniel Scioli, Sergio Massa o la mismísima Presidente Cristina.

Pero el tema no termina en la Argentina. Las últimas declaraciones de Kirchner en Gualeguaychú habían llevado al Secretario General del Partido Colorado Pedro Bordaberry a pedir que el gobierno nacional elevara una protesta formal y trabajara para sacar a Kirchner de la Secretaria General de la UNASUR por las declaraciones a favor de los piqueteros de la Asamblea Ambiental. A este novel organismo, la UNASUR, lo deja totalmente “descabezado” y sin saber que será de su futuro. Habrá que ver si esta pérdida lleva a un desmantelamiento o a un resurgir. Hay que decir, lamentablemente, que es una buena oportunidad para que se rectifique el rumbo que la misma había tomado bajo la influencia de Kirchner y sus aliados, Chávez, Morales, Correa y Mújica. Pensar los costos que nuestro Presidente tuvo que pagar por levantar el veto a Kirchner.

De la misma manera, casi como confirmatorio de la existencia de una especie de  “the show must go on” en la política, es necesario pensar qué pasará en el futuro cercano de la política argentina. No simplemente como un juego intelectual sino, más bien, como una necesidad de un país. Nadie duda que “cuando Argentina estornuda, Uruguay se resfría”. Además, se sabe bien que lo peor que puede suceder en la política es el vacío de poder. No sé bien por qué, la verdad sea dicha, lo primero que vino a mi mente cuando escuché la noticia de la muerte de Kirchner fue un artículo que había leído previo a la Segunda Guerra en Irak. Alguien se había preguntado si Bush, como líder de los EE.UU., había analizado seriamente qué iba a pasar cuando no estuviera Huseim en el poder. Por más que el régimen iraquí era abominable no era posible negar que el derrocamiento de Huseim provocaría un vacío de poder que, a la corta o a la larga, iba a ser un problema para las fuerzas de ocupación y los nuevos gobernantes del país. Y fue lo que sucedió. Nadie se hace cargo del costo del vacío de poder generado: 66000 civiles muertos, no importa si a manos de insurgentes o estadounidenses.

En Argentina se abrirá una pugna por el poder. Nadie puede saber si será a “muerte” o tendrá los límites de la política más democrática. Aquella que en el Peronismo no ha sido la versión más utilizada. Empecemos justamente por el Peronismo, el Partido Justicialista, ese sector político que es la imagen misma del Poder en la vecina orilla. Hasta ayer, con Kirchner vivo, el Peronismo se dividía entre el Frente para la Victoria (FPV) y el Peronismo Disidente (PD). En el FPV conviven figuras como la actual Presidente Fernández, el Gobernador Scioli y el líder sindical de la CGT Moyano. Todos ellos aceptaban la candidatura del líder, hoy no se sabe cómo será que llevarán la lucha por el legado político de Kirchner. Será unidos o será en lucha. Los primeros son políticos, el segundo sindicalista. La muerte de un manifestante sindical la semana pasada nos da una idea de lo que puede suceder si Moyano decide emprender la “lucha callejera” para hacer realidad su sueño del sindicalista presidente.

Por el otro lado, el PD tiene la oportunidad de volver al Partido Justicialista. A su vez, sus múltiples líderes buscarán hacerse con el control. El propio ex-Presidente Duhalde, el ex-Gobernador Solá, el magnate De Narvaéz o hasta el propio ex-piloto Reutemann, deberán definir como encaran la pérdida del contra-referente. La unificación pacífica del Peronismo puede hacer casi imposible la victoria de la oposición en las Elecciones de 2011. A la misma vez, hasta de forma similar, el resto del arco opositor también se queda sin su partener. Desde Cobos y Alfonsín hasta Carrió, Macri, Solanas y quien más se les ocurra pierden el norte. Todos ellos estructuraban su perfil político en contraposición, en primer lugar, a la de Kirchner. Sin él, además, todos son conscientes de cómo bajan las chances de vencer en 2011 al Partido Justicialista. Nadie puede saber lo que sucederá. Sin embargo, analizando los posibles escenarios los actores puedan prepararse. Va a ser necesaria mucha astucia política de ambos lados, oficialismo y oposición, para poder realizar una sucesión organizada del “estrellato político” de Kirchner. Para bien o para mal desapareció quién era el líder político de la República Argentina. Y podía seguir siéndolo.

Los uruguayos somos testigos de una época de mucha turbulencia política también de nuestro lado del Plata. Entre la Ilegalización de la Ley de Caducidad, los Coordinadores Regionales, la Reforma del Estado y la Baja en la Edad de Inimputabilidad, por nombrar algunos, el escenario político uruguayo está en pleno reordenamiento. En medio de turbulencias a la interna del oficialista Frente Amplio y de distancias importantes entre sectores de los partidos tradicionales, en especial con el Dr. Larrañaga y su Alianza Nacional, una experiencia ajena puede venir muy bien para repensar el “juego político interno”. Es así que, en un momento tan especial de la política uruguaya, sería oportuno que los políticos de nuestro lado del charco tomaran en cuenta la experiencia argentina. Nuestros dirigentes deberían tomarse el trabajo de aprender de los escenarios políticos, aquél que se vivió en los últimos años y el que se abre ahora, en la Argentina para el futuro cercano. Dejando la Sorpresa de la noticia sería bueno empezar a pensar, una vez más, el futuro de la Política.

De la Soberanía y el MERCOSUR

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El Lunes 18 de Octubre de 2010 quedará marcado a fuego en la historia nacional. Aunque nadie lo haya notado. Nuestra asociación política, esa que llamamos Uruguay, decidió poner en segundo plano su soberanía. Por lo pronto, decidió que su soberanía quede en manos de sus vecinos, Argentina y Brasil. La noticia salió en los diarios, se escuchó en la radio y se vio en televisión. Los Cancilleres de los países miembros del MERCOSUR dieron luz verde definitiva a la Representación Proporcional en el denominado Parlamento del MERCOSUR. En el otrora “Parque Hotel”, ante la presencia del propio Presidente Mújica, se dio semejante paso.

           

El Mercado Común del Sur es una unión subregional integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia y Venezuela en proceso de incorporación. Tiene como países asociados a Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, estableciendo:

1. Libre Circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países;
2. Establecimiento de un Arancel Externo Común y una Política Comercial común;
3. Coordinación de Políticas Macroeconómicas y sectoriales entre los Estados;
4. Armonización de las Legislaciones para lograr fortalecer la Integración.

En la realidad, estos objetivos se han logrado sólo parcialmente. En efecto, la liberalización del comercio dentro del bloque todavía no se ha logrado plenamente. Por ejemplo, si bien existe un Arancel Externo Común, cada Estado puede confeccionar una lista de aquellos productos a los cuales el arancel externo común no se aplica. Tampoco existe una concreta coordinación de las políticas comerciales entre los miembros, coordinación de políticas macroeconómicas o legislaciones adecuadas para fortalecer el proceso de integración. Las normas del Mercosur, se realizan como tratados internacionales y por tanto deben ser ratificados por los Parlamentos nacionales.

El Parlamento del Mercosur, que recién fue constituido en 2005, comenzó a sesionar el 7 de Mayo de 2007, y lo hizo en reemplazo de la Comisión Parlamentaria Conjunta. Dicha Comisión Parlamentaria Conjunta tenía como funciones principales acelerar los procedimientos internos para la entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del Mercosur y ayudar en la armonización de legislaciones. Bajo ningún concepto tenía facultades decisorias propias, o sea legislativas, pero si tenía autonomía de los Parlamentos de los Estados miembros. Estaba integrado por 16 parlamentarios por cada estado parte elegidos por los propios parlamentos nacionales. Por tanto, tenía funciones meramente de coordinación entre los Parlamentos y sin poder de legislar a la interna de los Estados miembros. Hasta el momento del acuerdo del lunes, el PARLASUR, como se conoce al Parlamento del MERCOSUR, estaba integrado por 18 parlamentarios pertenecientes a los propios Parlamentos de los cuatro países que son denominados miembros plenos. Si bien no tiene facultades decisorias, al día de hoy, se espera que dicho órgano empiece a desempeñar un fuerte papel político, sobre todo a partir  del momento en que sea elegido directamente por voto popular.

El acuerdo alcanzado implica que desde el 2011 los países pasen a tener una cantidad de parlamentarios más acorde con la cantidad de habitantes que tiene cada país. En 2011, por ejemplo, Brasil pasará a tener 37 parlamentarios y Argentina 26. Gradualmente, el aumento seguirá año tras año hasta que en 2015 la cantidad de parlamentarios de Brasil sea de 78 y la de Argentina de 43. De esta forma, la conformación final será de 78 legisladores brasileños, 43 argentinos y habrá los mismos 18 de Paraguay y 18 de Uruguay que hoy en día. Nada se informa que sucederá cuando otros países, como Venezuela, ingresen definitivamente al MERCOSUR, pero se entiende que se le otorgará la representación correspondiente a su población recién en 2015 como a los socios mayoritarios actuales. Por último, también en 2015, quedará vigente la norma por la cual los parlamentarios del PARLASUR serán elegidos directamente por el voto popular de los ciudadanos de cada uno de los socios. Asimismo, existe un principio de acuerdo para que el PARLASUR comience a tener la capacidad de legislar en temas comunes a los miembros plenos del bloque.

Por tanto, como decíamos, el Lunes 18 de Octubre de 2010 entra en la historia porque será el día en que comenzó a entregarse la soberanía nacional. Ya no seremos más los uruguayos quienes decidan sobre las leyes que rijan a los uruguayos. Es un problema democrático. Los uruguayos no seremos más quienes nos daremos las leyes que debemos acatar porque, si bien hay representantes nacionales en el organismo en cuestión, las mayorías se podrán conformar sin necesidad de la aprobación de nuestra representación. Se dice que el camino a seguir por el MERCOSUR es la Unión Europea y por ello un proyecto que nació con neto corte comercial, hoy en día, se ha transformado en político. La razón de dicho cambio no es otra que la tan mentada “afinidad ideológica” de algunos gobiernos de izquierda de la región. Sin embargo, se olvida que, si bien la parte política ha tenido mayor desarrollo en Europa, la misma Unión Europea ha enfrentado serios problemas para imponer su proyecto político. El ejemplo más claro es, sin dudas, el rechazo popular manifestado ante las urnas, en varios países miembros, de la Constitución Europea.

Hace un tiempo en un estudio sobre Apertura Comercial en el Uruguay quise demostrar un serio problema que enfrenta nuestra economía. En aquella instancia decíamos: “…se manejó que los acuerdos con terceros limitarían la posibilidad de profundizar el proceso de integración regional, MERCOSUR, y marginaría al país del acceso al libre comercio regional y a los potenciales beneficios de una Unión Aduanera... A su vez, es importante señalar que, si seguimos ese razonamiento, estamos poniendo nuestra Apertura Comercial en manos de dos países que son todavía más proteccionistas que el nuestro y que no tienen empachos en tomar medidas de ese tipo con sus propios socios comerciales en cualquier momento…”. De esta forma, explicamos la inconveniencia de dejar en manos de Brasil y Argentina nuestra política comercial. Véase el riesgo al que nos sometemos si dejamos en manos de los socios mayoritarios un sinnúmero de temas, algunos de los cuales son, por lo menos, de igual o mayor importancia para nuestro país que el anteriormente señalado.

La realidad indica que estamos ante un problema de largo plazo más que de corto. Será en un futuro que el PARLASUR tendrá la capacidad de legislar y obligarnos a nosotros con leyes que son decididas por representantes de otros países. Se dirá que es posible que, como en Europa, existan en ese momento Partidos Políticos del MERCOSUR. Sin embargo, dicha opción parece francamente irreal. Tanto en Argentina como en Brasil la oposición no ha podido conformar bloques serios de oposición, por lo que es impensable que logren a su vez articular con otros partidos de Estados miembros. A la misma vez, a la luz de “Políticas de Estado” como llevaría Brasil en cuestiones tales como Política Exterior, existe la posibilidad que el propio Brasil con el apoyo de algunos legisladores sueltos de los otros Estados miembros lleve adelante leyes que no cuenten con el apoyo real de muchos de los parlamentarios de los otros países. Es más, es posible que dicha legislación sea inconveniente para los demás Estados. Es un riesgo real que debió tenerse en cuenta a la hora de acuerdos de este tipo. No vaya a ser que nos lamentemos en el futuro cercano.

De Liberales y Republicanos

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          Un profesor de filosofía política, que supe tener, un día encontró útil tratar de explicarnos cuáles eran las diferencias entre un defensor acérrimo del Liberalismo y uno del Republicanismo. En realidad, no estoy muy convencido que la distinción sea como la pintaba, y dedicaré otro artículo a explicitar mis diferencias con él. Sin embargo, una eminencia como él, supo lograr que la mayoría de sus alumnos tomaran la misma sin vacilaciones. Igualmente, antes de pensar que dicha comparación no nos aporta nada a estas alturas, te pido que leas la explicación que me dio aquella vez mi profesor y luego sigas mi análisis, el cual tratará de aplicar esa simple disquisición a un caso muy candente de la realidad política uruguaya de nuestro momento.

En su distinción indicaba que una postura liberal sería aquella que sostiene que existe una esfera privada de cada ser humano en la cual nadie debe inmiscuirse. Esas decisiones privadas le son exclusivas al individuo y de ellas se hará responsable ante él y no ante los demás. En este sentido, podemos asociar a la idea de libertad liberal una noción de libertad negativa, como supo presentarla Isaiah Berlin, un autor liberal. Negativa porque se refiere al campo dentro del cual el hombre puede actuar sin obstrucciones de otros; a partir de esta concepción se deja de ser libre cuando un tercero nos impide realizar cualquier actividad en aras de alcanzar una meta. El punto central es la intromisión de otros hombres que le impidan actuar en la forma que desea; en consecuencia se es libre en cuanto no existan estas interferencias y obstáculos. En dicha esfera privada, protegida de la acción externa, sería donde el ciudadano se realizaría y lograría llevar adelante su vida con la mayor “felicidad” posible para él.

El sentido positivo de la libertad, también siguiendo a  Berlin, surge del deseo de gobernarme a mí mismo, o, por lo menos, de “participar en el proceso por el que ha de ser controlada mi vida”, identificado también con “libertad para”. Lo que introduce una gran complejidad en esta descripción es que se mezclan aquí aspectos internos de la libertad (moral) con el autogobierno colectivo (política). La libertad positiva se identificaría entonces con ideas como autodirección, autonomía, autodeterminación, autorrealización personal, pero también con “tener voz en las leyes y actividades de la sociedad en la que se vive” o “participar en el proceso por el que ha de ser controlada mi vida”. De esta forma, el concepto positivo, decía mi profesor, servía de base para el Republicanismo. El mismo defendería una esfera pública donde el ciudadano realmente se realizaría y lograría alcanzar la “felicidad” a través de la participación ciudadana efectiva. Se ha escrito mucho sobre qué tipos de valores y comportamientos deben tener los ciudadanos para su desarrollo y éxito; se suele hacer énfasis generalmente en la participación ciudadana, valores cívicos y su oposición a la corrupción. Sin hacerse ilusiones sobre la virtud del hombre, comprenden, aristotélicamente, que es menester confiar en el ciudadano medio, trabajador y honrado, que hace posible la ciudad y la práctica política. De esta forma, sería posible afirmar que el republicano defendería que el conjunto de los ciudadanos entienden mejor lo que es “el interés general” de todos los miembros de la comunidad y, por ende, es menester para la comunidad interferir, en algunos casos, con las decisiones de los individuos con el fin de imponer “el buen vivir”, “la igualdad”, “la felicidad”, etc., a aquellos que no siguen dichas concepciones.

En algún pasaje de la Constitución dice algo así como que “la soberanía radica en la nación”…que somos todos los ciudadanos “activos” del Uruguay. Para el republicano, entonces, no habría nada más soberano que el resultado obtenido por una iniciativa canalizada a través de los Mecanismo de Democracia Directa previstos en la Carta Magna y que llega a la consideración popular. La Democracia Directa, que en nuestra Constitución está prevista desde 1917 para Plebiscitos y 1967 para Referéndum, sería como lo más parecido al demos votando en el pasado ateniense.

Más allá de todo esto, en el nuestro país estamos viviendo los inicios de un debate particularmente complejo. La derrota obtenida por las dos últimas iniciativas de reforma constitucional ha llevado al Gobierno a plantearse la idea de lograr los objetivos buscados a través de otros mecanismos. El gobierno se alista a enviar dos proyectos de ley al Parlamento que pretenden terminar con la Ley de Caducidad, si la Suprema Corte respalda, y permitir el voto extra-territorial de los uruguayos. Un extranjero que viva en el Uruguay se preguntará: ¿El año pasado, a esta altura, los uruguayos no votaron sobre estos temas? ¿No se llenaron la boca hablando una vez más gala de sus ejemplares tradiciones democráticas? Es verdad, votamos. Es verdad, perdieron ambas iniciativas. Es verdad, el Gobierno se apresta a decirnos que no es lo mismo “ilegalizar” que “anular”. O que “epistolar” no es igual a “consular”. Podemos estar de acuerdo en la segunda presentación, pero no así en la primera. Sin embargo, hay algo más interesante para analizar.

Es muy interesante analizar la situación planteada. Existe una serie de grupos  políticos que afirman que existe una serie de derechos inalienables que no pueden ser puestos a consideración de mayorías circunstanciales. Típica postura liberal. Existen otra serie de grupos políticos que afirman que la decisión soberana de los ciudadanos es palabra “sagrada” y que no es posible andar dando vueltas al asunto para tratar de “falsear” la voluntad popular. Típica postura republicana. Los primeros, son los frenteamplistas. Los segundos, los colorados y los blancos. Que los partidos tradicionales sean adeptos al republicanismo no es cosa nueva. Los uruguayos somos todos bastante republicanos por la construcción nacional llevada adelante por los partidos fundacionales. Ahora, en realidad, más novedosa es la posición liberal de la izquierda nacional en este caso. Habría que preguntarse si los voceros oficialistas son conscientes de su postura y su discurso. Tantas veces usaron como insulto el ser liberal de otros ciudadanos en su momento que llama la atención su soltura hoy en día.

El tema central, más allá de la ambigua postura de los parlamentarios oficialistas, son las “trampas” que están dispuestos a realizar. Porque nadie prohíbe volver a insistir con el tema del voto de los uruguayos radicados en el exterior. Más difícil es la insistencia en la “Ley de Caducidad”, que con veinte años de diferencia, soportó dos decisiones populares confirmatorias. Sin embargo, el tema es que no han pasado 12 meses de ambas derrotas. Además, se trata de cambiar la voluntad popular por “las manos de yeso” de las mayorías parlamentarias que se han logrado.

Si ayer se recurría a la soberanía popular para “vetar” iniciativas de anteriores gobiernos. Si decidieron comprometerse con la Democracia Directa para resolver el tema, y sin importar que uno se declare “anti-liberal”, no sería más serio emprender, junto a las próximas elecciones un nuevo intento de reforma constitucional. Eso sí, esta vez sería mejor que se llevaran adelante las negociaciones necesarias tendientes a lograr los apoyos políticos suficientes para las mejores propuestas posibles al ser, entre otras cosas, legalmente razonables. No solamente el Gobierno debe comprometerse con una salida así, las distintas oposiciones que se observan también deben poner de su parte. No hay que tomarse a la ligera la situación, los hechos son graves. Más aún por la forma que por el fondo. Está en todos nosotros, los ciudadanos uruguayos sin importar la ideología,  lograr que los intentos queden en eso… solamente intentos.

La Gauchada y sus Consecuencias

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           Como adelanté en el pasado artículo, que fue un trabajo de reconstrucción de la línea de tiempo del caso, mi intención para hoy es analizar el papelón que fue para todos la derogación del Artículo 76 de la Ley Nº 2230 por parte del Parlamento. Lo más complicado es que con un problema se desnudan un sinnúmero de problemas, viejos pero poco advertidos, de actores claves para la Democracia Uruguaya. Sin lugar a dudas, más allá de la indiferencia de muchos, los problemas son demasiados e importantes. Sin embargo, por lo pronto en una primera aproximación, me voy a concentrar en algunos de ellos, aquellos que me parecen los más relevantes.

            Es una realidad que lo sucedido es un problema para Fernández, Salom, Vázquez y el Frente Amplio, pero nadie lo explica cabalmente. Para colmo de males parece que, al menos por el momento, la solución elegida a la interna del FA es la peor para la imagen del sistema en su conjunto: “Acá no ha pasado nada. La prensa es mala y comenta”. Para el partido político del slogan “un gobierno honrado, un país de primera” es de difícil digestión el hecho que entre la ciudadanía corra la sensación de la existencia de un caso flagrante de “conjunción del interés público con privado” o “abuso de funciones” sin consecuencias. Sería un mal precedente de futuro también hacía la interna. Sin embargo, con respecto al frente externo, también sería muy complicado tomar medidas porque sería abrir un flanco débil importante a la figura de Vázquez, principal apoyo político del Dr. Fernández, y pretendido candidato presidencial para las futuras elecciones, por lo menos para una parte del oficialismo. Por ende, por este lado el problema parece resuelto aunque con costos importantes.

            Para el Dr. Fernández y la Dra. Salom, más allá de quejarse de un supuesto manoseo y escarnio público, la situación no tiene mayor importancia. Al fin y al cabo, si bien no viven de la política aunque algún beneficio les ha traído, más no sea un pase en comisión y una experiencia única del lado del Estado, su principal actividad no será afectada por lo sucedido. Su estudio profesional y su nivel de vida no serán amenazados por el problema que han originado. No obstante, el Dr. Fernández, que parecía haber entrado a la política simplemente para apoyar a su compañero y amigo Tabaré, tendrá dificultades de futuro en acompañarlo. Aunque, llegado el caso, Vázquez ha demostrado que lo importante es la amistad con Fernández y no lo que piense el FA. Igual me parece llamativo que Fernández haya tenido la sapiencia de colocarse como suplente del primer senador socialista, Daniel Martínez, que siempre está pensando en hacer carrera política y no en el Parlamento precisamente, para esta legislatura. Por el lado de la Dra. Salom, renunciar al Colegio de Abogados, como antes ya lo hizo a la Fiscalía, no han sido verdaderos problemas. Ni siquiera el Partido Socialista le pidió que abandonara su puesto de Asesora de Bancada. Igual, a lo sumo, será la posibilidad de dedicar más horas a otras tareas, no tan redituables capaz. Volviendo al caso de Vázquez, figura que todos en el FA han tratado de proteger de la situación aduciendo un “tiro por elevación” siguiendo las declaraciones de Fernández, ya se sabe que no es un personaje que se preocupe por revuelos de este tipo, convencido de su poder de seducción de masas.

Más allá de los problemas reseñados para los implicados primarios del asunto, el Dr. Fernández ha logrado mover el centro de atención de su actuación hacía la de todo el Parlamento y el Ejecutivo de aquél momento. Si bien el estudio del Dr. Fernández efectivamente llevó adelante la defensa de Ratti, la pareja Fernández-Salom intenta hacernos pensar que sólo ella llevaba el caso en cuestión, dejando de lado el hecho que el cargo de Fernández era suficiente razón para que ambos se excusaran de participar en el caso, existen algunas cuestiones que vaya a saber uno por qué han desaparecido del debate. Si en el pasado el mismo Dr. Fernández había advertido de la posibilidad que existía de clausura del caso Peirano si se derogaba el famoso artículo, por qué razón fue promotor en una segunda instancia de la misma. Él llamó directamente al único legislador que se preguntó sobre las consecuencias de la derogación que se aprestaban a votar en el Parlamento. Cabe acotar que el Estudio Fernández pasó a representar, por lo menos, a Ratti entre ambos intentos de derogación. Asimismo, por qué si era consciente de la posibilidad de la clausura, al existir otra interpretación de las consecuencias de la derogación, no informó a quienes lo consultaron sobre la misma. A su vez, si en el Estudio Fernández estaban convencidos que la clausura del caso no iba a tener andamiento, por qué la solicitaron en el caso de Ratti, y para otros defendidos por causas similares. Sin embargo, para explicar el tema la Dra. Salom invocó que la prensa ya había informado del hecho de la defensa de Ratti y que por ende toda la clase política uruguaya, y también la prensa vale decir, debía saber de la situación y no hicieron nada.

Si bien Fernández nunca mencionó que su Estudio Jurídico defendía a Ratti, y algún otro acusado por el mismo delito, posiblemente entre otras cosas porque en el pasado desde el Fa ya le habían prohibido tomar la defensa de otro implicado en el caso, su buen amigo Peirano, existe la imagen que si bien él participó del asunto, lo más complicado es el papel de los parlamentarios. La culpa es de los Parlamentarios que no saben lo que votan y no se toman el trabajo de investigar los temas que tienen entre manos. Cabe destacar que la postura del FA colabora con esta idea, sin querer queriendo y posiblemente para no tener la exclusividad de la responsabilidad ante la ciudadanía. Desde algún sector de la prensa también se ha esbozado una crítica similar, llegando incluso a señalar que los Parlamentarios deberían seguir mejor las investigaciones que la misma hace. Aquí existe un nuevo problema para la sociedad uruguaya y seguramente el más importante de los que vamos a señalar. Los que defienden la tesis de la irresponsabilidad de los legisladores se olvidan que cuando el Parlamento aprueba una Ley es con carácter General y sin importar los casos concretos por sí mismos. Si la Ley Nº 18411 era necesaria para el país, lo que académicos y legisladores afirman una y otra vez en todas partes, por qué razón no se explica que lo que suceda con los Peirano es otro tema. No se debía estar pensando en el caso particular de ningún ciudadano, por más que se llame Peirano y tenga la peor imagen popular. A tal punto se han olvidado en nuestro país de este detalle, que los propios legisladores, en vez de expresar en forma  contundente su responsabilidad principal a la hora de votar una Ley, estuvieron más interesados en sacarse la culpa de encima, quejarse de la mala suerte que tuvieron de verse contaminados con el estigma Peirano y, por el momento, no preocuparse por presentar soluciones legislativas al tema de “estar de los dos lados del mostrador”.

Más allá de todo lo anterior, la sociedad uruguaya tiene responsabilidades en torno a este caso. No ha sido capaz de separar la posible falta de transparencia en la actuación del Dr. Fernández y su entorno en el caso concreto y la responsabilidad de los legisladores a la hora de votar una Ley. No ha sido capaz de reclamar cabalmente una solución legislativa para los casos similares al del Dr. Fernández que estén ocurriendo en el presente o puedan ocurrir en el futuro. No parece que vaya a tomar cuenta de lo sucedido a la hora de tener que tomar la decisión del voto en el futuro. Lo que sucede es que la ciudadanía sufre de una notable falta de sentido crítico en lo público. Muy críticos en lo privado, en lo que los rodea, en la chiquita. Sin embargo, adolecen de falta de crítica y compromiso en los asuntos de todos. La misma es resultado de la pésima educación que recibe, desde hace muchos años, y que no parece tener miras de mejorar en el futuro próximo. Situaciones como la señalada seguirán sucediendo mientras la sociedad uruguaya no encare la necesidad de una transformación educativa real.

Ahora bien, si el Dr. Fernández tiene sus responsabilidades, si el Frente Amplio tiene sus responsabilidades, si el Parlamento y los legisladores tienen sus responsabilidades, si la ciudadanía tiene sus responsabilidades, por qué la prensa parece salirse limpia del asunto. Al decir la prensa me refiero en forma general a los medios periodísticos. Algunos dirán que fue gracias a la prensa que se conocieron los hechos. Sin embargo, si bien la prensa, la misma que acuso de desidia y lentitud a los legisladores, la que sacó a luz la situación, ella misma estuvo lenta de reflejos también. Los hechos recién salen a la luz, con las distintas implicancias que tenía el Estudio Jurídico del Dr. Fernández, luego de la clausura del caso Peirano y sin una visión completa de las implicancias de dicho caso para la sociedad uruguaya en su conjunto.

 La prensa, que debería ser el último bastión del espíritu crítico de cualquier sociedad, no tiene crítica y menos todavía autocrítica. Peor aún, carece de Opinión. Por lo menos, de esa opinión que alimenta el debate y que ayude a generar los cambios que aparecen como necesarios para la sociedad uruguaya. La prensa no es capaz de elaborar la opinión fundamentada con argumento y conocimiento. Sale a la búsqueda de opiniones menores en otros lugares o ambientes. Contrata cronistas deportivos, “figuras” académicas, “figuras mediáticas”, etc., para que opinen de todos los temas habidos y por haber. Se los contrata para que hagan el trabajo que la prensa uruguaya o no sabe hacer o no quiere hacer. Figuras que no teman de asumir la responsabilidad y el compromiso ético de la Opinión. Me consta que el problema no es culpa de las nuevas generaciones que se formaron recientemente o se están formando en el periodismo. El problema, una vez más, nace en la educación uruguaya. Nace en las generaciones anteriores, las presentes o ya ausentes. Las Instituciones que están formando a los nuevos periodistas están haciendo un culto sagrado alrededor del “No Opinar”. El informar liso y llano. No ya se habla de pedir la pasada de moda y mal vista objetividad, me alcanza con ecuanimidad, responsabilidad o ética al opinar. Directamente, No Opinar. Algo similar a lo que en otros asuntos se ha referenciado con el “no te metás”. No hace falta explicar lo nefasto de la situación. Todos sabemos que ha sucedido, tanto en nuestro país como en otras partes, cuando se da rienda suelta al “no te metás”.

La Gauchada y el Papelón

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Es una realidad que el papelón es enorme. El problema es que la ciudadanía aún no se da cuenta por dónde viene el papelón. Muchos hablan, pero nadie se acerca al verdadero problema que tenemos entre manos. Es una realidad que lo sucedido es un problema importante para el Parlamento. El único detalle que el problema no es el que se grita a lo largo y ancho de la prensa. Es una realidad que lo sucedido es un problema para Fernández, Salom, Vázquez y el Frente Amplio, pero nadie lo explica cabalmente. Lo más complicado es que con un problema se desnudan un sinnúmero de problemas, viejos pero poco advertidos, de actores claves para la Democracia Uruguaya. Por ello mismo, lo mejor será, para comenzar y en aras de un buen entendimiento, poner los episodios en el orden cronológico que fueron sucediendo a lo largo de los años.

2002

16 de Julio: Gonzalo Fernández renunció a la defensa de Jorge Peirano por el caso del Banco Montevideo y al Comité Central del Partido Socialista, que se aprestaba a considerar el asunto por entenderlo de suma gravedad.

22 de Julio: A iniciativa del entonces presidente del FA, Tabaré Vázquez, la Mesa Política de la coalición respaldó a Fernández, considerando “falso” que fuera “abogado defensor del Grupo Peirano”, obviando que sí pretendió serlo, por lo pronto, en el caso de Jorge Peirano a quien considero en varias oportunidades un amigo.

8 de Agosto: El juez Pablo Eguren procesó con prisión a Dante, Jorge y José Peirano y a tres empleados de su banco (Marcelo Guadalupe, Juan Domingo Ratti y Mario San Cristóbal). Entre otros delitos, y como delito “principal”, se les imputó el “previsto en el artículo 76 de la ley 2.230”, que penaba a “directores y administradores de (una) sociedad anónima que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público”.

2005

1 de Marzo: Fernández asumió la Secretaría de la Presidencia, tras condicionar su designación a “seguir ejerciendo” la abogacía.

Octubre: El Poder Judicial informó al diputado blanco Jorge Gandini que el estudio del Secretario de Presidencia actuaba en litigios contra organismos estatales, el caso más reconocido era el caso de evasión tributaria conocido como “La Pasiva”.

19 de Diciembre: El Ejecutivo sancionó el Presupuesto Nacional, cuyo artículo 13 libra del “régimen de prohibiciones e incompatibilidades del cargo de origen” a los funcionarios que pasen en comisión a otra repartición. Eso habilitó el “pase” de varios fiscales, que pudieron, además, actuar como abogados particulares. En el ambiente de los fiscales se le llama “La Ley Salom”, pareja de Gonzalo Fernández y primera beneficiada, entre otros, por la habilitación establecida.

2006

1 de Marzo: La fiscal adjunta Cecilia Salom pasó en comisión como asesora jurídica de la Bancada de Diputados del Partido Socialista, sector al que “pertenece” Fernández, a pedido del legislador Gustavo Bernini. Poco después, se integró al Bufete de Fernández y dejó de cobrar el complemento salarial por exclusividad correspondiente a los fiscales. Un procesado por el caso Peirano, Juan Domingo Ratti, designó ese mismo año como defensores a Salom y a Fernández.

16 de Mayo: El Partido Nacional pidió la renuncia de Gonzalo Fernández a raíz del caso “La Pasiva”.

21 de Agosto: El Parlamento recibió del gobierno un proyecto de ley para solucionar las dificultades financieras de varias empresas, entre ellas el CASMU. Fernández aseguraría cuatro años después que la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 fue retirada de esta iniciativa por recomendación suya al entonces Ministro de Economía Danilo Astori.

19 de Octubre: El fiscal Rafael Ubiría, hoy fiscal de Corte, ascenso para el que fue apoyado por Gonzalo Fernández, acusó de insolvencia societaria fraudulenta a los procesados por el caso Peirano.

2007

22 de Febrero: Aparece en la primera plana del diario “El Observador” la noticia sobre que la Dra. Salom, en representación del Estudio Fernández, asumió en el pasado diciembre la defensa de Juan Domingo Ratti.

Marzo: La Dra. Salom pasó a dedicarse por completo al ejercicio de la abogacía y al asesoramiento de la bancada socialista, tras renunciar al cargo de fiscal “indignada por el manoseo público” derivado de la habilitación que le permitió dejar la Fiscalía, según declaró Fernández al diario “El País” en esos días.

29 de Mayo: La jueza Graciela Gatti liberó a los hermanos Peirano debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había determinado que el tiempo pasado por ellos en prisión era excesivo en función del tiempo de condena que les correspondería, en caso de ser hallados culpables, en función de los delitos tipificados.

2008

15 de Octubre: El Senado concluyó la Aprobación de la Ley 18.387, denominada Declaración Judicial de Concurso y Reorganización Empresarial, la que fue aprobada rápidamente con el fin de facilitar la situación del CASMU.

Segunda Quincena de Octubre: El entonces canciller, Gonzalo Fernández, sugirió al Senador blanco Sergio Abreu que, tras aprobarse la Ley 18.387, hacía falta derogar disposiciones como el artículo 76 de la Ley 2.230. Abreu presentó entonces un proyecto en ese sentido, copatrocinado por Isaac Alfie (colorado), Rafael Michelini y Margarita Percovich (ambos frenteamplistas). Aquí aparece la famosa, ¿desmentida?, “Gauchada”.

23 de Octubre: El Senado aprobó el Proyecto de Ley del Senador Abreu y firmado por legisladores de todos los partidos políticos con representación en el Senado.

4 de Noviembre: El Dr. Fernández llamó personalmente, mientras transcurría la sesión de la Cámara de Representantes, al Diputado blanco Álvaro Lorenzo para decirle que el delito tipificado en el artículo 76 estaba en desuso. Aunque Lorenzo manifestó sus dudas con relación al efecto de la misma en los casos judiciales abiertos, la Cámara aprobó el proyecto que tenía en consideración de manera ampliamente mayoritaría.

14 de Noviembre: El Poder Ejecutivo sancionó la Ley 18.411. La Derogación del artículo 76 motivó días después a los acusados por el caso Peirano, excepto Ratti, a pedir la clausura del Expediente Judicial.

2009

12 de Marzo: La Dra. Salom incorporó al expediente judicial, para que su detenido fuera favorecido en ese caso, sus argumentos a favor de la Clausura del mismo.

16 de Julio: La Jueza Mariana Motta rechazó la solicitud de los acusados, que presentaron apelación a esta decisión de la jueza ante el Tribunal de Apelaciones.

2010

29 de Julio: El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno Clausuró el caso Peirano, para los hermanos Peirano y los demás procesados, debido a la derogación del Artículo 76 de la Ley 2230.

17 de Agosto: Con motivo de debatía la Cuestión de Fueros planteada en su momento por el Senador Abreu en dicha Cámara, Fernández, que por sólo un día asumió una banca en el Senado en lugar de Daniel Martínez, expuso a su entender su actuación en el caso señalado. Durante el intercambio con Abreu y otros legisladores, Fernández, no mencionó que su estudio jurídico estaba ejerciendo la defensa del ex gerente bancario Juan Domingo Ratti.

19 de Agosto: El Dr. Gustavo Salle presenta, ante el juez Jorge Díaz y del fiscal Ricardo Perciballe, una denuncia penal contra Fernández por “Conjunción del Interés Público con el Privado”. Al mismo tiempo, en tiendas oficialistas y opositoras, crece la duda si el utilizado delito de “Abuso de Funciones” no puede ser tipificado en este caso.

20 de Agosto: La Fiscal Raquel González presenta un Recurso de Apelación ante la Suprema Corte de Justicia, el cual sigue el debido proceso ante la misma.

31 de Agosto: Se vota la creación de una Comisión Investigadora sobre el proceso de Derogación del Artículo 76 de la Ley 2230.

7 de Setiembre: Se presentan ante la Comisión Investigadora los Senadores Abreu y Michelini, y la ex Senadora Percovich, firmantes todos ellos del proyecto de derogación del Artículo 76 de la Ley 2230. Reiteran que, al ser consultado, Fernández no puso reparos a la Derogación que se estaría aprobando.

14 de Setiembre: Se presentan ante la Comisión Investigadora el Pro-Secretario de la Presidencia, Diego Cánepa, quien fuera coordinador de la bancada oficialista cuando se trató la derogación del artículo 76 de la ley 2230, que fue votada por ambas cámaras sin ser tratada en Comisión, el ex Senador colorado Isaac Alfie y el ex Diputado nacionalista Álvaro Lorenzo. También reiteran que Fernández no puso reparos a la Derogación que se estaría aprobando. Lorenzo reitera que Fernández lo llamó para explicarle que la derogación planteada no tenía consecuencias en el caso Peirano.

21 de Setiembre: el Vicepresidente Danilo Astori, Ministro de Economía y Senador en el anterior período, el Dr. Fernández y su compañera, la Dra Cecilia Salom. Salom declara que la defensa la llevaba ella solamente aunque Fernández firmó la presentación ante la Sede tomando a cargo conjunto la defensa de Ratti. Fernández declara que olvidó mencionar en la Cámara de Senadores, ante la cuestión de fueros que había solicitado Abreu, porque estaba concentrado en responder a Abreu y aclarar el tema de la "gauchada". Astori no deja en claro el protagonismo de Fernández en 2006 en la quita de la misma derogación en la ley original que mandó el Ministerio de Economía sobre los Concursos. Cabe aclarar que el ex Presidente Tabaré Vázquez respondió por escrito una primera tanda de preguntas... en seis palabras, sin aclarar por qué no vetó la ley.

            De esta forma, resumida y referenciando a alguno de los otros procesos políticos complementarios en torno a la actuación del Dr. Fernández, podríamos empezar a analizar las responsabilidades de los actores involucrados en el tema. Este análisis preferimos dejarlo para una nueva instancia. No obstante, parecía revelador por si solo el racconto de lo sucedido, más no sea para que Uds. puedan comenzar el suyo.